Era la mañana del 22 de mayo de 2018. Eduardo Zaplana, quien fuera president de la Generalitat Valenciana y ministro en la etapa aznarista, era detenido acusado de varios delitos, entre ellos, el de blanqueo de capitales y el de malversación de caudales públicos. “No puede ser”, se llevaban algunos incrédulos las manos a la cabeza. “Parecía que nunca pasaría”, se escuchaba aquellos días en ciertos corrillos por tierras valencianas, donde ya hacía tiempo se había visto caer a muchos de los personajes secundarios de aquella gran trama que empezó a organizarse con la llegada del cartagenero al Palau.

Caía Zaplana el impune, el que siempre salía indemne e incluso reforzado, aquel que consiguió sobrevivir a todas las pruebas de estrés: Naseiro, el caso Ivex-Julio Iglesias, el caso Terra Mítica y tantas otras sospechas con “comisioncita”. Aquel que en las grabaciones pronunciaba que se tenía que hacer rico porque estaba arruinado. El caso Erial vino motivado por un giro de guión que bien podría confundirse con la sinopsis de un thriller de alto voltaje. Un imán sirio habría encontrado en un falso techo de la vivienda donde anteriormente había vivido el expresident unos papeles que recogerían los movimientos ilícitos de dinero. El imán, en una sucesión de casualidades y causalidades, entregó estos documentos a su amigo Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, conocido como el “yonki del dinero”, quien a su vez los hizo llegar al juzgado. Jaque mate.

¿Cómo podía ser que Zaplana, con toda la habilidad, tiento y pericia demostrados a lo largo de su trayectoria, pudiese cometer tal error? O, dicho de otra manera, ¿cuántos papeles incriminatorios no se dejó en aquella vivienda? Eso mismo se pregunta Francesc Arabí, periodista valenciano que ha seguido la pista del personaje desde su irrupción en la política como alcalde de Benidorm en 1991 a merced de una tránsfuga del PSPV (el episodio conocido como el “marujazo”) hasta el momento actual en el que el mito caído afronta un agrio horizonte judicial. Ciudadano Zaplana. La construcción de un régimen corrupto (Ediciones Akal, 2019) es mucho más que un manual de los desfalcos y los desmanes de un imperio; es una fotografía estremecedora de un tiempo devastador que forma parte de la historia viva del País Valenciano.

La construcción de un régimen corrupto. AKAL.

Precisamente, uno de los objetivos de Arabí era romper la barrera del silencio y llegar más allá de las latitudes valencianas. En Madrid, de hecho, hasta la aparición de su nombre en los casos de Lezo y Púnica, a Zaplana quizás solo se le conocía por su controvertida gestión de los atentados del 11-M. Este libro descubre qué hay detrás de esa vida ejemplar proyectada por el que también fue ejecutivo de Telefónica. Esta es una historia de reclasificación de terrenos, sobrecostes, fraude fiscal, estafa, saqueo, compra de voluntades, mordidas, hiperactividad societaria, sobrinísimos que hacen las Américas y hedor de alcantarilla. De relojes de alta gama, vehículos de lujo, pisazo en la Castellana… y todo a cargo del contribuyente valenciano.

El periodista describe la “zaplanología” como una religión neopopulista y una ciencia de escalada de puestos y devolución de favores sin escrúpulos. “Estamos ante la aplicación valenciana del maquiavelismo”, apunta Arabí. Lemas como el insigne “Agua para todos” u otras consignas atávicas y sentimentales que apelaban a la recuperación de la autoestima como pueblo se popularizaron bajo su hegemonía, a la par que cimentaba su poder en un control férreo de todos y cada uno de los engranajes de la vida política y social. “Es un grandísimo estratega. No tiene solamente un estilo; hoy se adaptaría a cualquier marca, incluidas Compromís o Podemos. No tiene problemas de registro. Ha sabido buscar alianzas y complicidades”, relata el periodista.

Alianzas y complicidades que llegaban también a Ferraz, con amistades trabadas con pesos como José Blanco, José Bono o Alfredo Pérez Rubalcaba. Según explica Arabí, en el PSPV se llegaron a ver sugeridos por cargos nacionales de su partido de no remover judicialmente nada que pudiera complicarle las cosas al expresident. El culto a su figura, labrado durante años de intervencionismo sobre su imagen, ha conseguido que todos aquellos en que invirtió le hayan seguido rentando a largo plazo. Todos, a excepción de los que han acabado imputados y entrando en prisión. Arabí se muestra convencido de que, sin la campaña de presión que se ha ejercido sobre la jueza del caso Erial, la UCO y la Fiscalía, el exministro no hubiera conseguido la libertad provisional tras el bloqueo del dinero de procedencia supuestamente delictiva.

