El acuerdo de presupuestos entre Govern y PSC es un paso importantísimo para la aprobación de las cuentas de la Generalitat de Catalunya de este año, pero no definitivo. Entre ERC y los socialistas suman 66 diputados en el Parlament, a dos de la mayoría absoluta, de forma que necesitan el apoyo o la abstención de un tercer grupo para que puedan salir adelante. En este sentido, todas las miradas recaen en los Comuns, con quienes el ejecutivo de Pere Aragonès mantiene negociaciones avanzadas, pero no cerradas, sobre la cuestión. De hecho, las dos partes se volverán a reunir este jueves.

En cualquier caso, el entendimiento con el PSC ha servido para que el Govern haya decidido aprobar las cuentas en un consejo ejecutivo extraordinario de este miércoles, un paso que permitirá iniciar la tramitación parlamentaria, en la que los republicanos confían lograr el pacto con los Comuns. El proyecto de presupuestos contempla un gasto no financiero de 36.700 millones, lo que supone un incremento de 2.400 millones con relación a los del 2023.

El acuerdo entre el ejecutivo y los socialistas se resume en un documento de 17 páginas que cita como prioridades "educación, vivienda, seguridad y lucha contra la sequía". Además, no puede menospreciarse el incremento presupuestario en atención primaria, que según el texto llegará al 25% del presupuesto del Departament de Salud, lo que implicará atender una reivindicación histórica. En cambio, no se menciona al Hard Rock, un elemento capital que había complicado el entendimiento y del cual los Comuns no quieren saber nada. Repasamos las principales partidas del pacto.

Educación

El presupuesto de Educación se elevará a 7.435 millones, lo que supone un incremento del 10% con relación a 2023. Entre otras cuestiones, el aumento servirá para destinar 35 millones extras a la educación inclusiva, con la incorporación de nuevos docentes; subir la financiación de las guarderías, tanto públicas como privadas; destinar 67,5 millones a varias mejoras laborales de los docentes -desde retribuciones a reducción de las horas lectivas para los mayores de 55 años-; así como planificar o llevar a cabo obras de mejora de escuelas ya existentes o construir de nuevas.

Salud

Uno de los grandes anuncios del acuerdo es el incremento en 144 millones del presupuesto que Salud destina a la atención primaria y la salud comunitaria, lo que según el texto permitirá que llegue al 25% del presupuesto total del Departamento. Precisamente llegar a esta cifra era una reclamación histórica del sector, que el último año se ha movilizado para denunciar la excesiva carga asistencial que sufre.

Asimismo, también se creará un fondo extraordinario de 800 millones que tiene que servir para que el presupuesto de Salud se acerque al gasto real que acaba haciendo el Departamento. Otras medidas que incluyen el texto son la consolidación de los 110 millones destinados a la reducción de las listas de espera –una partida que se aplicó por primera vez el año pasado–, así como abocar 320 millones al sistema que tienen que permitir aplicar los incrementos salariales aprobados hace unos meses en el nuevo convenio laboral del Institut Català de la Salut. Además, también se destinarán recursos a obras de construcción de nuevos hospitales y centros de atención primaria o reformas de ampliación y mejora de los existentes.

Vivienda

El acuerdo también debe permitir aumentar de manera significativa el parque de viviendas de alquiler social de Catalunya. En concreto, establece que durante este 2024 se incorporarán 4.000 pisos nuevos, con el objetivo de que la cifra se eleve a los 10.000 entre 2023 y 2026. Entre otras medidas, para lograrlo se articulará una partida de 90 millones a través del Institut Català del Sòl (Incasòl) para promover la construcción de viviendas de alquiler asequible en suelos propiedad por este organismo público o "cedidos por los entes locales".

También se pretende llegar a las 1.000 viviendas procedentes de grandes propietarios que desde 2023 se incorporen "por diferentes vías" al parque de vivienda pública de alquiler social; o se vehicularán 500 millones de financiación a través del Institut Català de Finances, para promover la construcción de 2.350 viviendas de alquiler social. Además, también se quiere incrementar en 500 viviendas las mesas de emergencia, por lo cual la Agència d'Habitatge de Catalunya destinará 50 millones.

