El juicio de la conocida como pieza política de la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares llegaba a su fin este lunes después de juzgar durante un año a 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y la gestión que distintos gobiernos autonómicos llevaron a cabo durante una década en la concesión de ayudas sociolaborales.

El 13 de diciembre de 2017, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, conformado por Juan Antonio Calle, Encarnación Gómez y Pilar Llorente, comenzaba a juzgar a 22 —21 tras la exclusión del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa— ex altos cargos socialistas por delitos de prevaricación y malversación por el denominado procedimiento específico por el que la Junta concedía las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por procesos de regulación de empleo y a empresas en crisis con fondos del programa presupuestario 31L que gestionaba la Dirección General de Trabajo.

Ayudas que pagaba el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre el exconsejero de Empleo José Antonio Viera y el expresidente del ente y exviconsejero del ramo Antonio Fernández —ambos acusados—. Este ente recibía los fondos del 31L a través de transferencias de financiación, eje sobre el que se ha vertebrado el juicio. La Sala, entre otras cuestiones, tendrá que dirimir la legalidad o no del uso de las transferencias de financiación para allegar fondos a esta empresa pública.

Acusados, testigos y, sobre todo, peritos han expuesto sus criterios a este respecto. Así, durante seis semanas, nueve peritos, tres pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IAGE), y seis propuestos por las defensas, entre los que se encontraban catedráticos en Derecho Financiero, en Derecho Administrativo o un exdiputado del PSOE en el Congreso y miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, debatieron y rebatieron sobre el famoso artículo 18 de la Ley 15/2001 de acompañamiento a los presupuestos de 2002.

La prueba "estrella" impugnada 

La prueba "estrella", impugnada por la defensa del exconsejero Gaspar Zarrías, dejó en evidencia desde el primer día donde estaba el 'quid' del debate. Según la IGAE, el referido artículo sólo permitía usar las transferencias de financiación para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas públicas. Y este argumento fue usado por estos peritos para defender su tesis de engaño al Parlamento, inducido por la Junta para que aprobase año a año los presupuestos destinando estos fondos a IFA/IDEA sin conocer que eran para pagar las ayudas de los ERE, que concedían los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, ambos acusados.

Frente a este "inquebrantable" argumento, los peritos de las defensas exponían una y otra vez que las transferencias de financiación del 31L a IFA/IDEA para pagar las ayudas venían recogidas en la Ley de Presupuestos de la Junta cada ejercicio y ello amparaba su legalidad. Además, este extremo era "suficientemente" conocido por los parlamentarios. Preguntándose a este respecto algunos abogados de las defensas para rechazar de plano la tesis del engaño, "por qué la acusación del PP-A no ha traído a sus diputados como testigos" a manifestar que se sentían engañados.

Ni ilegalidad ni engaño al Parlamento, han asegurado desde la bancada de los abogados de los acusados, mientras los fiscales anticorrupción Manuel Guerra y Juan Enrique Egocheaga y los abogados del PP-A han insistido en que el uso inadecuado de las transferencias permitió dar las ayudas sin la obligatoria fiscalización a la que tiene que estar sometido todo gasto público.

Una falta de control de las ayudas que ya detectó la Intervención General de la Junta en el informe de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA correspondiente al ejercicio 2003 pero remitido a sus destinatarios en 2005. Un informe que, tras analizar una veintena de expedientes de concesión de ayudas de los ERE, concluía que se estaban concediendo ayudas prescindiendo "total y absolutamente" del procedimiento legalmente establecido".

Para la IGAE hubo menoscabo 

"¿Cuántas cosas mal tenían que haber hecho el consejero de Empleo, el director general de Trabajo o IFA/IDEA para apreciar la existencia de menoscabo?" llegó a afirmar Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la IGAE, para quien la Intervención General de la Junta, con Manuel Gómez a la cabeza como ex interventor general, debió emitir un informe de actuación.

Los destinatarios, según la norma, de aquel informe —director general de IFA/IDEA, Miguel Ángel Serrano, consejero de Innovación, Francisco Vallejo, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, y viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo— han defendido durante los interrogatorios como acusados su actuación, coincidiendo todos en que la Intervención General aludía a irregularidades administrativas y no detectó riesgo de menoscabo.

Por parte de las acusaciones se ha sostenido un acuerdo o pacto de todos los encausados para poner en marcha un sistema "opaco" de concesión de ayudas. Uno de los abogados de las defensas más incisivos frente a esta idea fue el de la exconsejera Magdalena Álvarez. "Asumir esa confabulación exigía acreditar que 21 personas de la Junta, que apenas se conocían entre sí y que se sucedieron en los cargos, se pusieron de acuerdo para un pacto cuyo fin era tan maquiavélica empresa de engañar al Parlamento".

Otros abogados han planteado que las acusaciones no han probado "dónde y cuándo" se han producido esas reuniones para acordar el sistema ni para conocer "la contraseña" del club de los ERE, como apuntó un acusado en su declaración.

¿Ayudas o subvenciones? 

Además de la cuestión jurídica de la legalidad de las transferencias de financiación, el tribunal deberá abordar también la legalidad de las ayudas concedidas por la Junta y la naturaleza de las mismas. Defensas como la Antonio Fernández o Guerrero han puesto el foco en la legalidad de las mismas amparándose en la Orden Ministerial de 1995 del Gobierno, administración competente para legislar en material laboral.

Y de nuevo existe una teoría contraria por la acusación, que de la mano de la IGAE, señala que son subvenciones y se otorgaron en base al Título VIII de la Ley General de Hacienda, el decreto 254/2001 de Reglamento de Subvenciones y la Ley General de Subvenciones de 2003, y se dieron "sin procedimiento legalmente establecido".

El principio 'non bis in ídem', por el que un acusado no puede ser acusado dos veces por los mismos hechos y en base al que la Sección Séptima de la Audiencia está excluyendo a muchos de estos encausados en otras piezas separadas de los ERE, ha sido traído en repetidas ocasiones por las defensas en sus informes finales para criticar la actuación de la Fiscalía y su insistencia de acusar por los mismos fondos en este proceso y en los restantes de la causa.

Éstas serán algunas de las cuestiones que tendrán que analizar minuciosamente el tribunal para dictar sentencia, cuyo ponente es el magistrado Juan Antonio Calle, quien no tardará menos de seis meses en dictar la sentencia.

21 acusados, más de 120 testigos, seis semanas de prueba pericial, 152 sesiones, más de 650 horas de grabación de la vista oral, o más de 14.200 folios de la causa son algunas de las cifradas que reflejan la complejidad de este mediático juicio, que ha sentado durante un año y cuatro días a una veintena de los principales cargos de los gobiernos andaluces del PSOE durante una década, quienes se enfrenta a penas que van desde los diez años de inhabilitación a los ocho de prisión.