A día de hoy, la herencia del zaplanismo la recoge Ciudadanos y otra parte se ha quedado en la clandestinidad. Pero el último mapa electoral dibujado tras las elecciones autonómicas del pasado mes de abril ha vuelto a resucitar los viejos fantasmas del desgarro interno del PP valenciano, dividido en las parcelas del zaplanismo y el campsismo. Es en las comarcas alicantinas donde el PP ha conseguido amortiguar el embate de las fuerzas progresistas del Botànic y donde ha construido su bastión con el apoyo de Ciudadanos. Precisamente, el pasado zaplanista de Carlos Mazón, aspirante a presidir la Diputación de Alicante, y los pactos alcanzados con un Ciudadanos nutrido de antiguos afines al zaplanismo, habrían precipitado la dimisión esta semana de José Císcar, hombre que representa el oficialismo de Isabel Bonig, en la presidencia provincial del partido. ¿Estamos ante la reconstrucción zaplanista desde el sur?

Reventón de las cajas

Una de las preguntas recurrentes cuando se aborda la cuestión de la corrupción y el despilfarro en tierras valencianas tiene que ver con el coste al erario público. El periodista Sergi Castillo, autor de Yonkis del dinero (Lectio, 2016), calculó en unos 15.000 millones de euros el montante resultante después del ciclo de los Zaplana y los Camps. Por su parte, la vicepresidenta Mónica Oltra anunció hace unos años que el Consell disponía de informes que elevaban al 4% del PIB el agujero. Para Arabí, más allá de lo cuantitativo, está el coste cualitativo: “Es el peor de todos: la hipoteca reputacional. Hemos perdido mucha credibilidad y legitimidad. La imagen dada crea desconfianza y ello tiene consecuencias, por ejemplo, cuando se reivindica una mejor financiación para el País Valenciano. Estoy seguro que, sin la corrupción, ya se hubiera podido conseguir estar mejor financiados”.

Capítulo fundamental de esta historia de saqueo es el de la desaparición de la mayor parte del sistema financiero valenciano. Arabí recuerda que fue Zaplana quien cambió la ley de cajas en 1997 para subyugar aún más los consejos de administración a los designios del Consell. El asalto a las cajas fue decisivo para la financiación de todos los eventos y proyectos ruinosos de los que se beneficiaron políticos y empresarios, a costa de la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. “No fue algo improvisado, fue una construcción absolutamente planificada, ejecutada al milímetro”, dice Arabí.

Tormenta perfecta

"Han fallado todos los mecanismos de control. Y, cuando digo todos, son todos. Hemos fallado los periodistas a la hora de crear contrapoder, ha fallado la judicatura, el sistema de control de la Administración, auditores, interventores, Tribunal de Cuentas, gobierno y oposición. Y, en última instancia, ha fallado la ciudadanía, que miró hacia otro lado y dimitió”. En su diagnóstico, Arabí es contundente en señalar la narcotización ciudadana en una época de estómagos saciados y triunfalismo por imitación. Fue una tormenta perfecta de factores alineados. Con la crisis se hundió el espejismo.

Y se hundió, como consecuencia, Canal 9. En el final de la hegemonía popular, el cierre de la televisión pública fue el símbolo de una derrota colectiva para el pueblo valenciano. Sin embargo, Canal 9 ya había perdido toda credibilidad desde que Zaplana puso sus garras sobre ella y la convirtió en un pesebre de corruptelas y clientelismo. No tanto como aparato de propaganda del régimen, sino como altavoz de silencios (valga como ejemplo el infame trato informativo que recibió el accidente de metro de València). “A excepción del papel de televisión pública, Canal 9 hizo todos los papeles posibles: servir a las cloacas del Estado, convertirse en No-Do, parir la telebasura, dar pie a comisiones, cobijar abusos sexuales…”, enumera el periodista. Junto con la compra de voluntades en los medios privados, Zaplana convirtió las redacciones en un cuartel general de afectos a su régimen.

No todos le siguieron el juego. Francesc Arabí es ese ejemplo de periodismo bien entendido. Hubo un tiempo, eso sí, que estuvo solo en la travesía. Muy pocas fueron las incursiones periodísticas en el inicio de las sospechas por los desmanes perpetrados en el Instituto Valenciano de Exportación, que fichó a Julio Iglesias como imagen promocional del País Valenciano en el exterior, y que derivó en una estafa millonaria alrededor del mundo. Arabí publicó centenares de piezas en las páginas de Levante y puso ante la opinión pública todas las pruebas incriminatorias de la fiesta en las “embajadas” valencianas. De todo aquel episodio con banda sonora truhana, Zaplana también se escapó. Arabí bromea: “Si sale indemne del caso Erial, se le debería conceder la Alta Distinción de la Generalitat por los méritos acreditados”.