Ciudadanos Andalucía ha cambiado discurso y estrategia en apenas una semana para anunciar ahora que la eliminación de los aforamientos sí es una prioridad en Andalucía, que tras dos años de mandato, están dispuestos a sacar esta medida del cajón para reintroducirla en la agenda política y obligar al Gobierno de Susana Díaz a apoyarla antes de que expire la legislatura.

El caso de Murcia, donde Ciudadanos acaba de forzar a PP y PSOE a votar a favor de la eliminación de los aforamientos de sus diputados, había colocado a la formación naranja en Andalucía en una contradicción insostenible. El partido de Albert Rivera, que sustenta al Gobierno de Susana Díaz, había acordado con los socialistas andaluces relegar esta medida -que forma parte de su acuerdo de investidura- para otro mandato.

Hace una semana, a los pocos días de que la Asamblea Regional de Murcia aprobase por unanimidad la eliminación de los aforamientos, un dirigente de Ciudadanos en Andalucía admitía a este periódico que la misma medida “no era más prioritaria en esta región que en cualquier otra”, y que de lo que se trataba era de abrir el debate sobre el fin de la inviolabilidad de los políticos en toda España para “evitar asimetrías” entre unas comunidades y otras.

El discurso coincidía punto por punto con el de la presidenta andaluza, que a raíz de lo sucedido en Murcia, también se había expresado en el mismo sentido: “Hay que hacer una revisión completa de los aforamientos, un debate global en todo el país, y no tratar el tema como en una subasta, en función de los gobiernos que se quieran alcanzar”.

Esta tesis abría una doble vara de medir: Ciudadanos impulsaba la eliminación de los aforamientos en Murcia, donde sustentan a un Gobierno del PP, pero relegaba la medida en Andalucía, donde sostienen al PSOE. En ambas regiones, la propuesta forma parte del acuerdo de investidura. En Murcia se acaba de plantear como “condición innegociable” para apoyar el nombramiento de Fernando López Miras como presidente autonómico, tras la dimisión forzosa de Pedro Antonio Sánchez por su imputación en el caso Auditorio. Pero en Andalucía, la propuesta llevaba en el aire dos años, y hasta hoy no ha vuelto a la agenda política. Siempre que se le ha preguntado a algún dirigente andaluz de Ciudadanos, la respuesta ha sido apelar a un consenso mayor para todo el país.

Ha sido finalmente el caso de Murcia el que ha reactivado esta propuesta en Andalucía, no sin que antes la dirección nacional haya hablado con el grupo de Juan Marín en esta región para poner fin a la contradicción que se daba entre ambas comunidades. Ahora, paradójicamente, es Ciudadanos quien reclama “coherencia y celeridad” al Gobierno de Susana Díaz, y de paso metiendo en el mismo saco al PP andaluz, puesto que los populares han votado a favor en Murcia y también contemplan esta medida en el pacto de investidura de Mariano Rajoy.

La eliminación de los aforamientos, una figura jurídica que protege a los diputados y miembros del Ejecutivo de ser detenidos o juzgados por un tribunal ordinario, es el punto 12 del pacto que firmaron hace 23 meses el PSOE andaluz y Ciudadanos, y que facilitó la investidura a Susana Díaz. También es el punto 94 de las 150 medidas aprobadas por el PP y la formación naranja para hacer presidente a Mariano Rajoy, hace unos meses. Esta dualidad permitía a Albert Rivera presentarse como adalid de la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática. Pero, sin duda, lo que ha devuelto el tema a la arena política andaluza ha sido la premura con la que Ciudadanos ha logrado sacarlo adelante la propuesta en el Parlamento murciano, evidenciando así la importancia secundaria que tenía hasta ahora en Andalucía.

Un tercio de la Cámara

Para eliminar los aforamientos, tanto en Murcia como en Andalucía es necesaria la reforma del Estatuto de Autonomía, que requiere un tercio de los votos de la Cámara. En el Parlamento andaluz, bastarían con los votos de los socios de legislatura -PSOE, 47 y Ciudadanos, 9-, una mayoría que han articulado juntos para sacar adelante dos presupuestos autonómicos y otras series de iniciativas. Además, juntos han bloqueado propuestas del PP, de Podemos y de IU, ejerciendo en la práctica como aliados. Ahora, sin embargo, Ciudadanos quiere embarcar al PP andaluz en la votación para que se eliminen los aforamientos, igual que han hecho los populares en Murcia. De esta manera, la formación de Juan Marín reparte la presión a Susana Díaz con el PP de Andalucía, apelando a ambos para que sean coherentes.

A pesar de que hoy han pedido “acelerar” una iniciativa que lleva dos años varada, Ciudadanos no tiene en este momento ninguna propuesta al respecto registrada en el Parlamento. El diputado y portavoz adjunto, Sergio Romero, asegura que presentarán la medida en la comisión legislativa de desarrollo no estatutario. Acabar con los aforamientos requiere una reforma del Estatuto de Autonomía, una norma que tiene rango de Ley Orgánica, y que debe pasar obligatoriamente por las Cortes Generales. Fuentes parlamentarias estiman que el plazo mínimo para aprobar una reforma estatutaria es de seis meses. Pero los plazos no es el aspecto más complejo de este asunto.

Ciudadanos impulsa una modificación parcial del Estatuto, cuando en realidad hay otras medidas que forman parte del acuerdo de investidura que también requieren una reforma de la ley orgánica, como la modificación de la Ley Electoral de Andalucía (en la que trabajan un grupo de expertos en el Parlamento desde hace un año, pero sin consenso político alguno) o la limitación a dos mandatos del presidente de la Junta de Andalucía. El PP andaluz hizo suya esta última propuesta -que también comparten PSOE y Ciudadanos- y se anticipó al registrarla en el Parlamento como proposición de ley. Es, por tanto, la que tiene un trámite parlamentario más avanzada de todas las medidas anticorrupción consensuadas por los socios de Gobierno.

El aforamiento de los diputados aparece en el artículo 101.3 del Estatuto andaluz, el mismo contenido que puede leerse en el Estatuto de Murcia que va a ser reformado: “Los Diputados gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato no podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. Ciudadanos cree que también será preciso retocar otros artículos de la norma, como el 122 y el 142.