El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha enviado una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para pedir la suspensión de cualquier contrato de compraventa de armas en curso con empresas israelíes.

Según han informado fuentes del Ministerio que dirige Bustinduy, la misiva, remitida en nombre de "los cinco ministerios de Sumar", se refiere a "algunos contratos" que aún quedan en curso, a pesar de que España no ha autorizado ninguna nueva operación en este sentido desde el 7 de octubre.

Como ya ha hecho "de manera reiterada y constante" tanto de manera formal en el seno del Gobierno de coalición como en declaraciones públicas, esta parte del Ejecutivo pide que, de esta forma, se haga efectivo "el embargo total de armas a Israel".

"Nuestra obligación es redoblar los esfuerzos y hacer cuanto esté en nuestra mano para frenar el genocidio en curso que se está viviendo en Gaza", han señalado las fuentes.

En la carta, Bustinduy recuerda que la Corte Internacional de Justicia ha señalado que los Estados tienen la obligación de no contribuir a la situación creada por la presencia de Israel en territorios ocupados y de asegurar el fin de cualquier impedimento del ejercicio del derecho de autodeterminación de la población palestina, así como del cumplimiento por parte de Israel del derecho internacional.

De ello se deriva, según la carta, la obligación de cesar el suministro o la transferencia a Israel de armas, municiones y equipo conexo cuando existan motivos razonables para sospechar que puedan utilizarse en el Territotio Palestino Ocupado.

Cuestión a la que también hizo referencia la Resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU del 13 de septiembre con el voto favorable de España, incide la carta.

En ella, Bustinduy se refiere a los compromisos del derecho internacional y a "la preocupación de una parte muy significativa de la ciudadanía española", agravada por la invasión del Líbano y los ataques a la misión de la paz de la ONU en la que España participa.

En base a ello, pide a Robles una revisión urgente de las relaciones comerciales con "empresas involucradas en la producción de bienes y/o prestación de servicios relacionados con la defensa y seguridad vinculadas a Israel".

Y pide su suspensión permanente, "con razón de la continua y evidente vulneración del derecho internacional por parte de su Gobierno".

En definitiva, señala la carta, solicitan "la suspensión de cualquier contrato o acuerdo en curso con empresas israelíes de defensa y/o seguridad que estén vinculadas tanto con la escalada del conflicto en Gaza y Líbano como con las operaciones en el conjunto de los asentamientos ilegalmente ocupados por Israel en Palestina".