El nombre de Altsasu regresa a los medios. También aparece en cuentas de asociaciones de guardias civiles y en escritos con membrete de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La razón: este sábado tendrá lugar en ese municipio navarro el “Ospa Eguna” o “Día del Adiós”, dirigido a reclamar la salida de la Guardia Civil de esa localidad. Al igual que ocurrió en otras tantas ocasiones, este año vuelven a surgir voces que lo señalan como un acto nacido, impulsado y dirigido por la ya desaparecida ETA.

“Es mezclar el tocino con la velocidad”, dice al otro lado del teléfono el sociólogo y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV) César Manzanos, quien advierte que la campaña “Que se vayan” –también conocida en euskera por el nombre de “Alde Hemendik”– “no arranca precisamente de ETA ni muchísimo menos”.

Manzanos sostiene que estas reivindicaciones “son anteriores y propias de un movimiento que tenía que ver precisamente con la lucha por la desmilitarización”. “Lo que hacía ETA era tratar de incorporar reivindicaciones populares, como ocurrió también con la lucha por la insumisión o contra las centrales nucleares”, afirma. En tal sentido, subraya que ETA “trataba de sumarse como vanguardia armada a ese tipo de reclamos”.

El historiador e investigador Iñaki Egaña quiso explicar todo esto al tribunal que juzgó a los ocho jóvenes de Altsasu por la pelea de bar con dos guardias civiles sin uniforme. De cara a ese juicio, este experto elaboró un informe de aproximadamente cien páginas en el que establecía que el origen de la campaña “Que se vayan” había sido iniciada por la formación Euskadiko Ezkerra –que posteriormente se sumaría al Partido Socialista de Euskadi (PSE)- en 1978. “Encontré el documento original en el archivo de Lazkao”, relató a Público.

En esa línea, Egaña remarca que a esa campaña a favor de la desmilitarización “se sumaron muchos grupos y colectivos”. Entre ellos se encuentra EGI, la organización juvenil del PNV, que en 2016 lanzó una campaña de recolección de firmas a través de Change.org con un título muy claro: “La Guardia Civil y la Policía Nacional tienen que marcharse de Euskadi”.

“Durante décadas el Gobierno de Madrid argumentaba la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Euskadi por las acciones de ETA, afortunadamente ya no vivimos en esa época y es de recibo que la normalidad llegue a nuestras calles”, decía el texto de las Juventudes del PNV, en el que recordaban que “según nuestro Estatuto de Autonomía aprobado en 1979, nuestra policía es la Ertzaintza, cuerpo excelentemente formado y capacitado para velar por la seguridad de toda la sociedad”. 

“Si algo ha hecho ETA con esa campaña, ha sido por detrás de los protagonistas políticos. Lo que es evidente es que no partió de ella”, afirma Egaña con estos datos sobre la mesa.

“Delito de terrorismo”

Estos datos no son compartidos por la asociación de guardias civiles JUCIL, que ha pedido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y al Gobierno foral que suspendan el Ospa Eguna, ya que considera que su “única finalidad” será “la humillación, el acoso y el fomento del odio” a los agentes de la Benemérita. En ese mismo sentido se expresó la Asociación Española de Guardias Civiles, que también solicitó la prohibición de la jornada.

Este jueves trascendió que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había cogido el testigo, reclamando al Juzgado Central de Instrucción 2 –que se encuentra de guardia esta semana- la suspensión del acto por entender que puede ser constitutivo de un delito de terrorismo y otro de odio.

Las acusaciones también han llegado desde el terreno político. La diputada del PP y vicesecretaria de Organización del partido a nivel nacional, Ana Beltrán, anunció esta misma semana la presentación de una iniciativa en el Congreso para exigirle al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez que “no mire hacia otro lado en los actos de escarnio a la Guardia Civil que se van a celebrar en Alsasua el próximo día 31 de agosto, dentro del denominado Ospa Eguna que organiza la izquierda abertzale”.

Beltrán consideró que” permitir que se celebren con total impunidad este tipo de actos contradicen los principios de convivencia que pregonan a los cuatro vientos tanto Sánchez como la presidenta navarra María Chivite”. De hecho, cree que “constituye un acto de servilismo y cesión a lo más rancio de la izquierda abertzale, que es de quien dependen para mantener el Gobierno de Navarra”.

“Instrumentalización política”

Chivite salió al cruce de estas declaraciones, recordando que el Ospa Eguna se celebra desde el año 2010 y “ningún Gobierno del PP ni de UPN lo ha prohibido”. “Vale ya de la instrumentalización política”, señaló la responsable del Ejecutivo foral en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) recogida por Europa Press. En cualquier caso, aclaró que no compartía “ni el espíritu ni los fines” del acto que se desarrollará en Altsasu, al tiempo que remarcó que “la democracia no puede prohibir un acto porque un colectivo o una asociación concreta estima que los participantes podrían cometer un delito”.

En cualquier caso, Chivite indicó que “la fiscalía estará atenta” y subrayó que “será un juez el que dictamine si hay delito o no”. “Esto no corresponde al Gobierno de Navarra, corresponde a la Delegación del Gobierno y en el caso de que pudiera haber un delito, entiendo que la fiscalía actuaría, pero no puede actuar antes”, puntualizó.

Por su parte, fuentes del ayuntamiento de Altsasu –donde Geroa Bai gobierna cómodamente con diez concejales, muy por encima de los tres que tiene EH Bildu, mientras que PSN, Podemos y Navarra Suma carecen de representación– han señalado que el alcalde, Javier Ollo, no realizará declaraciones sobre este tema.