El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Ciudadanos) manifestó este jueves en el Parlamento que las sujeciones mecánicas –un eufemismo utilizado para no decir lo que son realmente: atar a alguien a una cama con correas– no son habituales en los centros de menores infractores de Andalucía.

En la última década, han muerto tres adolescentes en centros de menores en España mientras se les aplicaba una sujeción de este tipo y se les ataba boca abajo sobre una cama, el último de ellos Iliass Tahiri, el 1 de julio de 2019, en un centro de la Junta de Andalucía, Tierras de Oria, (Almería), que gestiona la asociación Ginso.

Para defender esta tesis, Marín aportó los datos oficiales que maneja al respecto del año pasado –los centros están obligados a registrar y a informar cada vez que aplican una de estas medidas, que están recogidas como excepcionales en la ley–.

Según Marín fueron 62 las contenciones mecánicas severas –las que implican atar a la cama– que constan en los registros oficiales a lo largo del año 2019 en los quince centros de menores infractores de la Junta de Andalucía que atienden a 1.472 adolescentes. Esta cifra es orientativa a pesar de ser oficial. Los expertos consultados por Público creen que no se registran todas, por lo que pueden ser más.

"Decir que lo habitual es esto, me parece faltar a la verdad", dijo Marín, en respuesta a la diputada de Adelante Andalucía, Maribel Mora, quien le había solicitado que el Gobierno andaluz eliminase en la Comunidad las sujeciones mecánicas. "Si fuera necesario que en vez de 62, fueran 200 ó 300, entiendo que no se hace por capricho del personal sino porque así lo establecen los protocolos y los contratos", dijo Marín.

Marín afirmó estar de acuerdo con Mora en la necesidad de erradicar las sujeciones, pero se negó a hacerlo en Andalucía. El vicepresidente arguyó que este es un asunto que debe ser tratado a nivel estatal. "Yo estoy de acuerdo con que se eliminen, estoy con usted, pero yo no gobierno [en España]", resumió su posición el vicepresidente. "¿Usted me está pidiendo que incumpla una Ley Orgánica? ¿Que yo suspenda una medida que viene dada por el Gobierno de la nación? […] Usted debería de pedírselo al Gobierno de España", le dijo Marín a Mora.

El argumento de Mora es que, aunque las sujeciones estén recogidas –como una medida extraordinaria, de último recurso– en las leyes y reglamentos que regulan la responsabilidad penal de los menores, esas mismas normas no obligan, sino que permiten y que si la Junta de Andalucía ha podido eliminar sobre el papel las sujeciones boca abajo –mediante una instrucción de septiembre de 2019, tres meses después de la muerte de Tahiri,– una práctica que, según expertos consultados por Público, favorece los malos tratos y la tortura, también puede erradicarlas todas.

La diputada de Adelante, así, le dijo al vicepresidente: "Puede dar una instrucción para dejar sin efecto esta medida. Al Estado [le pedimos] que derogue el reglamento, pero a usted le pido que lo suspenda, porque es su competencia. En cualquier otro espacio educativo, es impensable en una situación de violencia, de conflicto atar a un menor a una cama durante horas". "Es inadmisible que un menor pierda la vida bajo tutela de la administración. La misión es educar. Su responsabilidad y su competencia es que eso se acabe", agregó Mora.

"Hay veces que el comportamiento humano es difícil [hacerlo] entrar en razón. Los procedimientos los establece el ministerio. Si ha habido infracción que se persiga. Para mí todas las vidas humanas valen exactamente lo mismo", replicó Marín después. Sobre el caso concreto, sobre la muerte de Iliass Tahiri, el vicepresidente dijo que no iba a contestar y exoneró a su administración de toda responsabilidad. "Hay un procedimiento judicial. La Fiscalía ha vuelto a plantear un recurso. No voy a entrar en eso. La responsabilidad será de quien haya cometido una irresponsabilidad, pero no de este consejero ni de este Gobierno", dijo el vicepresidente.

Defensor del Pueblo

La difusión por el diario El País del vídeo en el que se recoge la muerte de Iliass Tahiri ha abierto un debate sobre la abolición de semejante método para calmar a adolescentes en estado de agitación. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha exigido su supresión, y el fiscal Carlos Castresana, en un contundente escrito en el que reclamó la reapertura del caso Tahiri, que en este momento permanece archivado en un Juzgado de Purchena (Almería), ha puesto el foco en la responsabilidad penal de quienes establecieron el protocolo –aún no se ha definido quienes son– que permitía a los guardias del centro Tierras de Oria, donde murió el joven, atar boca abajo a un menor.

La Asociación Española de Neuropsiquiatría, la Confederación Salud Mental España y las federaciones catalana y andaluza de Asociaciones de Salud Mental firmaron en junio de 2016 el manifiesto de Cartagena,  en el que instan a la supresión de todas las contenciones mecánicas porque implican "un sufrimiento psíquico traumático" y "pueden romper los vínculos terapéuticos y comprometer el proceso de recuperación".

"El abanico de la coerción en la asistencia psiquiátrica es amplio e incluye el uso del poder, la fuerza o la amenaza para lograr que una persona que está siendo atendida haga o deje de hacer algo en contra de su voluntad. Nos referimos especialmente al uso de sujeciones o contenciones, aislamiento y otras formas de coacción. Creemos que es el momento de avanzar en la toma de conciencia sobre estas prácticas que no garantizan los derechos de las personas; de trabajar para su eliminación y para la erradicación de las deficiencias que las hacen posibles", se lee en el manifiesto.