Los fondos destinados por España a la Revolución Digital 4.0; es decir, al cambio de paradigma en la era tecnológica, en la evolución de la Sociedad de la Información, han caído en saco roto.

La crisis económica y su duro post-escenario, con medidas de austeridad sin precedentes y tasas de paro y de precariedad laboral galopantes, han dejado a España fuera de los puestos de cabeza de la carrera competitiva de la denominada Cuarta Revolución Industrial que, a diferencia de las tres precedentes, demanda “cambios exponenciales, no lineales, que afectan no sólo al qué o el cómo hacer las cosas, sino también a quiénes somos”, enfatizaba Klaus Schwab, fundador del World Economic Forum (WEF) y de la cumbre de Davos en su reciente edición anual. A su juicio, “estamos ante un hito histórico sin precedentes, tanto por la velocidad, como por el alcance y el impacto de esta fusión tecnológica, que está superando las barreras entre las esferas física, digital y biológica”.

No hay parangón con tiempos pretéritos -recalcaba Schwab- en cuanto a la promoción que este nuevo paradigma generará en términos de prosperidad global. Aunque este desafío implique transformaciones de gran calado en no pocos escenarios.

En el ámbito laboral, con programas de formación en habilidades profesionales que permitan a los trabajadores servir como complementos indispensables dentro de los procesos de robotización y automatización productivos, que dirigirán a las empresas a requerir nuevas ofertas de trabajo; hasta el punto de asegurar, tal y como auguran estudios de consultoras tecnológicas, que el 60% de los empleos que esperan a las nuevas generaciones a medio plazo, todavía se desconocen.

En el empresarial, con un extraordinario viraje de sus modelos productivos, en sus escalas de valor, donde robots, y estrategias de Inteligencia Artificial y de Big Data resultarán determinantes para consolidar sus negocios. En el comercial, con la creación de plataformas digitales altamente competitivas para potenciar las ventas en terceros mercados y obtener beneficios mediante el e-commerce. Y, en el educativo, con medidas idóneas para afrontar convenientemente estos cambios y canalizar las demandas profesionales. Especialmente, en el ámbito universitario y de la investigación.

La Cuarta Revolución Industrial, pues, ya está en marcha. Aunque España se resista a subirse, una vez más, a la locomotora de líderes transformadores. En sectores como el metalúrgico, el aeroespacial o el automovilístico se rezuma innovación 4.0 desde hace algo más de un lustro. Ya se vislumbra en la fulgurante robotización en Japón; en la modernización industrial de Alemania, en las plataformas de negocios de las multinacionales tecnológicas, especialmente americanas, o en el espectacular salto digital de China. Muestras de que las escalas de valor de las empresas, la productividad o la naturaleza laboral se están reinventando y readecuando al escenario online a un ritmo de vértigo. No por casualidad, los grandes emporios tecnológicos han desbancado a las tradicionales multinacionales petroleras, a los bancos y a la gran distribución de los puestos de privilegio en las clasificaciones de mayores firmas por capitalización bursátil. En una disputa impetuosa en la que Apple, Amazon o Microsoft -pero también Alibabá y otras ajenas al universo estadounidense, se intercambian los peldaños de este pódium, casi sin razón de continuidad.

El limbo presupuestario de la I+D+i

La parálisis política española, con un nuevo escenario electoral a la vista, deja de nuevo en un limbo una política, la de I+D+i, imprescindible para incorporarse a la vanguardia innovadora. No hay mayor perturbación para propiciar este salto cualitativo que la indefinición presupuestaria, alertan los expertos. Sobre todo, cuando se viene de más de un lustro de recortes antológicos en un ámbito en el que los grandes rivales, los países del entorno español -europeos, asiáticos y los dos colosos norteamericanos, EEUU y Canadá- han dado pasos significativos.

Los ocho meses de legislatura socialista han estado marcados por ese déficit de fondos públicos, necesarios para catapultar cualquier cambio en el patrón de crecimiento de una nación. Pero en este periplo, pese al corsé de las cuentas heredadas de su antecesor, el Gobierno de Pedro Sánchez ha registrado un nivel de ejecución presupuestaria de estas partidas del 2%, según datos de la Tesorería del Estado. Un freno de mano en toda regla. Porque, entre los dos gabinetes, el popular de Mariano Rajoy y el socialista de Sánchez, apenas se han empleado el 10% de los recursos, escasos por el ajuste, y han quedado en el limbo más de 4.600 millones destinados a I+D+i. Tampoco va en la línea de una estratégica de avance hacia la digitalización el dato de que el proyecto presupuestario que ha condenado la estancia de Sánchez en Moncloa, y que establecía un aumento del 6,7% de estas partidas para 2019 inicialmente, a los que el ministro Pedro Duque logró arañar otros 84 millones, in extremis, para innovación civil, y que dejaban la subida interanual en 357 millones -hasta alcanzar un desembolso total de 6.729 millones de euros- se basara en una porción más que notable de créditos de incierta traslación. Nada menos que el 45% de las inversiones que se incluían en el programa económico ahora enterrado. Bajo el ambiguo epígrafe de financiación de proyectos de investigación y contratos para jóvenes investigadores. El resto, eso sí, se incluían como subvenciones directas. El mensaje de Duque, nada más tomar posesión de su cargo, de que “aún estamos a tiempo de catapultar a España a la cabeza de la ciencia”, vuelve a dormir el sueño de los justos.

