El Parlament de Catalunya votará una nueva ley para evitar los desahucios de las familias vulnerables y recuperará los preceptos tumbados por el Tribunal Constitucional (TC). Así lo han anunciado la PAH desde el Parlamento, conjuntamente con los grupos parlamentarios que apoyarán la iniciativa parlamentaria: ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem. La nueva ley de ampliación de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional recuperará el decreto 17/2019, anulado el pasado enero por una cuestión de forma por el TC. Se trata de la primera ley social que se podría aprobar en esta legislatura, que de momento cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para salir adelante.

Según ha anunciado la portavoz de la PAH, Lucia Delgado, la proposición de ley recuperará la obligación de los grandes tenedores de ofrecer un alquiler social a familias vulnerables por expiración de contratos de alquileres y en algunos casos de ocupación, unas demandas que incluía el decreto 17/2019. El TC resolvió el recurso interpuesto por el PP contra la ley de vivienda y la tumbó por una cuestión de forma, al considerar que el Govern no podía legislar sobre esta materia con un decreto sin pasar la propuesta por el Parlament.

"Para nosotros esta propuesta de ley es plenamente constitucional y batallaremos para que se cumpla desde el minuto uno", ha argumentado Delgado, quien ha defendido que blindando la ley en el Parlament el TC no tendría margen para tumbarla, puesto que el tribunal no entró en el contenido del texto. La iniciativa legislativa se tramitará por la vía urgente, que acota el proceso a tres meses, por lo cual se prevé que se vote el próximo octubre contando con el cierre de la Cámara en agosto. Delgado ha alertado que el levantamiento de la moratoria de desahucios española, prevista por el próximo 9 de agosto, puede provocar un "tsunami" de lanzamientos: "Durante el otoño y en 2022 nos podemos encontrar con más de 25.000 desahucios".

La nueva ley también incluye mecanismos para evitar que los grandes tenedores esquiven la ley, tal como probaron de hacer durante el año escaso que el decreto 17/2019 estuvo activo. Entre estos, se fijará un plazo máximo de un mes para que el propietario haga la oferta de alquiler social a la familia, un hecho que marca de manera nítida cuándo la administración podrá empezar a interponer las sanciones, uno de los elementos que el movimiento por el derecho a la vivienda considera que ha funcionado peor: "De este modo no habrá ningún impedimento para iniciar el trámite sancionador", ha dicho el miembro de la Comisión Jurídica de la PAH Josep Babot, quien ha considerado que "cambiarán muchas cosas" cuando lleguen las multas: "Se lo pensarán dos veces antes de saltarse la ley". El texto también incluirá un precepto para que se interrumpa el proceso judicial y permitir que el gran tenedor pueda hacer la oferta a las familias en este plazo.

Por otro lado, la iniciativa mantiene la definición de grandes tenedores para personas físicas y personas jurídicas, pero añade una disminución de 15 a 10 viviendas para las personas jurídicas para ser consideradas como tales que, según Babot "se ha hecho para evitar que se hicieran estratagemas para saltarse la ley" mediante el fraccionamiento de propiedades. En cuanto a la cesión obligatoria de pisos vacíos, se fija un plazo de dos años para considerar que una vivienda está vacía y "poder poner en marcha medidas". Para Delgado, la ley permitirá que salgan adelante una gran cantidad de alquileres sociales que estén a punto de expirar, tal como ya pasó entre diciembre de 2019 y enero de 2021: "Estamos blindando el que ya sabemos que funciona".

Dudas sobre los recursos económicos

Durante la comparecencia, los grupos políticos que apoyarán han cargado contra el TC por haber tumbado "un consenso social" como el de la ley de vivienda. El diputado republicano Pau Morales ha recalcado que esta será "la primera ley social del nuevo Govern": "El Estado español, el PP y el TC han dejado desprotegidas muchas familias aduciendo una cuestión de forma de la 17/2019". Por su parte, Glòria Freixa (JxCat) ha señalado la carencia presupuestaria atorgada desde el Estado: "Pedimos a las formaciones que hoy nos acompañan que nos ayuden a pedir el Gobierno español que acabe con la infrafinanciación endémica".

Por otro lado, la diputada de la CUP, Montserrat Vinyets, ha destacado que el tope competencial de la Generalitat limita la acción legislativa y ha apuntado hacia la aprobación de una ley de arrendamientos urbanos propia: "Habrá que acompañar la ley con propuestas legislativas más al largo plazo". En el mismo sentido se ha expresado Susanna Segovia, de En Comú Podem, quien ha marcado distancias con el resto de grupos y ha preguntado por los pactos de Gobierno de ERC con Junts y con la CUP, entre los cuales destacaban importantes diferencias en materia de vivienda: "Con la CUP se pactó un presupuesto de 1.000 millones anuales, y con Juntss, se quería llegar a 1.000 millones en cuatro años. Queremos saber cuáles serán los recursos".

Una vez finalizada la comparecencia, los grupos políticos han registrado la iniciativa legislativa conjuntamente con la PAH, y se han hecho una fotografía de grupo en las escalas de la Cámara. Aquí podéis consultar el texto de la nueva ley: