El exdirector general del Palau de la Música, Joan Llinares, sostiene que CDC "usó e instrumentalizó" la institución para financiarse camuflando comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de adjudicarle obras públicas desde administraciones que controlaba.

Al declarar como testigo este martes en el juicio del caso Palau, Llinares -que asumió la dirección tras el desfalco- ha explicado que la documentación encontrada en la institución dejaba "muy claro que había habido una financiación ilegítima", como sostiene la Fiscalía.

Llinares ha dicho que el Consorcio consideraba que se debía acusar a CDC -ahora refundada en el PDeCAT- en la causa judicial, pero que el Palau de la Música finalmente decidió no apuntar al partido, y, de hecho, en su escrito de acusación han evitado señalar a la formación.

Víctima o encubridor

"Desde mi punto de vista esto iba a generar un daño al Palau de la Música, porque pasaba de ser víctima a encubridora. Me parecía muy grave y así lo expliqué", ha relatado Llinares, que dirigió la institución unos meses en 2010 tras saberse el desfalco.

El expresidente del Palau Fèlix Millet; su exmano derecha, Jordi Montull, y la hija de éste y exdirectora financiera de la entidad, Gemma Montulll, confesaron en juicio esta supuesta financiación ilegal, aunque lo negaron tanto el extesorero de CDC Daniel Osàcar como dos exresponsables de Ferrovial -todos ellos acusados-.

Destrucción de documentos

Llinares ha explicado que el Consorci del Palau le pidió dirigir el Palau en julio de 2010 -unos días después de irrumpir los Mossos para registrar la institución-, y lo primero que le llamó la atención fue "la cantidad de cuentas corrientes" que tenía el Palau, con lo que vio la necesidad de encargar una auditoría.

También ha explicado que, uno de aquellos días, una trabajadora le avisó de que en las oficinas de contabilidad se estaban destruyendo documentos en la trituradora: "En aquel momento, Gemma Montull todavía era directora financiera y jefa de aquella planta", ha aclarado.

Otras cuestiones que vieron sospechosas, fue que Millet y Montull habían pagado viajes particulares a la Polinesia y otras partes del mundo con fondos del Palau, además de descubrir gastos "exagerados" por encargos de reparto de correspondencia.

"La respuesta de estas empresas fue que ellos no guardaban nada y que la prueba de que el trabajo estaba hecho es que se habían pagado las facturas, pero no colaboraron", ha sostenido sobre unas empresas que el fiscal cree que se usaron para hacer llegar dinero a CDC ilegalmente.

Exasesor del Palau

Uno de los asesores del Palau en los años del expolio, Joan Segura, ha reconocido, en su declaración como testigo, que no revisaba las facturas que cobraban a la institución dos empresas de Millet y de Montull, que él mismo se había encargado de constituir y que no tenían empleados.

"Yo, las facturas, tal y como venían, las enviaba. No hacían ninguna parada más. Tampoco me importaba; puede ser un defecto", ha explicado al preguntarle el fiscal Emilio Sánchez Ulled si le parecía normal que estas empresas no tuviesen empleados.

El fiscal cree que el expresidente del Palau y su mano derecha utilizaron estas empresas -Aysen, controlada por Millet, y Aurea Rusula, por Montull- para cobrar al Palau facturas por trabajos inexistentes, como una forma más de ocultar el saqueo de la institución.