La Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador del dinero público, que preside Carmen Núñez, ha detectado un escaso control por parte de la Junta de Andalucía sobre los contratos de emergencia, aquellos que la administración puede ejecutar cuando tiene que "actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional", según recoge la Ley de Contratos del Sector Público.

En esos casos, los gobiernos pueden acudir a una vía muy  ágil, sin apenas tramitación, para resolver las cuestiones, como sucedió durante la pandemia, cuando solo en el año 2020, el Gobierno de Juanma Moreno gastó 980 millones de euros en más de 17.000 contratos, según la Cámara.

Este procedimiento excepcional no solo se ha usado durante la crisis del coronavirus. En los años previos a la pandemia, la Junta de Andalucía lo utilizó en numerosas ocasiones. Según los datos disponibles en el Registro de Contratos de la Junta de Andalucía, durante los ejercicios 2018 y 2019 las Consejerías y Agencias Administrativas de la Junta de Andalucía tramitaron 182 actuaciones por la vía de emergencia por un importe global de 86,9 millones de euros. De ellas 97 (53,29%) se tramitaron en 2018 por 43,1 millones (49,66%) y 85 (46,70%) en 2019 por 43,7 millones (50,33%).

Estos, los de 2018, último año de Gobierno del PSOE, y 2019, primer año de Gobierno de Juanma Moreno, son los contratos que la Cámara de Cuentas de Andalucía ha analizado ya en un informe publicado esta semana en el BOJA. Además, la Cámara también revisa los contratos elaborados durante la pandemia, pero de momento, la Cámara no ha hecho públicas sus conclusiones definitivas.

La mayor inversión durante 2018 y 2019 se llevó a cabo en las obras destinadas al acondicionamiento de las carreteras de distintas provincias de Andalucía "con el objeto de mantenerlas en condiciones óptimas de seguridad vial y corregir los efectos producidos por los fenómenos atmosféricos", se recoge en el informe.

"Le siguen cuantitativamente las actuaciones destinadas a la protección de los menores inmigrantes no acompañados llegados a las costas y los puertos de la Comunidad Autónoma" en 2018. En tercer lugar, "se sitúan las obras de reconstrucción de las infraestructuras hidráulicas en distintos ámbitos geográficos ante los daños provocados por fenómenos meteorológicos para la recuperación de las condiciones de seguridad y funcionalidad de las mismas".

Incumplimientos

La Cámara de Cuentas detecta hasta 17 "incumplimientos legales significativos" –sobre todo en la Consejería de Fomento a lo largo del año 2019– en un análisis en el que se fiscalizó una muestra relevante del total del gasto: 46 actuaciones de emergencia y 101 contratos, que tienen un importe total de 47,2 millones. La selección es representativa del 55,49% del número total de los expedientes.

Algunos de ellos son incumplimientos de tipo formal, como el retraso en la comunicación de la información a la Cámara y el envío de información incompleta, que revelan descontrol. Otros son Así, salvo en los tramitados por el Servicio Andaluz de Salud, "en la generalidad de los expedientes no se ha obtenido evidencia documental de que el órgano de contratación haya comprobado, con carácter previo a la orden de inicio de prestación, la capacidad del contratista, su solvencia y el no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar señaladas" en la Ley de Contratos: "Estas condiciones de aptitud son requisitos sin los cuales no puede celebrarse ningún contrato".

Hay otros incumplimientos también graves como el abuso de esta modalidad de contratación: "En el 39,13% de los expedientes fiscalizados la tramitación de emergencia se ha empleado para cubrir necesidades que podrían ser consideradas urgentes, pero no se acredita que hayan surgido de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro, o que afectasen a la defensa nacional, no justificándose por tanto la concurrencia de los supuestos taxativos previstos en la ley". Además, "en el 50% de los supuestos analizados no queda justificado que no hubiese sido posible remediar los daños utilizando otros procedimientos menos restrictivos de la concurrencia".

La Cámara también detecta que en algunos casos se ha excedido lo que la ley permite para este procedimiento: "En el 32,60% de los expedientes no queda suficientemente justificado que la tramitación de emergencia se limitase a lo estrictamente indispensable […] para aliviar o evitar los daños derivados del acontecimiento catastrófico producido. Incluso en algunas de ellas pudieron ser aprovechadas para acometer una modernización o una mejora en instalaciones e infraestructuras necesitadas de un mantenimiento ordinario". Esto es algo que la Ley de Contratos prohíbe expresamente: "Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la tramitación ordinaria".

La Cámara recoge en su informe también que el 36,95% de las actuaciones de emergencia fiscalizadas obedecen "a una necesidad que fue previsible y no sobrevenida". De esta manera, "el recurso a la tramitación de emergencia respondió más a la carencia de una diligente planificación o programación".

En el informe se le da un toque directo a la Consejería de Fomento: "El 19,56% de los expedientes incluyen prestaciones en el objeto de estos contratos que no contemplan un hecho cierto, determinado y concreto que tenga cabida en los supuestos de hecho contemplados" en la Ley de Contratos "ni tampoco tienen encaje en el concepto de inmediatez" […] "La totalidad de estos expedientes han sido tramitados durante 2019 por la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio".

También existe una falta de transparencia, porque en el 89,10% de los contratos se incumple la exigencia "de publicar en el perfil del contratante, en un plazo no superior a 15 días, la adjudicación y formalización de los contratos".