“No se puede utilizar la justicia para conseguir lo que no se consigue con el discurso político”. Son palabras de Francisco Camps tras conocer que la Audiencia de Valencia archivaba la causa de la Fórmula 1 contra él y apoyaba, de esta manera, la tesis de la Fiscalía Anticorrupción de que la posible prevaricación en la construcción del circuito urbano en València habría prescrito. Lejos de quedarse ahí, el expresident de la Generalitat, una vez más, exhibía su actitud más provocativa y cargaba contra Ximo Puig: “Únicamente busca la inhabilitación del adversario para estar en el poder y eso no es democrático; los valencianos no nos merecemos este presidente”.

No sabemos si forma parte de un guión preconcebido o Camps tan solo se dedica a improvisar, pero lo cierto es que la impunidad con que de momento cuenta el expresident, en relación con las varias causas judiciales en que está procesado, ha servido para volver a situarlo en la escena política como actor fundamental. Sus embestidas contra algunos miembros del actual ejecutivo valenciano, aunque ya no cuentan con el beneplácito del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, sirven al doble juego de erosionar al gobierno del Botànic y de reforzar la idea de su buena gestión y eficacia al frente de la Generalitat.

Y lo hace, además, consciente de la buena reputación de que goza en ciertos sectores de la derecha valenciana críticos con el estilo de Isabel Bonig, presidenta actual del PPCV. Incluso se ha dedicado a impartir clases sobre democracia a los alumnos de la Universidad Católica de Valencia; una universidad, por cierto, de las peor valoradas a nivel estatal en los ránkings elaborados por el BBVA y el IVIE. No solo eso: parece que Camps no duda en sacar rédito político de su intensa exposición mediática. Justo el mismo día que la Audiencia Nacional reabría la investigación que le afectaba en relación a las adjudicaciones de la Generalitat a Orange Market, en septiembre del año pasado, manifestaba alegremente su deseo de ser candidato a la Alcaldía de València en un conocido programa televisivo local.

Sea como fuere, se ha convertido en recurrente ver a Camps paseándose por las sedes judiciales (con gran sobriedad y seguridad, cabe decir) apuntalando ante los micrófonos auténticas perlas. Precisamente en el marco de la causa de la F1, cuando el pasado mes de mayo fue procesado por la jueza del Juzgado de Instrucción número 17 de València acusado de prevaricación y malversación, y una vez se supo que la Generalitat había solicitado en el escrito de acusación una pena de siete años de cárcel, Camps no dudó en expresarse en términos de persecución política. Asimismo, se refirió al Molt Honorable como “el hombre del flequillo cambiante” y a la vicepresidenta Mónica Oltra como “la señora de las camisetas”, denunciando una presunta instrumentalización de la Abogacía de la Generalitat contra su persona.

En medio de toda esta sarta de declaraciones sin piedad, Camps se erige, sin embargo, en forma de político limpio y honrado exonerado hasta ahora de toda responsabilidad. Hasta en dos ocasiones ha conseguido el expresident sortear el banquillo. Al archivo del caso del circuito en València que conocimos la semana pasada, cuya construcción Camps siempre prometió a coste cero para los valencianos y que podría haber acabado costando más de trescientos millones de euros a las arcas autonómicas, cabe añadir el sobreseimiento provisional que dictó el pasado diciembre el Juzgado de Instrucción número 2 de València en relación con la causa que investigaba la absorción por parte de la Generalitat de la empresa Valmor, si bien el Consell ha recurrido tal decisión.

Parece, pues, a tenor de lo sucedido, que el paseo triunfante del expresident con Rita Barberá en el interior de un Ferrari, como imagen metafórica de la prosperidad y proyección internacional de la ciudad, pero también como retrato de la fastuosidad de su estilo personal, no recibirá, al menos por ahora, ningún correctivo en sede judicial. La única vez que Camps se sentó en el banquillo, en el conocido como caso de los trajes, pieza separada de Gürtel, fue absuelto por un jurado popular de la acusación de cohecho pasivo impropio. Camps estaba acusado, junto a otros tres cargos de su ejecutivo —Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret— de recibir regalos por valor de más de 12.000 euros a cambio de conceder contratos públicos que superaban los cinco millones de euros.

