La fiscal del juicio por el caso del espionaje político en Madrid ha defendido la actuación del exfiscal superior Manuel Moix en el procedimiento judicial y ha invalidado la carga probatoria que hay contra los seis acusados, criticando que se basara sólo en informaciones periodísticas sin validez de prueba y aludiendo a la supuesta manipulación de los informes policiales conforme a la declaración de uno de los comisarios de la Udef que participó en las pesquisas.

"El edificio se ha venido totalmente abajo. La clave de la prueba se ha echado por tierra". Así de directo lo ha expuesto la fiscal en la fase final del juicio sobre los seguimientos que se habrían realizado a Alfredo Prada y Manuel Cobo en 2008.

En el banquillo de los acusados se han sentado el exdirector de Seguridad de Madrid, Sergio Gamón; el que fuera su 'número dos' Miguel Castaño; el exfuncionario José Manuel Pinto; y los guardias civiles José Oreja, José Antonio Coronado y Luis Caro Vinagre. El juicio quedará este martes visto para sentencia con la última palabra de los acusados y la entrega del objeto del veredicto al Jurado.

Sus defensas han solicitado su absolución y han reclamado la nulidad de todo el procedimiento conforme a la teoría judicial del árbol envenenado. Creen que todo el proceso está viciado tras la revelación de que varios comisarios de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) podrían haber prevaricado en la investigación.

El abogado Ramón González Bosch, que defiende a Oreja, Coronado y Pinto, ha recalcado que en las guerras mueren los soldados y no los sargentos. "Mis clientes son los soldados", ha dicho, recalcando que este proceso solo beneficia al PP y al PSOE. Además, ha apelado a la humanidad de los miembros del Tribunal Jurado para que absuelvan a los acusados de este "montaje".

El letrado Enrique Molina, que defiende a Gamón y Castaño, ha insistido en que todo esto es "una película", censurando que la Comunidad de Madrid esté en la causa cuando no hay perjuicio ni reclama indemnización. "Qué se pretende ocultar. Yo sé la verdad. Ni el mojón de carretera que es Pinto ni el resto tienen nada que ver", ha apostillado.

El abogado Javier Vasallo, que lleva la defensa de Caro Vinagre, ha cargado contra las acusaciones por su falta de rigor profesional, lo que ha tachado de "vergonzoso", y les ha reprochado lo que este procedimiento cuesta a los ciudadanos.

Además, ha dicho que en aquella época había diputados que querían que esto "fluyera hacia arriba", criticando que las acusaciones que representan al Gobierno regional y al PSOE hayan mirado a otro lado cuando ha salido a la luz la supuesta prevaricación en la investigación policial.

El letrado defensor ha informado al Jurado Popular que se querellará contra los excomisarios de la Udef que habrían prevaricado en la investigación policial, algo que ya avanzó la pasada semana.

Invalidez de la prueba 

En su informe, la representante del Ministerio Fiscal ha invalidado la totalidad de la carga probatoria que existe contra los procesados, subrayando que no ha quedado acreditado nada sobre los seguimientos ni que hayan malversado con el uso de medios del Gobierno regional.

En primer lugar ha puesto el acento en dudar sobre el origen de los partes de vigilancias que publicó el diario El País y que dieron el origen del procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid.

En esta línea, ha criticado que se haya querido "dar valor probatorio a unas informaciones periodísticas" que no lo son. "Puede ser un indicio, pero no es una prueba. Tenían errores graves y contradicciones. Hay que poner en cuarentena estos partes porque no sabemos su origen", ha reseñado.

También ha echado por tierra la validez de la pruebas periciales, dado que no se tomó la letra a todos los acusados. Este extremo, a su juicio, hace que esta prueba pierda valor porque no se podía contrarrestar. Además, ha puesto en duda que la cadena de custodia no se hubiera roto en el transcurso en el que los partes llegaron al Juzgado desde la Fiscalía.

Además, ha criticado duramente los informes policiales realizados por la Udef en base exclusivamente a las informaciones aportadas por el citado diario y ha afirmado que la investigación policial es "errónea".

También ha hecho alusión a las declaraciones del excomisario Jaime Barrado, quien habló en su testifical ante el tribunal de que los informes se habían supuestamente manipulados. "Esto siembra dudas e infunde sospechas, lo que impide tener los informes en consideración", ha dicho y ha salido en defensa del exfiscal jefe Manuel Moix al afirmar que tuvo el mismo criterio que ella en la investigación en el hecho de que "no había delito".

"Creemos que no hay ninguna prueba que acredite la malversación y los seguimientos. Yo les digo que dicten un veredicto justo, analizando todas las pruebas en su conjunto. Y que se planteen de qué manera se han incorporado al proceso", ha dicho la fiscal dirigiéndose al Jurado Popular.

Las acusaciones siguen adelante

La acusación que ejerce el PSOE ha mantenido la solicitud de hasta cuatro años de cárcel para los seis acusados, recalcando que asumieron las órdenes ilegales dadas por el exdirector de Seguridad Sergio Gamón.

De igual modo, el letrado de la Comunidad de Madrid ha mantenido su solicitud para que se inhabilite a los procesados y ha querido dejar patente su "indignación" por el hecho de que se haya querido desviar el juicio a "cuestiones ajenas" en alusión al planteamiento de las defensas de que se anule el proceso por estar contaminado a raíz de las revelaciones sobre la manipulación policial.

En cambio de la postura de la fiscal, el letrado del Gobierno regional ha dado validez plena a las pruebas presentadas en el juicio corroboradas por la declaración de los acusados y por uno de los denunciantes, Alfredo Prada.

"Esta operativa funcionó desde un ámbito cerrado. Gamón era el jefe y dio las órdenes. Además, dispuso todo lo necesario para que sus jefes realizaran esas actividades ilegales. Las pruebas están confirmadas policial y judicialmente", ha aseverado.

Tras concluir su informe, ha pedido al jurado popular que haga de este caso "un paradigma de la justicia" y declaren la culpabilidad de los acusados en "un veredicto duro". "Les pido una sentencia condenatoria", ha dicho