No, no y no. Así de rotundo responden altos dirigentes de Ciudadanos a la posibilidad de limitar la acusación popular, como pretende el PP. Una postura en la que se han ratificado tras las informaciones sobre las presuntas presiones de la Fiscalía para entorpecer la investigación de la Operación Lezo que terminó con la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

"No se puede eliminar la acusación popular mientras no haya una Fiscalía independiente", opinan fuentes de la Ejecutiva que preside Albert Rivera, que inciden también en la necesaria eliminación de los aforamientos como medida de regeneración y lucha contra la corrupción.

El debate, que ya surgió entre ambas formaciones (PP y C's) tras la dimisión del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, sigue como empezó. No sólo siguen debatiendo sobre el momento en que un cargo político debe ser apartado de las instituciones tras ser imputado, sino que los naranjas inciden en la eliminación de los aforamientos mientras los conservadores argumentan que dicha medida no se puede tomar hasta que no se prohíba a los partidos políticos ejercer la acusación popular.

En Génova justifican su postura alegando que dicha figura jurídica se utiliza sólo para "ganar en los juzgados lo que no se gana en las urnas". Y la citación de Mariano Rajoy como testigo en el caso Gürtel, una petición de la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) que el tribunal aceptó, les sirvió para acrecentar su propia campaña al respecto.

Sin embargo, sus socios de C's no aceptan sus argumentos. Al menos, así lo aseguran públicamente y en privado. El propio Rivera consideró "de extrema gravedad" las informaciones sobre el intento del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, de paralizar el registro en casa de González, así como el presunto chivatazo de un miembro del Gobierno al exdelfín de Esperanza Aguirre meses antes de su detención. Por ello, los naranjas han solicitado en el Congreso la comparecencia urgente del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que ofrezcan explicaciones al respecto.

También se han mostrado preocupados por las noticias sobre el pinchazo de una conversación entre González y Eduardo Zaplana en que ambos daban por hecho el nombramiento de Moix meses antes de que ocurriera y, además, resaltaban la "proximidad" del fiscal anticorrupción con el PP. Un motivo más para desconfiar de la independencia de la Fiscalía. 

Por ello, C's niega que vaya a apoyar la reforma del Código Procesal Penal (hasta ahora llamado Ley de Enjuiciamiento Criminal) que prepara el PP y en la que pretende incluir la restricción a la figura de la acusación popular. "En esa reforma también quieren dejar la fase de instrucción en manos de la Fiscalía y no de los juzgados y no lo permitiremos", aseguran fuentes de Ciudadanos conocedoras de la negociación sobre dicha reforma. 

Así las cosas, no parece que el pacto que busca el PP para limitar una figura que ha sido clave en algunos de los grandes casos de corrupción que asuelan el país vaya a llegar en un futuro próximo. Al menos así lo aventuran las citadas fuentes de C's, que, aunque reconocen que la figura de la acusación popular ya sólo existe en unos pocos países europeos, la consideran clave para garantizar la justicia mientras ésta no sea del todo independiente. "Si el PP trae esa ley al Congreso, votaremos no", prometen.