Está por ver si esta impunidad se mantiene en el tiempo o si el periplo judicial del expresident se complica de la misma forma que ha sucedido con Eduardo Zaplana, detenido en mayo del pasado año por supuesto blanqueo de capitales y malversación, actualmente en libertad condicional tras ser enviado a prisión provisional sin fianza, después de años bajo la lupa de diversas investigaciones. Camps, no en vano, aún deberá afrontar dos causas más abiertas: la de presuntos amaños de contratos en la visita del Papa Benedicto XVI, en la que está imputado, y la pieza de los contratos menores en que figura como investigado. Tres de los cuatro expresidents provenientes del PPCV han sido investigados o condenados por corrupción si se tiene en cuenta que José Luis Olivas, el cuarto president de la Generalitat, que asumió el cargo temporalmente cuando Zaplana inició su andadura en Madrid como ministro de Trabajo, recibió su primera condena a año y medio de cárcel por fraude fiscal y falsedad documental en enero de 2017.

Rita Barberá y Francisco Camps, en un Ferrari durante la inauguración del circuito de Fórmula 1 en Valencia.

Jactancia, vanidad y narcisismo

A pesar de que Camps siempre ha defendido públicamente su inocencia en todas las causas donde ha estado implicado —hasta el punto de afirmar en alguna ocasión estar “moralmente absuelto”—, sorprende, no obstante, la sólida coraza con que se ha revestido desde que fuese implicado por vez primera en la trama Gürtel, en el marco de la investigación que en 2009 llevaba a cabo Baltasar Garzón, llamada con el tiempo a convertirse en el Watergate español. Su manera de afrontar las adversidades parte de una actitud en la que se entremezclan rasgos de jactancia y narcisismo, con tintes importantes de megalomanía.

A nadie se le escapan, sin ir más lejos, las extravagantes declaraciones que hizo el 20 de julio de 2011, el día que presentó públicamente su dimisión como president. En una rueda de prensa que no permitió ser difundida en directo, y sin posibilidad de que los periodistas tomasen la palabra, Camps apareció arropado por los suyos expresando que voluntariamente ofrecía su sacrificio para que Mariano Rajoy fuese el próximo presidente del gobierno español. Aprovechó para declararse inocente (“no han podido demostrar nada porque no hay nada”) y sentirse liberado para declarar ante la justicia.

El expresident, esforzándose en todo momento por mantener el aplomo, debía sentir una profunda sensación de frustración al ver que su carrera política se agotaba. Tal vez pensaba en que ya nunca más sería posible ser candidato a la Presidencia del gobierno español, más aún si se difundían las conversaciones infames que había mantenido con su “amiguito del alma” Álvaro Pérez 'El Bigotes', aquel a quien quería “un huevo” y al que el pasado año, cosas de la vida, implicó a Camps en el fraude de la F1.

Más sorprendente aún si cabe fue su actitud desafiante durante el juicio de los trajes, en el que compartió banquillo con el también acusado Ricardo Costa, quien fuese secretario general del PPCV, cesado por Camps a instancia de la dirección nacional del partido. El semblante circunspecto del primero contrastó durante la vista con el comportamiento vanidoso del expresident, dispuesto en todo momento a desacreditar la legitimidad del proceso con sonrisas pícaras y gestos efusivos. El “Gracias, Dios mío” que entonó al escuchar la sentencia que le declaraba no culpable fue el colofón final a un espectáculo grotesco. No sabemos si Camps buscaba así el perdón divino después de haber traicionado a Ricardo Costa (Ric, como se le conocía amistosamente entre los conseguidores de la trama). Ambos habrían pactado declararse culpables ante el juez, tal como hicieron Campos y Betoret, pero a unos minutos de la vista, y sin avisar a Costa, el Molt Honorable se declaró inocente, la cual cosa habría forzado a Costa a tomar la misma decisión. La jugarreta, años más tarde, se le tornaría en contra: Ricardo Costa se vengó fríamente reconociendo ante la justicia que el PPCV se financiaba ilegalmente.

