Igone Goikoetxea ya sabe de memoria el camino que lleva de Altsasu a la prisión alavesa de Zaballa. Allí está su hijo Jokin y los demás condenados por la pelea de bar con dos guardias civiles sin uniforme que se saldó con penas de cárcel para siete jóvenes. Este miércoles, mientras se preparaba para volver a recorrer el camino hasta el centro penitenciario, Goikoetxea no dejaba margen a dudas: la sentencia del Tribunal Supremo (TS) supone una “barbaridad” y “desproporción”.

Tras conocerse la resolución dictada este jueves por el TS, entre el grupo de madres y padres de Altsasu volvió a reinar el mismo sentimiento que les acompaña desde que empezó esta historia. “Seguimos estando ante un montaje”, afirma Goikoetxea a Público. “Esto es una auténtica barbaridad: se han quitado agravantes y aun así fíjese qué penas enfrentan”, añadió.

Una sala dividida del TS rebajó este miércoles las condenas, que pasan de entre 2 y 13 años de cárcel a entre año y medio y 9 años y medio de prisión. La razón principal ha sido la eliminación de las agravantes de discriminación y de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado.  

“Se mantiene el relato oficial y la desproporción. Las penas siguen siendo ilógicas”, decía Edurne Goikoetxea, una de las portavoces habituales del grupo de madres y padres de Altsasu. “Nos hemos enfrentado a un juicio en el que no hemos tenido las mínimas garantías”, subrayaba en declaraciones a ETB. Mientras tanto, desde Twitter el grupo de madres y padres denunció que se da “continuidad a una injusticia” y llamó a participar en una concentración que tendría lugar en Altsasu a las 19.00 de este agitado miércoles. Además, está previsto que este jueves a las 12.00 ofrezcan una rueda de prensa en la librería Katakrak de Pamplona.

Valoración "muy negativa"

Por su parte, la abogada Amaia Izko –una de las letradas que ha ejercido la defensa de parte de los acusados– señaló a este periódico que la valoración sobre la sentencia del Supremo es “muy negativa”. Prácticamente no va a existir una reducción en el cumplimiento de las penas de cárcel”, remarcó.

El grupo de madres y padres se prepara ahora para continuar la larga batalla judicial. El próximo escenario será el Tribunal Constitucional, y de allí prevén seguir hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

En ese contexto, el Gobierno de Navarra ha expresado "respeto máximo" ante la sentencia del TS, al tiempo que hizo un llamamiento a la "convivencia". Desde Podemos, la candidata al Congreso en las próximas elecciones generales por esa comunidad, Ione Belarra, advirtió desde Twitter que "las altísimas condenas a los jóvenes de Alsasua por una pelea de bar, cuando en cualquier otro lugar todo hubiera quedado en una multa o pena mínima, son una de las mayores injusticias de los últimos años".  "La justicia para llevar tal nombre, debe ser proporcional", añadió.

Geroa Bai, otro de los partidos que da sustento al Gobierno de María Chivite, afirmó que "la propia sentencia del Supremo evidencia precisamente la falta de proporcionalidad que ha rodeado desde el inicio este caso, al no reconocer los agravantes de discriminación, ni el de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a la autoridad, sí impuestas por la Audiencia Nacional, así como al suprimir a dos acusados de algunos de los delitos de lesiones por falta de pruebas".

Por su parte, el secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, advirtió que el TS “confirma unas penas absolutamente desproporcionadas”. “Desde un punto de vista democrático y penal estos excesos judiciales son inconcebibles. Es un claro ejemplo de lo que nunca debe ser la justicia. Toda nuestra solidaridad”, escribió en Twitter.

Desde esa misma red social, el portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, compartía con sus seguidores un artículo de Público en el que se destacaba que los jóvenes de Altsasu llevaban más tiempo en prisión que los políticos condenados por su relación con el GAL. "Suelo ético", escribió en tono irónico el dirigente abertzale.