La noche electoral ha dejado una primera jornada de resaca y fuerte marejada política en Catalunya, donde nada está muy claro. Más allá de la victoria del PSC y el hundimiento del independentismo, que ha perdido la mayoría absoluta que mantenía desde el inicio del procés en 2012. Todo indica que las elecciones de este 12 de mayo abren sin duda una nueva etapa en Catalunya, que con los años veremos si es provisional o está asentada.

A pesar de que la suma del tripartito de izquierdas sería una fórmula viable aritméticamente –a no ser que haya algún cambio este viernes después del recuento del voto exterior–, el anuncio de Pere Aragonès del paso de ERC a la oposición ha dejado en el aire la investidura de Salvador Illa como 133 president de la Generalitat y la constitución de un nuevo Govern.

"Todo va a ser muy difícil y no hay que precipitarse. Requerirá tiempo y reflexión para tomar las decisiones más oportunas, pero no estamos para tripartitos", asegura un miembro de la dirección de Esquerra Republicana del más alto nivel.

Con este planteamiento que cuestiona el apoyo de Esquerra al PSC, al menos para un Govern conjunto, Catalunya abre un complejo e incierto periodo de negociaciones que será largo y que puede durar hasta tres meses y medio. Tiempo para intentar evitar el bloqueo y la repetición electoral con una única salida, la investidura del candidato socialista, Salvador Illa.

El paréntesis de las elecciones europeas

Si las negociaciones serán muy complicadas, el periodo de negociación incluye elementos que demorarán la toma de decisiones y posibles acuerdos o desacuerdos.

En primer lugar, las elecciones europeas, que hasta el 9 de junio difícilmente permitirán que los diversos actores políticos puedan plantearse ninguna concreción ni posicionamiento que perjudique su campaña electoral. Y que además pueden incidir posteriormente en el posicionamiento según cuál sea el resultado de cada partido. 

El impacto de la aplicación de la amnistía

El otro gran tema que se encabalgará con las negociaciones es la aprobación definitiva de la ley de amnistía y su posterior aplicación. El inminente retorno de la norma del Senado al Congreso sitúa como una primera fecha de aprobación definitiva el 30 de mayo, si no hay retrasos imprevistos que condicionarían todavía más la política catalana.

La publicación en el BOE activaría la ley de amnistía, que contempla dos meses de tiempo para que los jueces tomen una decisión sobre las peticiones de los encausados o sentenciados por el procés. Podrán decidir aplicar la amnistía, denegarla si consideran que la causa no se ajusta o congelar los procesos con preguntas prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al Constitucional.

En cualquiera de los casos, la aprobación y aplicación de la ley impactará directamente sobre el periodo de negociación para una posible investidura que tiene como fecha límite el 26 de agosto, en que se convocarían las nuevas elecciones de forma automática en caso de no haber un president investido.

Y sin duda, su aplicación, o no, condicionará las decisiones de los partidos independentistas. En caso de repetición electoral, los nuevos comicios serían 47 días después, con una sola semana de campaña, y la previsión sitúa la hipotética jornada electoral en el primer o el segundo domingo de octubre.

La aplicación de la amnistía también tendrá trascendencia en el hecho que Carles Puigdemont pueda venir o no a Catalunya para someterse a una investidura, si como ha anunciado está dispuesto a presentar su candidatura frente a Salvador Illa. Un regreso sin la aplicación de la amnistía podría comportar una detención, que provocaría una fuerte inestabilidad política y social, afectando incluso a la gobernabilidad del Estado.

Negociaciones complejas y debate interno en ERC

Con todos estos condicionantes, que no son pocos ni menores, el escenario aritméticamente más factible es el de la investidura de Illa con la suma de los votos del tradicional tripartito de izquierdas configurado por el PSC, ERC y los Comuns.