Claro que el panorama heredado de seis ejercicios de mandato Rajoy era de penumbra. Si el expresidente popular se jactó de no haber destinado ni un euro a la Memoria Histórica y recursos sólo testimoniales a la Ley de Dependencia, su contribución a la Ciencia también debe enclavarse en la lista de cenicientas presupuestarias. Bajo su gabinete, en ejercicios como el de 2017, sólo se gastó tres de cada diez euros en I+D+i. Y la práctica totalidad, en créditos. La cota más baja desde 2000, cuando se inicia la serie histórica de esta rúbrica presupuestaria. Después de varios ejercicios, durante los años de tránsito entre la primera y la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, en los que España superó el 2% del PIB en gasto en innovación y suturó, en parte, la brecha digital con sus socios europeos. Jorge Barrero, director general de Cotec, la institución que preside la exministra del ramo, Cristina Garmendia y que pasa por ser el gran supervisor de las políticas de I+D+i en España, resumía en la presentación del último informe de esta entidad fundacional, de forma elocuente, la compleja coyuntura de la Ciencia española: “No es serio anunciar un incremento presupuestario del 6,7% cuando casi la mitad de esa subida se destina a créditos”, porque “se trata, en definitiva, de un aumento fantasma que perpetúa el trampantojo presupuestario de los últimos años”. Antes de añadir un solo euro -dice- a partidas crediticias deberían explicar cómo se van a ejecutar los cerca de 3.000 millones de euros con los que el Gobierno anterior trató de maquillar sus recortes y que nunca llegaron a invertirse en ciencia. “Es una pena, porque una subida de 150 millones en el capítulo de subvenciones es una noticia lo bastante buena como para no estropearla con ese retoque estético, inútil y engañoso”, aseguró.

Otro buen ejemplo de cómo los préstamos se pueden convertir en un cajón de sastre lo dejó la memoria de ejecución del programa digital de la Secretaría General de Industria y de la PyME, que dirigió hasta el cambio de gabinete, Begoña Cristeto. En su última convocatoria de ayudas, la de 2017, destinada a firmas industriales, apenas otorgó 70 millones de euros; por supuesto, en forma de créditos, a 10 años y a tipo de interés fijo referenciado al Euribor. Gran parte de ellas, enfocadas a soluciones de negocio o al desarrollo de plataformas colaborativas, a robótica avanzada, tratamiento masivo de datos, sistemas embebidos o fabricación aditiva. Adscritos al programa Industria Conectada 4.0. Mientras que su iniciativa de asesoramiento Activa, a la que se acogieron casi 200 empresas, sólo movilizó 2 millones de euros: la mayor parte -exactamente, 721.685 euros-, a cargo del ministerio. Casi los mismos recursos (700.705 euros) que aportaron los gobiernos regionales. Peccata minuta.

Los expertos en digitalización creen que España “adolece de cualquier conato de multinacional digital, si se tiene en cuenta que Telefónica, líder privado en inversiones para innovación, es una operadora de servicios, no una tecnológica stricto sensu”. Aunque, cualquier cambio en el mapa digital de un país requiere de una política de Estado, igual que en Educación o Sanidad, y de la involucración de las grandes compañías y de las firmas tecnológicas, puntualizan. Como en otras latitudes, como EEUU, Japón o Alemania, donde los emporios como Google, Fujitsu o Siemens mantienen desde hace décadas cátedras especializadas en digitalización desplegadas por las universidades y los centros de investigación más prestigiosos de sus territorios. Por eso, desde esta perspectiva, aplaudieron el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros de la semana pasada, en la que Duque explicó un decálogo de medidas para reducir las trabas burocráticas a la investigación instauradas por Cristóbal Montoro en su cruzada de austeridad. Entre otras, la demanda de científicos de CSIC de acabar con la llamada intervención previa, requisito legal por el que, en aras de la estabilidad fiscal, los centros estaban obligados a asumir requerimientos de corte restrictivo para desarrollar sus labores operativas y que, según su opinión, un obstáculo al despliegue de recursos destinados a proyectos o actividades de investigación. El decreto Duque también promovía la contratación de científicos, permitía compras de hasta 50.000 euros sin solicitud de permiso para ejecutar iniciativas como compra de material de laboratorio, acceso a recursos externos para la Agencia Estatal de Investigación y para el conjunto de la comunidad científica o la ampliación de plazos para devolver préstamos o para la ejecución de convenios. Pero la norma, como otras tantas en tramitación parlamentaria, no seguirá su andadura por el adelanto electoral.

