Convocadas por la Plataforma de Solidaridad con Altsasu de Madrid, entre cien y doscientas personas han pedido la libertad de todos los encausados por la supuesta agresión a dos guardias civiles fuera de civiles y sus parejas en un bar de la localidad navarra en octubre de 2016.

Las ocho personas acusadas se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 375 años de cárcel por presuntos cuatro delitos de lesiones terroristas. Tres de los ocho encausados se encuentra en prisión provisional en régimen FIES (Ficheros Internos de Especial Seguimiento).

"Lo están vendiendo como delito de terrorismo cuando no es así", explica Simón Cortes, de la Plataforma de Solidaridad con Altsasu de Madrid. "Estamos aquí por la cantidad de cantidad de años que han pedido a los ocho jóvenes de Altsasu por una simple pelea de bar", aclara.

El caso Altsasu, un "burdo montaje policial" según el comunicado leído en la concentración, es "un atropello absoluto" según Sol Sánchez, diputada de Unidad Popular durante la anterior legislatura y actual coportavoz de IU Madrid. En su opinión "se está utilizando una modificación del Código Penal de 2015 que se hizo para poder perseguir a los lobos solitarios yihadistas que permite acusar de terrorismo a alguien que se sabe que no pertenece a una banda terrorista. Sin embargo ahora se está utilizando para aplicarlo contra una sociedad civil que no tiene absolutamente nada que ver con el terrorismo yihadista".

"No podemos quedarnos quietos porque si no dentro de 10 años esto será normal", añade Sánchez, quien califica a los hechos ocurridos el 15 de octubre de 2016 de "pelea de bar". Desde Izquierda Unida, afirma, "hacemos todo lo que podemos en la medida de nuestras posibilidades: interpelar al Gobierno, hacer preguntas, denunciarlo y estaremos allá donde haga falta estar para denunciar esto y que la sociedad se dé cuenta lo que significa".

Para los organizadores del acto, este es "un caso más de criminalización política por parte de las estructuras del régimen del 78", un Estado que vulnera "de forma sistemática los derechos civiles y políticos", especialmente "tras la entrada en vigor de la Ley Mordaza".