La primera fecha en que la investidura se podría producir sería el 25 de junio, 10 días hábiles después de la constitución del Parlament, que tiene que producirse antes del 10 de junio. Pero sin duda, la investidura de Illa se demorará bastantes semanas más para poder recabar los apoyos necesarios. Ya que, mientras los de Jéssica Albiach y Ada Colau se muestran predispuestos, aunque exigiendo a los socialistas un cambio de rumbo en sus políticas relativas al Hard Rock, la autopista B-40 o la ampliación del aeropuerto, Esquerra se muestra más reticente.

Fuentes de Esquerra rechazan avanzar decisiones y evitan hablar de ningún proceso negociador ni con el PSC ni con Junts. Pero advierten por donde podría ir unas posibles conversaciones con los socialistas, si es que en alguna formulación se llegara a producir algo parecido a una negociación.

"Tenemos una plataforma clara que hemos expresado nítidamente en campaña electoral. Poner las bases de un referéndum acordado para que Catalunya pueda decidir su futuro político, una financiación singular que acabe con el déficit fiscal, políticas de progreso e impulso del catalán", declaras fuentes de ERC.  

El probable rechazo del PSC a algunos de estos proyectos, especialmente el referéndum, podría condicionar el voto de los republicanos y dificultar su voto favorable que comportaría un bloqueo. Aunque en ERC también se muestran cautos con el escenario de repetición electoral que admiten les podría perjudicar con un resultado todavía peor que el de este domingo.

Sin duda, el debate interno que se abre en Esquerra sobre los malos resultados y la reconstrucción del partido será otro elemento clave que impactará sobre lo que finalmente decida el partido de Oriol Junqueras y lo que acabe pasando con la legislatura. De momento, los resultados ya se han cobrado la cabeza del propio president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, que ha anunciado la retirada de la primera línea política.

El PSC no descarta ninguna opción, excepto Vox y Aliança

Por su parte, desde el PSC, fuentes de la dirección admiten que la prioridad será llegar a algún tipo de acuerdo con ERC y los Comuns para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, que ya ha confirmado su predisposición a presentarse.

Para formar un Govern "progresista" aunque sea en minoría, los socialistas se muestran dispuestos "a hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar a acuerdos y evitar el bloqueo". Pero también advierten a Esquerra que "un partido con el 13% de los sufragios y con la perdida de apoyos que ha cosechado no puede enrocarse en un programa de máximos, que es legítimo pero no puede condicionarlo todo a su aceptación plena imponiéndolo a los demás".

Las fuentes socialistas admiten que la negociación será "difícil y compleja". Y no se cierran a ninguna opción, por ello la portavoz del partido, Núria Parlon, asegura que "negociaremos con todo el mundo, con la excepción de la ultraderecha de Vox y Aliança Catalana".

Si la opción del tripartito –con el voto favorable a Illa de ERC y los Comuns, aunque sea desde el exterior del futuro Govern– no cuaja, las opciones para evitar el bloqueo y la repetición electoral pasarían por las derechas españolistas. Illa necesitaría el voto favorable del PP y Vox. O en caso de contar con uno solo de los dos partidos derechistas tendría que añadir la abstención de ERC.

Todos estos escenarios de combinaciones son muy improbables, aunque en la compleja política catalana todo es posible. Desde Génova, la dirección estatal del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo ya cortaron en campaña la posibilidad de apuntalar al candidato socialista en Catalunya. Pero el candidato popular, Alejandro Fernández, ha llegado a plantearlo aunque con condiciones. Ahora bien, la otra pieza –que es Vox– se muestra totalmente reacia a participar de una operación como esta.

En este mar de incertidumbres solo hay pues una cosa segura en la política catalana, que el Parlament de la XV legislatura deberá estar constituido antes del 10 de junio como fecha límite, incluida, tal como marca la legislación.

Veremos si ese 10 de junio da alguna pista sobre por donde transitarán las negociaciones entre los partidos, pero tenemos tres meses y medio por delante de verdadero infarto político, que marcará el futuro de Catalunya y quizás también el del conjunto del Estado.