El juicio a la presunta trama corrupta en la empresa de vivienda de la Generalitat Adigsa, que debía iniciarse este martes tras doce años, se ha suspendido por un error en las citaciones, cuando los acusados ultimaban un pacto que les evitaría entrar en prisión a cambio de admitir el pago de comisiones.

La sección 22ª de la Audiencia de Barcelona tenía previsto empezar este miércoles el juicio del caso Adigsa, una investigación que la Fiscalía abrió en 2005 a raíz de la insinuación del expresidente catalán Pasqual Maragall en el Parlament de que CiU cobraba "mordidas" del 3 %.

La vista, sin embargo, se ha aplazado hasta el próximo 16 de mayo, por no haber comparecido el administrador de una de las empresas que figura como responsable civil subsidiaria en la causa y al no ser correctamente citado un empresario al que la Fiscalía acusa como responsable civil a título lucrativo.

Los acusados, siete empresarios y excargos de Adigsa que afrontan penas de diez años de cárcel, han llegado esta mañana al juicio con un pacto bajo el brazo, que se ha ultimado en los instantes previos al inicio de la vista, del que solo se ha desmarcado el constructor "arrepentido" José Antonio Salguero, quien durante la instrucción del caso confesó haber pagado comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

El acuerdo, que sigue en el aire al no haberse formalizado ante el tribunal, prevé que los acusados paguen de forma solidaria los 120.000 euros presuntamente desviados de Adigsa por el sobrecoste de las obras -la mitad de los cuales han sido consignados hoy mismo- y reconozcan el pago de comisiones por la adjudicación de obras.

Con esa sentencia de conformidad, los acusados se beneficiarían de una rebaja de condena que dejaría sus penas por debajo de los dos años, con lo que evitarían su ingreso en prisión, gracias a la aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas -por las demoras el caso-, reparación del daño y confesión.

El ex consejero delegado de Adigsa Josep Fontdevila, que afronta diez años -la pena más elevada-, aceptaría un año y nueve meses de cárcel por cada uno de los tres delitos de malversación, prevaricación y falsedad de que se le acusa, condena que no le obligaría a entrar en prisión gracias a que la última reforma del Código Penal permite suspender las penas cuando, individualmente, no superen los dos años, según fuentes jurídicas.

En la reanudación de la vista el próximo 16 de mayo, la sala deberá decidir si acepta ese acuerdo parcial, que obligaría a celebrar el juicio pero solo con las pruebas que afecten a José Antonio Salguero, quien afronta año y medio de prisión y al que el resto de defensas han intentado sin éxito sumar al pacto.

Maragall: "Ese problema se llama 3 %"

El caso Adigsa se inició en 2005 a raíz de las diligencias de investigación que abrió la Fiscalía después de que Maragall sacudiera un pleno parlamentario con su polémica alusión al presunto pago de comisiones a CiU: "Ustedes tienen un problema, ese problema se llama 3 %".

La investigación abierta por la Fiscalía acabó finalmente en una querella por el presunto pago de "mordidas" del 20 % en la empresa pública, denunciadas por el empresario "arrepentido" José Antonio Salguero.

La causa comportó la imputación del entonces presidente de Adigsa y después diputado CiU en el Parlament Ferran Falcó, hasta que en 2013 la magistrada del TSJC Núria Bassols archivó las actuaciones en su contra, al entender que no estaba al corriente de las irregularidades en la empresa pública.

Semanas después de que exculpara a Falcó, el expresidente de la Generalitat Artur Mas (CiU) fichó como responsable de política de Transparencia de la Generalitat a Núria Bassols.

La magistrada, esposa del empresario Josep Maria Bassols, detenido en dos ocasiones en el "caso 3 %" que dirige el juez de El Vendrell, regresó a la sala civil y penal del TSJC cuando acabó el mandato de Mas, aunque tenía vetado instruir causas contra aforados políticos, y hace una semana el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la trasladó, con su conformidad, a la sala contenciosa.

Además de los diez años de cárcel para Fontdevila, la Fiscalía solicita nueve y medio para el exgerente de Adigsa Jordi Huguet y para Jordi Sala, que era el encargado del mercado secundario de la empresa de vivienda pública.

Asimismo, pide 5 años de cárcel para el intermediario José María Penin -pariente lejano del entonces conseller de Política Territorial Felip Puig, que en la época dirigía el departamento del que dependía Adigsa-, por ser el encargado de adjudicar las obras a empresarios afines, obviando las normas de contratación pública.

Por su parte, Angel Egido y Jordi Honrubia, dos de los empresarios adjudicatarios de las obras, afrontan cinco años de prisión.

Según el ministerio público, los exresponsables de Adigsa, que compartían "militancia y actividades políticas en CDC" con Penín, permitieron a este intermediario adjudicar "a dedo" obras públicas a empresarios afines, inflando los presupuestos.