ALICANTE.- La exalcaldesa popular de Alicante Sonia Castedo ha afirmado su "inocencia" ante el juez de las presuntas irregularidades del plan urbanístico de Rabasa, y ha declarado que conoce al constructor supuestamente beneficiado, Enrique Ortiz, de la misma manera que "a todos los empresarios de la ciudad". Cabe recordar que diversos medios de comunicación han hecho públicas imágenes de ambos en una auténtica fiesta de pijamas celebrada en la Nochevieja de 2008 en un hotel de Andorra.

Así lo ha afirmado ante medio centenar de periodistas al finalizar el interrogatorio de casi tres horas en el juzgado, donde ha acudido imputada por los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias y donde ha defendido la legalidad de la tramitación del plan Rabasa.

La de Rabasa es una de las dos ramas del caso Brugal en la que está imputada junto con las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), también presuntamente a favor de Ortiz.

El abogado de EU-IU, José Luis Romero, ha opinado que Castedo ha "confundido el juzgado con un plató"

La exalcaldesa ha revolucionado los juzgados tanto a su marcha como a la llegada, momento éste en el que, además de decenas de informadores, le esperaban dos vecinos de la zona norte para entregarle un ramo de flores y lanzar pétalos de rosa a su paso, como apoyo a su labor en la ciudad y por no creerla una "corrupta".

Ante el titular del juzgado de Instrucción número 6, Juan Carlos Cerón, ha dicho que ha tratado de "explicar todo" en contestación a las preguntas formuladas tanto por el juez como por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, y los abogados de los otros imputados y el suyo propio.

Por el contrario, se ha acogido a su derecho a no responder a los letrados de las acciones populares, del PSPV-PSOE y EU-IU.

Las familias se conocen

Pese a admitir que sus familias se conocen, Castedo ha sostenido que no tiene relación "íntima" con Ortiz y que no le ha beneficiado desde el ayuntamiento, por lo que no tiene por qué "esconderse".

Ha indicado que los viajes a Andorra de sus allegados con los de Ortiz se los pagó ella de su bolsillo y ha señalado que su marido trabaja para este empresario desde antes de que la conociera, punto en el que ha aclarado que no lo hace dentro de ninguna de las contratas adjudicadas por el ayuntamiento de Alicante.

En cuanto a su futuro como persona "privada", ha recalcado que "nunca" volverá a la política y también que mañana vuelve a aparecer en un plató de televisión de una cadena nacional "en calidad de tertuliana" aunque, al no ostentar ya ningún cargo público, a nadie importa "lo que cobre o deje de cobrar".

El fiscal ha pedido interrogar a la alcaldesa oyendo las intervenciones telefónicas con Ortiz, las cuales dieron origen a esta rama del Brugal, pero lo ha imposibilitado la ausencia de un técnico de audio en el palacio de justicia de Benalúa.

Fuentes judiciales han indicado que, pese a que ninguna de las partes lo había solicitado, el juez pidió hace unos días que un técnico estuviera disponible y que hoy mismo ha recibido un oficio en el que le comunican que no había ninguno a mano.

Castedo ha dicho que esta situación no ha evitado que le hayan leído algunas de esas conversaciones y ha asegurado que "lo importante ha sido contestado".

En cuanto al fondo de sus imputaciones, ha recordado que a finales de 2009 el Tribunal Superior de Justicia valenciano suspendió cautelarmente la ejecución del plan Rabasa y que el problema surgió porque en enero de 2010 el ayuntamiento aprobó un convenio de colaboración con la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo (participada por Ortiz) e Ikea.

El juez le ha preguntado por qué estando suspendida la actuación se aprobó dicho convenio, a lo que Castedo ha explicado que ese acuerdo es únicamente "de planeamiento" y nada tiene que ver con la ejecución, mientras que, además, los servicios jurídicos incluyeron una referencia a esa paralización y se estipulaba que todo quedaba supeditado a la posterior decisión del TJSCV.

Ha añadido que en junio de 2010 el alto tribunal levantó la suspensión cautelar y que el convenio fue aprobado posteriormente.

Por su parte, el abogado de EU-IU, José Luis Romero, ha opinado que Castedo ha "confundido el juzgado con un plató" al no contestar a las acciones populares ya que lo que pretenden es "aclarar" unos hechos presuntamente delictivos y se ha sorprendido de que diga que no tiene amistad "íntima" con Ortiz pese a admitir que sus familias son amigas hasta el punto de viajar y cenar juntos, además de hacerse regalos en Navidad.