Si en algún punto coinciden todas las encuestas y analistas políticos es en que los resultados de las elecciones autonómicas valencianas van a ir "por el canto de un duro". Si en 2019 la coalición progresista del Botànic consiguió revalidar su mayoría por solo dos diputados –dejándose tres en los comicios- ahora podría ir incluso más justo.

Y esto a pesar de que, si de alguna cosa pueden presumir en el Botànic, es de gestión. Este mismo jueves, la Encuesta de Población Activa (EPA) destacaba el aumento de la ocupación, con 102.700 nuevos empleos –una tercera parte de todo el Estado- y la caída del paro en 8.600 personas. A esto hay que sumar notables mejoras en ayudas a la dependencia y becas escolares, reducción de deuda o la instalación de la gigafactoría de motores eléctricos en Sagunt, una de las victorias estrella de la legislatura.

Desde las filas socialistas reina, al menos oficialmente, el optimismo. "No percibimos pulsión de cambio", responden cuando se les pregunta por un tercer Botànic. Y, además, confían en la valoración de Ximo Puig como gestor, un dato que reflejan las encuestas, aunque tiene sobre la cabeza la espada de Damocles de las investigaciones del caso Azud, una trama de corrupción de la era PP, pero que también ha afectado de lleno a los socialistas. "La ciudadanía percibe las mejoras, y después esto influye a la hora de votar, ahora falta que los socios se comporten", añaden.

Precisamente, la relación entre socios no es la mejor carta de presentación del Botànic. Aunque todos los implicados aseguran que hay "buen rollo" y ponen como ejemplo los "ocho presupuestos aprobados en tiempo y forma", uno de los mantras habituales para ejemplarizar la fortaleza de la coalición, también se puede ver cómo las grietas han ido creciendo en los últimos meses. A la desconfianza mutua entre PSOE y Compromís –que hunde sus raíces en el adelanto electoral de 2019, pero que ha aumentado con la gestión del caso Oltra- hay que añadir los gestos de cada uno de los partidos para marcar perfil de cara a las elecciones.

En los últimos meses, Compromís ha reforzado su perfil izquierdista y ambiental, con tomas de posición mucho más claras en temas como los macro-parques solares –que han despertado una fuerte oposición en los municipios afectados- o la ampliación del Puerto de València. Mientras, los socialistas han preferido acercarse a posturas más centristas, con la aplicación de rebajas fiscales o las críticas a la tasa turística, aprobada por presión de Compromís y Unides Podem, aunque en una versión aguada por los socialistas. La inauguración del tranvía ligero entre Dénia y Alacant –presentado como un gran logro por Puig a mediados de enero- se ha convertido en la última disputa, con importantes cargos valencianistas criticando que no sea "un tren de verdad".

"El PSOE considera que no puede ganar con la patronal en contra –afirma un alto cargo de Compromís- y ha decidido no pasar las líneas rojas que le marcan, sean la tasa turística o acabar con la reversión de privatizaciones. Consideran que ya han llegado al límite".

En todo caso, el disenso tampoco tendría porque ser malo, ya que permitiría a las diferentes opciones del Botànic llegar a diferentes sectores del electorado. De hecho, el mayor peligro para el Gobierno progresista se encuentra en su socio minoritario: Unides Podem. Aunque con tendencia a la baja, hasta el momento, todas las encuestas publicadas les aseguran la permanencia en la cámara. Desde los partidos, sin embargo, aseguran que sus trackings internos los dejan fuera. "Si se pierden estos casi cinco puntos porcentuales, el Botánic será imposible", asegura un estratega electoral de la izquierda.

Sus disensiones internas –con una legislatura marcada por las purgas y las peleas internas- y una Yolanda Díaz que a veces parece más cercana a Compromís, no ayudan precisamente a los morados. A su favor tienen una factura impecable de Héctor Illueca al frente de la Conselleria de Vivienda y un suelo electoral tradicionalmente muy firme.

Tampoco Compromís está en su mejor momento. Tras el batacazo que ha supuesto tener que prescindir de Mónica Oltra y las batallas internas que acabaron con la destitución fulminante de Mireia Mollá en la conselleria de Agricultura, los valencianistas han decidido apostar sobre seguro y presentar a Joan Baldoví, su activo más conocido y popular. Además, su perfil más netamente valencianista podría movilizar al electorado más nacionalista, muy crítico con la evolución de la coalición, y monopolizar temas como la financiación o la recuperación del derecho civil valenciano donde el PP y el PSOE siempre les cuesta más ser contundentes.

Concentración de la derecha

"Sonríe. Ya se van", junto a una foto de Sánchez, Puig y Oltra. La campaña del PP presentada esta semana pasada no puede ser más directa ni más optimista. Los conservadores ya ven a Carlos Mazón como presidente y van con la quinta marcha. Parece que el hecho de haber puesto un candidato prácticamente desconocido fuera de Alacant no les pasaría factura.

A su favor juega la creciente concentración del voto de derechas en sus siglas. Ciudadanos Comunidad Valenciana está en práctica disolución y no hay encuesta que les de una mínima opción. A principios de enero, su portavoz parlamentaria, Ruth Merino, dimitía y anunciaba que abandonaba la política.

Ante este panorama, otros de sus diputados, Tony Woodward, apostaba abiertamente en un artículo por una lista conjunta con el PP sin especificar qué formato debería tener. A esta absorción acelerada hay que sumar la desaceleración de Vox. Aunque la ultraderecha crecería respecto al 2019, parece que van llegando a su techo, y está por ver si este será suficiente para conseguir sumar con el PP. Precisamente, su imagen de muleta popular se ha visto incrementada tras la elección del nuevo candidato a la Generalitat, el catedrático de Derecho Carlos Flores. Flores, quien fue condenado por acosar a su exmujer en 2002 y fue candidato de Fuerza Nueva en los 80, actualmente es miembro del Consell de Transparencia a propuesta del PP.

Aún así, el PP tiene un gran problema que puede afectar muy seriamente sus aspiraciones electorales: su pasado. El recuerdo de sus últimos años de corrupción y desgobierno aún está muy vivo en buena parte de la sociedad valenciana. Aunque el grueso de su electorado ya lo haya perdonado, el riesgo de su vuelta puede movilizar a gente suficiente para frenarlos. Unos tiempos que en los últimos días han tenido sus recordatorios en sede judicial. Las vistas a antiguos dirigentes populares, como los expresidentes de la Generalitat Francisco Camps y Eduardo Zaplana, o el expresidente de la Diputación de València Alfonso Rus, han vuelto a copar las noticias. Además, la insistencia de Camps en volver a primera línea –si es finalmente absuelto- aporta un componente de desestabilización que no se puede menospreciar.