Lucha contra la sequía

La semana pasada, el presidente del Govern, Pere Aragonès, anunció que los presupuestos destinarían 1.000 millones a afrontar la sequía histórica que sufre Catalunya. En el acuerdo con el PSC se concreta que se destinarán 120 millones extras a "subvenciones dirigidas a los entes locales para la ejecución de inversiones para la recuperación, rehabilitación, adecuación y ejecución de captaciones de aguas subterráneas para el abastecimiento".

Así mismo, se destinarán 86,3 millones para la mejora del riego y se explicita el compromiso de llevar a cabo las obras pendientes fijadas en la Ley 9/2023, de medidas extraordinarias y urgentes para afrontar la situación de sequía. Entre otros, se incluyen las obras de ejecución de ampliación de la desalinizadora de la Tordera, así como la construcción de la del Foix -ubicada en Cubelles-, y también culminar la ampliación de la estación de tratamiento de agua potable del río Besòs.

Seguridad
Después de que los últimos dos años la plantilla de los Mossos d'Esquadra se haya incrementado en 1.700 agentes, el pacto entre socialistas y republicanos pone el foco en la implementación de "25 unidades judiciales nuevas", aunque añade el matiz que están "condicionadas al hecho que la Administración del Estado adopte las medidas necesarias para desarrollarlas". Según la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, estos nuevos juzgados tienen que permitir "hacer frente a elementos como la multirreincidencia".

Industria, investigación o Derechos Sociales

Con respecto a otras áreas, se incrementará en casi 50 millones el apoyo directo a la industria, y se acuerda destinar 100 millones hasta el 2026 para "iniciar las obras y operaciones necesarias para el desarrollo del Catalunya City", tanto en la zona de las Tres Ximeneies de Sant Adrià de Besòs como al Parque Audiovisual de Catalunya en Terrassa.

También crecerá en 52 millones la financiación de las universidades públicas, unos recursos que tienen que permitir mejorar las condiciones laborales tanto del personal docente como el de administración y servicios. En movilidad, destacan los casi 57 millones que se añaden a la financiación del metro de Barcelona, que tienen que hacer posible la compra de nuevos convoyes, así como abres de mejora en numerosas estaciones.

Finalmente, también se pondrán 115 millones para incrementar las tarifas de los servicios sociales, lo que tiene que posibilitar "dignificar las condiciones laborales" de los trabajadores del sector. También en este ámbito se pondrán 26 millones que tienen que permitir la concertación de 1.000 nuevas plazas residencia, 200 de las cuales para salud mental. El documento fija que se creará una comisión de seguimiento del acuerdo, integrada por tres representantes del Govern y tres del grupo parlamentario socialista, que se reunirá al menos una vez por trimestre.

Y lo que no dice: Hard Rock

En cambio, en el documento no hay ninguna mención al Hard Rock, el macrocomplejo del juego y el ocio que desde hace más de una década se quiere hacer en el Camp de Tarragona. La aprobación de su plan director urbanístico era uno de los puntales del acuerdo presupuestario logrado entre Govern y PSC el año pasado, pero 12 meses después el plan sigue pendiente. A pesar de esto, el pacto ha sido nuevamente posible.

Según el primer secretario del PSC, Salvador Illa, no aparece en el texto porque ya lo hizo el año pasado. Además, en su comparecencia en el Parlament ha recordado que la semana pasada Aragonès manifestó que la tramitación administrativa del complejo seguirá su curso. A su vez, la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha subrayado que el proyecto de presupuestos no destina "ni un euro" al Hard Rock, pero ha insistido que el proyecto continúa ahora su tramitación urbanística y medio ambiental.

Hay que recordar que los Comuns insisten en que solo apoyarán las cuentas si cae el proyecto del complejo tarraconense, que a pesar de múltiples promesas acumula una larga historia de aplazamientos y sigue muy lejos de convertirse en realidad.