La Fiscalía ha informado este lunes que no pedirá al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye los hechos relacionados con el 'procés', que reactive las ordenes de detención europeas contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, cuatro exconselers catalanes, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.

Así lo ha anunciado en un comunicado en el que explica que el "Ministerio Fiscal procederá a ejercitar las oportunas peticiones una vez se hayan dictado auto de procesamiento en la causa" contra Puigdemont, Lluís Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret, todos ellos en Bruselas (Bélgica).

También contra Clara Ponsatí, que este sábado ha abandonado el país belga y se ha reincorporado como catedrática de economía en la Universidad de Saint Andrews en Escocia (Reino Unido), según confirmó en su perfil personal de Twitter. La exconsejera catalana ha comunicado a Puigdemont su renuncia en el cargo -del que fue cesada tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución- aunque ha dicho que seguirá comprometida con la independencia de Catalunya.

En el caso de Anna Gabriel, refugiada en Suiza desde finales del mes de febrero para evitar comparecer ante el juez Llarena como investigada, el Ministerio Fiscal pedirá que se dicte orden europea de detención. La exdiputada de la formación antisistema comunicó un día antes de su citación judicial en el Tribunal Supremo que no acudiría a la misma ante la falta de derecho a un juicio justo.

Retirada de las euroórdenes

Como consecuencia, el magistrado instructor ordenó la detención y puesta a disposición del Tribunal Supremo de Gabriel aunque no dictó orden internacional de búsqueda. Sobre ella pesa una orden nacional de detención, la misma medida vigente en la actualidad para los cinco exmiembros del gobierno catalán huidos pese a que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó en un primer momento orden de detención nacional e internacional y europea.

Sin embargo, tras pasar la causa al Tribunal Supremo, Llarena retiró las órdenes europeas e internacionales que pesaban sobre ellos y dejó vigente la orden de detención nacional, por lo que si viajan a España serán detenidos y puestos a su disposición. El objetivo era evitar que la Justicia belga restringiera los delitos por los que se les acusa en España (rebelión, sedición y malversación de fondos) y conseguir así que todo el antiguo Govern sea investigado en igualdad de condiciones.

Según expuso el magistrado, en la causa de la deriva soberanista, que cuenta con 28 personas imputadas, se investiga un delito de naturaleza plurisubjetiva" dotado de una unidad jurídica inseparable, lo que requiere "una única contestación para evitar respuestas contradictorias".