madrid
Esta vez, la foto finish retrató la falta de acuerdo. PSOE y Junts per Catalunya llevaron hasta el último segundo la negociación para aprobar la amnistía en el Congreso y enviarla al Senado, pero los posconvergentes lanzaron un ultimátum y el PSOE no cedió. Ahora, la ley volverá a la Comisión de Justicia, donde se retomarán las negociaciones con el objetivo de que el texto final convenza a los de Puigdemont. Sin embargo, el escenario es muy distinto. El choque de este martes ha tensado las costuras en las relaciones entre ambas formaciones e incomodado al resto de los socios del Gobierno.
La clave de todo es la inclusión de los delitos de terrorismo en la ley de amnistía. O lo que es lo mismo: la eliminación de cualquier referencia al terrorismo del capítulo de Exclusiones del texto legislativo. Para el PSOE, según han trasladado varias figuras del partido, es una línea roja. No quieren pasar por ahí. Junts, por su parte, demostró este martes que es fundamental para ellos. Tanto como para votar en contra de la ley y devolverla a una casilla anterior.
Conforme se iba desarrollando la jornada, en las filas socialistas asumían que Junts no iba a dar su brazo a torcer. El PSOE reiteraba, ya con el Pleno en marcha, que no iba a aceptar ninguna de las enmiendas de la formación independentista. Mientras, en los pasillos del Congreso se podía ver entrar y salir a negociadores habituales como Félix Bolaños o Santos Cerdán. Una muestra de que las conversaciones continuaban aunque, finalmente, no dieron sus frutos.
El guion se pareció mucho al que escribieron ambos partidos en la negociación para sacar adelante tres decretos —entre ellos, uno 'ómnibus'— a principios de enero. Pero el final fue distinto. Aquella vez sí hubo acuerdo. Junts demostró fortaleza, pero Sánchez salió airoso y, contra todo pronóstico, lanzó el mensaje de que la legislatura sería dura, pero que era posible alcanzar acuerdos, aunque fuera en el último minuto y con cesiones que no estaban previstas. No ocurrió lo mismo este martes. El acuerdo no llegó.
Ya en aquella ocasión, los aliados de Sánchez expresaron su incomodidad con una legislatura llevada siempre al límite por Junts. Este martes, Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), afirmó ante los medios que la ley "es buena en el contexto en el que nos encontramos" y aseguró que "merecía el apoyo" de la mayoría de la Cámara. La vicepresidenta del Govern de Catalunya, Laura Vilagrà, animó a Junts a "explicar su posición".
En la misma línea se expresó Jon Iñárritu (EH Bildu) en su intervención durante el pleno, cuando pidió "no dar una oportunidad más a aquellos que están intentando sabotear la ley".
La ley, en cualquier caso, no ha decaído: 178 diputados (los siete de Junts, incluidos) han votado a favor del dictamen de la propia Comisión de Justicia, por lo que, tal y como especifica el artículo 131.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, vuelve a la Comisión, donde se debatirán las enmiendas que se mantienen "vivas" sobre el texto aprobado del dictamen de la Comisión de Justicia. No se podrá añadir nuevas enmiendas, pero sí transaccionar las ya existentes.
Fuentes parlamentarias informan a Público de que los letrados han confirmado que el plazo para esa nueva negociación será de quince días, al tratarse de una iniciativa que se está tramitando por la vía de urgencia. Fuera como fuere, las relaciones entre las distintas partes se han tensado. PSOE y Junts tienen en medio un muro —los delitos de terrorismo— que ninguno parece dispuesto a saltar.
El PSOE, duro con Junts
Ya con la votación resuelta, Félix Bolaños compareció ante los medios. No hizo lo propio ningún diputado de Junts. El ministro de Presidencia y Justicia, con el resultado de la votación aún muy caliente, no fue nada complaciente con los junteros, sino todo lo contrario. "Es absolutamente incomprensible que hayan votado en contra. Les pido que reconsideren su posición", aseveró. Bolaños criticó, además, que el voto fuera de la mano con PP y Vox, aquellos que los quieren ilegalizar y encarcelar.
El PSOE se mantiene firme en la posición de que el texto es idóneo tal como está. No van a ceder. Es el mensaje que trasladaron también otras fuentes del Gobierno. "Hay que ver cómo respiran en Junts, pero nosotros no vamos a cambiar el texto", apuntaban. Moncloa espera, como dijo Bolaños de forma pública, que el partido independentista "recapacite" porque consideran que no les queda otra opción. En el PSOE trasladan la presión a Junts: "Tendrán que explicar ellos su posición".
"La legislatura sólo depende del presidente del Gobierno y él va para adelante", insistieron estas mismas fuentes cuestionadas sobre si estaba en peligro la estabilidad del Ejecutivo. "Nos quedan tres años de legislatura", apuntó en el mismo sentido Bolaños.
Es pronto todavía para vaticinar escenarios de riesgo por el tiempo que tienen Junts y PSOE para negociar. Pero es evidente que se abre una nueva etapa de consecuencias inciertas todavía. En las filas socialistas reconocen que pese a tener una relación con el partido de Puigdemont más engrasada que hace unos meses, la desconfianza mutua persiste. Lo positivo, según los socialistas, es que todavía tienen tiempo para reencauzar la situación.
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