La hoja de ruta hacia la digitalización

El reto de la industria digital es, pues, mayúsculo. Pero la recompensa es demasiado suculenta como para ignorarla. El negocio 4.0 añadirá 12 billones de dólares más al PIB global en 2025; el equivalente a las economías conjuntas de Japón, Alemania y Reino Unido. Aunque ya un lustro antes el Internet de las Cosas (IoT) será capaz de generar 3,7 billones de dólares de riqueza, la mayoría de la industria manufacturera, que ya dispone de tecnología y procedimientos 4.0, pero todavía no están preparada para una integración completa. Un paso clave e ineludible si se busca la conexión entre la dimensión de productos y servicios inteligentes y los procesos productivos.

Este road map es el que analizan los principales ránkings internacionales a la hora de evaluar la evolución de cada país. Quizás uno de los estudios de mayor prestigio sea Digital Planet, que elabora, cada tres años, la Fletcher School -de la Tufts University- y Mastercard y cuyo Índice de Evolución Digital (DEI) se publica en la prestigiosa Harvard Business Review. Es bianual. De forma que su último diagnóstico ofrece datos de 2017. Su top ten lo integra Noruega, Suecia, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Singapur, Corea del Sur, Reino Unido, Hong-Kong y EEUU. Con las cuatro grandes economías del euro algo más relegadas: Alemania en el puesto 17; Francia, en el 20, España, en el 25 e Italia, en el 34. A España la cataloga como economía con potencial digital si establece “claros criterios” presupuestarios, con mayores dotaciones y una implicación vigorosa en favor de la Ciencia de gobiernos, entidades estatales, empresas y comunidad docente. España está encuadrada entre los países a los que denomina Watch out (en estado de alerta). Aquéllos que avanzan por la senda correcta y con opciones de adentrarse, a medio plazo, en el selecto club de Stand out, los líderes destacados por su High Trust Equilibrium, un concepto con el que describe “el pegamento de criterios” que contribuyen a consolidar un clima socio-empresarial idóneo para no perder el tren de la industrialización online. Pero sin haber puesto en marcha la línea de actuación necesaria para ello.

Más reciente, de finales de enero, es el Indicador de Innovación de Bloomberg, que analiza una serie de parámetros, entre los que se encuentran el nivel educativo en tecnología e innovación, la capacidad investigadora, el desarrollo del gasto en I+D+i, el músculo industrial de sectores manufactureros o la concentración de empresas, públicas y privadas de alta digitalización. Del resultado conjunto de sus siete herramientas métricas salen sus diez abanderados tecnológicos: Corea del Sur, Alemania, Finlandia, Suiza, Israel, que protagoniza uno de los grandes saltos en el indicador -cinco puestos- Singapur, Suecia, EEUU, que retorna al top-ten, Japón y Francia. Con China (decimosexta) por delante, dos puestos, de Reino Unido, y España, en el trigésimo lugar, por detrás de Rusia, Luxemburgo y Rumanía y antecediendo a Eslovenia y Hungría. Lastrada por la baja intensidad tecnológica, por la debilidad de sus registros de patentes, por su productividad y por la escasa efectividad de su I+D+i. En 2019, se dejó un puesto. Un puesto similar al de otros rankings de referencia como el del WEF o el de la escuela de negocios Insead.

Rich Lesser, analista de Boston Consulting Group, recuerda que la carrera digital empezó en 2010 y que, entonces, las diez mayores compañías del mundo eran de cinco nacionalidades diferentes y sólo dos de ellas eran tecnológicas. Ninguna superaba los 400.000 millones de dólares en valor bursátil. Hoy, en cambio, todas ellas son de EEUU o China, la mayoría tecnológicas y algunas ya han superado el billón de dólares en capitalización. La clave, a su juicio, es “la habilidad de los países y de su sector privado” por crear, los primeros, y actuar, los segundos, “en ecosistemas idóneos” para el impulso de la digitalización, por “confeccionar “un ambiente competitivo en su hoja de ruta” y por involucrar a las distintas fuerzas motoras, investigadoras, empresariales y de uso de datos e inteligencia artificial, en una estrategia estatal de actuación.