El año que se acaba ha sido muy intenso en los tribunales, con sentencias relevantes y muy polémicas que han sentado bases de tendencia retrógrada en algunos casos. 2021 ha sido el año en el que se ha consolidado la guerra judicial o lawfare de la ultraderecha; el tercer año en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está en funciones, caducado su mandato por la negativa del PP a negociar la renovación; y un nuevo año de juicios por corrupción, donde dos expresidentes del Gobierno --Rajoy y Aznar-- han tenido que declarar como testigos. 

Al comienzo del año Europa ponía el foco en España cuando el rapero Pablo Hasél fue detenido y entró en prisión para cumplir una condena de 9 meses por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía y a las fuerzas de seguridad a través de mensajes "atentatorios" en redes sociales. Hasél, que sigue en prisión en la actualidad al sumársele una condena anterior por enaltecimiento del terrorismo a través de sus canciones, podría ser considerado el paradigma de los delitos de opinión en España.

Su caso fue el detonante del anuncio del Gobierno sobre una reforma del Código Penal con el objetivo de que los delitos relacionados con la libertad de expresión no impliquen una pena de cárcel; una reforma que está congelada en el Congreso, donde Unidas Podemos presentó una proposición de ley que pide la derogación de los artículos más polémicos en este sentido. Desde la entrada en vigor del actual Código Penal, en 1995, alrededor de 150 personas han sido condenadas en España por delitos de opinión, según una investigación de Público.  

Pese a no quedar acreditado, como observaron dos magistrados discrepantes, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, condenó a Alberto Rodríguez, ya exdiputado de Unidas Podemos, a un mes y medio de prisión por propinarle una patada a un policía en una manifestación. Sin embargo, este hecho tan sólo contó como prueba con el testimonio del agente. La condena le supuso a Rodríguez la retirada de su escaño, en una polémica actuación de Maritxel Batet, presidenta del Congreso, instada por Marchena. 

'Lawfare' de la ultraderecha

Esta expresión anglosajona, traducida como guerra judicial, ha cobrado en los últimos tiempos un gran protagonismo en España, al llegar a los juzgados un buen número de denuncias y querellas de entidades ultraconservadoras contra todo lo que suponga un cuestionamiento de sus principios políticos y religiosos. Una ofensiva judicial que se exacerbó a raíz de la moción de censura a Mariano Rajoy y la conformación del actual Gobierno de coalición. 

La denuncia por parte de la Asociación de Abogados Cristianos a una mujer en Málaga por organizar la llamada 'procesión del coño insumiso' para reivindicar la igualdad y los derechos de las mujeres acabó en una condena--una multa de 2.700 euros-- por ofender los sentimientos religiosos.  

Es el mismo argumento empleado por la titular del  Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Madrid que ha condenado al Ayuntamiento de Getafe, respaldando la denuncia de Abogados Cristianos, por repartir entre alumnos del municipio unas guías de información sexual y de prevención de las violencias machistas por considerar que se atacaba a la figura de la virgen.

Junto a la excelsa protección a los sentimientos religiosos católicos que algunos jueces y juezas han realizado este año dando la razón a entidades ultracatólicas, también se ha realizado por parte del Tribunal Constitucional un apuntalamiento del delito de ultraje a la bandera, contemplado en el artículo 543 del Código Penal, al ratificar la condena a un sindicalista gallego que instó en una protesta a la quema de la enseña española.  

La guerra judicial de la ultraderecha ha tenido en los recursos de inconstitucionalidad de Vox contra la declaración del estado de alarma para combatir la pandemia un motivo de alegría. El confinamiento durante la primera ola de la pandemia fue declarado inconstitucional bajo el paraguas del estado de alarma, tal y como pedía Vox. El Tribunal Constitucional también tumbó el segundo estado de alarma, respondiendo igualmente a las quejas del partido ultra.

Caja b del PP, Villarejo y trama 'Kitchen'

Siete meses tardó la Audiencia Nacional en dictar sentencia respecto al juicio por la pieza separada de la causa 'Gürtel' referida a los usos de la caja b del PP y de la condena no se libró el partido de Pablo Casado. Luis Bárcenas, extesorero del PP, fue condenado en octubre a dos años de cárcel por abonar a la empresa Unifica la cantidad de 1.072.000 euros por las obras realizadas en la sede central del PP, en la calle de Génova de Madrid, "al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda pública". El PP resultó condenado como responsable civil subsidiario.

