Hoy aluden a Venezuela; antes de la irrupción de Podemos hablaban de la "herencia recibida" del expresidente Rodríguez Zapatero como causa de todos los males, y algunos años antes hacían lo propio con ETA -aunque todavía a veces hay quien no se resiste a mentar a la banda terrorista sin venir mucho al caso-. El PP acostumbra a recurrir a sus peculiares comodines cuando prefiere no entrar en materia, como ha vuelto a demostrar el presidente del Gobierno este mismo miércoles, en la sesión de control al Ejecutivo, en el Congreso de los Diputados.

De hecho, Mariano Rajoy ha cumplido a rajatabla el guión que anticipaba el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ya imaginaba que Rajoy desplazaría el foco de atención casi 7.000 kilómetros, la distancia que separa Madrid y Caracas. El presidente ha obviado por completo la pregunta sobre el coste que los casos de corrupción que salpican al PP supone para los españoles y las cifras de este quebranto, optando por acusar al líder de Podemos de intentar sacar "provecho" de esta corrupción. "Van por mal camino", sermoneaba el jefe del Ejecutivo de la amnistía fiscal inconstitucional, insistiendo en que los de Podemos "no son libres", porque "les han pagado" desde Venezuela.

Ni los 23,5 millones del caso Lezo -por el que permanece en prisión provisional el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González-, ni los cerca de 500 millones de euros de la Púnica que Iglesias ha puesto sobre la mesa han recibido mención alguna por parte de Rajoy. "Mientras estén ustedes en el Gobierno los españoles van a tener que pagar de su bolsillo los casos de corrupción. Por eso nosotros vamos a trabajar para echarlos", incidía el líder de Podemos. Estas son las cifras que hoy ha esgrimido ante Rajoy, que en sólo dos semanas declarará como testigo ante la Audiencia Nacional para hablar de la financiación irregular de su partido.

Caso Lezo: 23,5 millones de euros. El secretario general de Podemos recordaba la cifra incluida en el auto de prisión del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en relación a dos exdirectivos del Canal Isabel II, en el marco de la operación en la que también ha sido encarcelado el expresidente madrileño. Según este auto, los 23,5 millones fueron desviados a paraísos fiscales. "Con 23,5 millones de euros desviados a paraísos fiscales se pagan 52.000 ingresos hospitalarios, 15.000 becas universitarias o 100 aparatos para realizar mamografías”, espetaba Iglesias a Rajoy.

Y el quebranto patrimonial bajo el paraguas del Canal podría ser aún mayor. En la denuncia registrada en la Fiscalía Anticorrupción -y ampliada después- por todos los grupos de la Asamblea de Madrid menos el PP, en marzo, la oposición estimaba en 36 millones de euros el hachazo a las arcas públicas que supuso la compra de la sociedad Emissao Engenharia e Construçao.

Púnica: 500 millones. Según informaron La Sexta y Cadena Ser a mediados de 2015, citando a fuentes de la investigación, este habría sido el volumen de operaciones fraudulentas en el marco de la trama supuestamente capitaneada por el empresario David Marjaliza y el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de Esperanza Aguirre -una de sus "ranas", según las palabras de la expresidenta madrileña-. "Ya sé que a ustedes [la bancada del PP] les hace gracia, pero con 500 millones se podría costear el ingreso hospitalario de un millón de personas", argumentaba Iglesias.

Caso Gürtel: 863 millones de euros. Según publicaba en octubre de 2016 el diario El Plural, esta sería la cantidad defraudada en base a la información recopilada hasta entonces en este entramado corrupto ligado al PP y liderado por Francisco Correa, el mismo que abría un nuevo frente al Partido Popular con su declaración en el juicio de la primera etapa de la trama corrupta:  "Génova era mi casa, me pasaba más tiempo allí que en mi despacho", decía, en referencia a la sede nacional del PP.

Para obtener la cifra, en El Plural sumaron "las responsabilidades pecuniarias fijadas en los 10 autos de apertura para su celebración". Y a esto habría que añadir "otros muchos millones de los tres autos" que entonces estaban por cerrar. "Con 863 millones se podrían pagar hasta 60.000 becas de residencia", apuntaba el líder de Podemos.

Del Caso Cooperación a las tramas valencianas

Y estos son sólo los casos recordados por Iglesias en la sesión de control, pero la formación morada ha identificado otros tantos, que incrementan considerablemente la factura de la corrupción en España.

Caso Cooperación: De 1,8 millones gastados, sólo 43.000 euros alcanzaron su destino, un mísero 2,3% del total. Teóricamente estos fondos debían servir para sufragar proyectos solidarios en Nicaragua, pero según consta en la instrucción del caso 969.875 euros se destinaron a la adquisición de cuatro inmuebles en Valencia. Otros 456.000 euros fueron a una empresa del cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni. "En total 1,75 millones de euros servirían para pagar 1.170 becas de residencia", recuerdan desde Podemos.

Corrupción en Valencia: en torno a 12.500 millones de euros. La cifra aparece en el libro 'Tierra de Saqueo', escrito por el periodista Sergi Castillo. El cálculo hace referencia a la factura total de la corrupción en la región, y supone sólo 1.000 millones de euros menos que el Presupuesto de la Generalitat en 2013. "Con esos 12.500 millones podríamos pagar 8,3 millones de becas de residencia", o "una beca a todos los universitarios de España [1.548.348 según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte] durante cinco años", apuntan.

Ampliando el espectro más allá de los casos que sólo afectan al PP, entre 2010 y 2016 un total de 11.500 personas han sido investigadas o detenidas en el marco de causas relacionadas con la corrupción, según las cifras facilitadas por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, en mayo de este año.

En cifras globales, la corrupción cuesta a los españoles 87.000 millones de euros al año, según un informe conjunto de varias universidades y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fechado en 2016. En concreto, el coste de la corrupción vinculada a la contratación pública es de 48.000 millones, lo que representa un 4,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Y el Gobierno conoce perfectamente estas cifras.

Los cálculos en base a becas, camas y mamógrafos

Desde el partido morado explican que la comparativa con las becas de residencia ha sido establecida tras consultar la convocatoria del Ministerio de Educación para el curso 2016-2017, que fija la prestación para alumnos que hayan tenido que desplazarse de su domicilio habitual por estudios en un máximo de 1.500 euros.

El coste de una cama de hospital lo extraen de los datos del Ministerio de Sanidad -447 euros al día-, y corresponden al año 2014 -"Los únicos datos disponibles", explican-. En concreto, el estudio del Ministerio que dirige Dolors Monserrat estima el coste medio anual de una cama de hospital en 162.984 euros que, dividido entre 365 días, resulta en 447 euros.

En lo que respecta al mamógrafo, la cifra es de la Consejería de Sanidad de Cantabria, que en marzo de este año fijó en 254.000 euros el coste de un dispositivo de este tipo, en este caso instalado en un centro de salud de Santander.