Tampoco le ha faltado la ironía a Camps. Desde sus “ganas locas locas” de explicar ante el juez todo lo que se le imputaba, el expresident no ha parado de relativizar la gravedad de ciertas acusaciones con comentarios burlescos y satíricos. Es de destacar las palabras que pronunció el 19 de septiembre de 2008, antes del terremoto judicial en que se vería inmerso, a propósito del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia en València, el salmantino Juan Luis de la Rúa, con quien mantenía un estrecho lazo afectivo: “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a amistad que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”. Unas palabras que según algunos juristas, ya con Camps imputado en la trama Gürtel, deberían haber propiciado la recusación en el cargo de De la Rúa.

El expresident de la Generalitat Francisco Camps a su salida del Consell Juridic Consultiu. - EFE

Salvar la reputación

La vanidad de Camps, que algún día podría convertirse en objeto de estudio de un ambicioso trabajo de psicoanálisis, un trabajo dirigido a descubrir los mecanismos de autocompensación emocional de un fervoroso católico como él, entronca con la posición asumida por el PPCV en el marco de la trama valenciana de Gürtel. El periodista valenciano Sergi Castillo Prats publicó en 2013 un exhaustivo documento donde resigue las principales maniobras de los populares valencianos en su afán por blanquear la figura de Camps. La formación de la gaviota venía en 2009 de una retórica triunfalista como consecuencia del amplio respaldo social con que contaba en el País Valenciano. No obstante, pronto se pasó del «eje de la prosperidad» a una nomenclatura victimista que llegaba a considerar la vinculación de Camps con Gürtel como un ataque a los valencianos y a su sistema político. Castillo defiende que este cierre de filas en torno a Camps, un verdadero culto a su personalidad, se trazó como estrategia partidista diseñada al milímetro.

Ya en 2011 se había denunciado la existencia en la Generalitat de un equipo de ciento diez personas, apodado por la prensa como «el ala oeste del Palau», vinculado a Presidencia por medio de la Secretaría Autonómica de Comunicación, con la función de difundir la ideología campsista, todo ello con cargo a los presupuestos autonómicos. Pero la manipulación ideológica de Canal 9, corrompida a todos los niveles, fue la clave para narcotizar a una sociedad que en aquel momento vivía instalada en una burbuja.

Castillo cuenta que los valencianos, que absolvieron al PPCV en las elecciones europeas del 7 de junio de 2009, tan solo cuatro meses después de la operación de Garzón que situaba a Camps como investigado en Gürtel, no contaron en su televisión pública con una información completa y veraz sobre el caso. Algunos periodistas del ente, como Frederic Ferri, denunciaron en su día censura y manipulación en los servicios informativos. Para más inri, se supo que algunos tertulianos que colaboraban en el programa DBT, presentado por Isabel Durán, solían comer con el tío Paco en el Palau de la Generalitat antes de cada emisión.

Una oposición parlamentaria en travesía por el desierto acabó de extender la idea de la inocencia de Camps. El expresident, en los albores de la trama, contó además con el inestimable apoyo de Mariano Rajoy. El gallego mostró efusivamente su respaldo al president: “Yo siempre estaré detrás de ti, delante o al lado, me da igual, quiero que me oigan todos en la plaza”, expresó en un mitin en Castellón. Se trataba, en definitiva, de evitar la caída política y moral de quien representaba a todos los efectos la época de prosperidad, grandes eventos y obras faraónicas. Si se derrumbaba Camps, se venía abajo la justificación de aquellos años de política especulativa al servicio de los intereses del gran capital.

Para muchos, en la sombra durante largo tiempo, Camps ya había caído. Lo hizo al negarse a recibir en sede institucional a los familiares de las víctimas del accidente de metro de 2006, la que ha sido considerada, y ya es decir, la actitud más vil del expresident, impropia de los valores cristianos que decía profesar. A día de hoy, Camps percibe por formar parte del Consell Jurídic Consultiu, en el que se ha negado a abandonar su puesto de consejero nato, 76.989 euros brutos al año (datos de 2018), entre otras prebendas. Por su condición de expresident, se beneficia de manera vitalicia del tratamiento de Molt Honorable.