Esta es la tercera condena al PP por la caja de dinero negro que acaudalaba gracias a donaciones de empresarios, que ahora la Audiencia Nacional investiga si fueron a cambio de adjudicaciones públicas, es decir, donaciones finalistas. El juicio por la segunda época de la trama Gürtel, que se sigue en estos momentos, prevé nuevas condenas para líderes de la trama. El PP vuelve a ser juzgado como partícipe a título lucrativo.

Bárcenas, el PP y el comisario jubilado Villarejo han protagonizado también otro importante episodio enmarcado en lo que Público denomina como 'las cloacas de Interior'. La operación 'Kitchen', es decir, la trama parapolicial orquestada desde el Gobierno de Rajoy para arrebatarle al extesorero del PP información comprometedora sobre la financiación del partido, en la que participó notablemente Villarejo, ha tenido su propia comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, que en breve dará a conocer su dictamen.

En el plano judicial, la trama se juzgará en 2022, siendo el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz el máximo cargo político que se sentará en el banquillo, al haberse quedado fuera de la imputación Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP. También será juzgada la cúpula policial del Gobierno del PP.

El comisario jubilado Villarejo se sentó en el banquillo el pasado 13 de octubre, tras cuatro años de instrucción del caso Villarejo o causa 'Tándem' y siete años de investigaciones exclusivas de Público. Extorsión, tráfico de influencias, falsedad documental, revelación de secretos y cohecho son los cargos a los que se enfrenta el comisario jubilado y otras 26 personas implicadas en tres piezas separadas, las primeras que se juzgan del caso. El juicio, del que este medio da cumplida cuenta, está dejando algunas curiosidades, como la actuación del comisario en el papel de su propio abogado interrogando a algunos de los clientes que le pagaron por servicios ilegales.  

El gobierno de los jueces, en funciones

El pasado 3 de diciembre se cumplieron tres años desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alcanzó la caducidad de su mandato. El PP se niega a llegar a un acuerdo con el PSOE para renovarlo --la mayoría de ambos partidos es fundamental para la renovación-- hasta que los socialistas no se comprometan por escrito a cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para que sean los jueces los que elijan a los miembros judiciales del mismo. Esa es la nueva exigencia, pero antes lo fue el veto que los 'populares' impusieron contra el posible nombramiento para el CGPJ del magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, al que el PP atribuye la autoría, dentro de la sentencia del caso Gürtel, de los párrafos dedicados a la existencia de la caja b del PP. 

Ante la imposibilidad de renovación, de momento, el CGPJ advierte del riesgo de colapso en las instancias superiores de la Justicia, ya que pronto serán 57 las plazas vacantes por jubilación, fallecimiento o fin de mandato que no podrán cubrirse en los Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales, con especial incidencia en el Supremo y en los recursos de casación. El CGPJ no puede realizar nombramientos en la cúpula judicial por la ley que limita sus funciones teniendo el mandato caducado. En estos momentos hay once vacantes en el Tribunal Supremo, un 14% de su plantilla, de 79 magistrados, debido principalmente a jubilaciones y fallecimientos. En 2022 serán 16 las vacantes, con la jubilación de otros cinco magistrados, lo que supondrá el 20% de su plantilla. 

Espejel y Arnaldo en el TC

El PSOE y el PP pudieron cerrar un acuerdo, el pasado 2 de noviembre, para renovar a cuatro magistrados de Tribunal Constitucional (TC) con el mandato caducado desde 2019. Pero dos de los nombres que han entrado en el tribunal de garantías han hecho cuestionarse en algunos sectores si hubiera sido preferible seguir con un TC caducado. Se trata de los dos magistrados impuestos por el PP: la jueza Concepción Espejel, hasta entonces presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, recusada en varias de las piezas del caso Gürtel por su afinidad al PP; y el catedrático Enrique Arnaldo, exvocal del CGPJ, muy vinculado al PP, a su fundación FAES y que ha estado investigado en el marco del caso de corrupción del PP de Baleares 'Palma Arena'. 

Enrique Arnaldo también apareció en el sumario del caso Lezo, en 2017; un nuevo caso de corrupción del PP. Arnaldo aparece en conversaciones pinchadas por los investigadores en las que se evidencia que el exvocal del CGPJ estaba "moviéndose" para lograr colocar a fiscales afines que favorecieran a Ignacio González, expresidente madrileño, en sus frentes judiciales, entre ellos, el supuesto regalo de un ático en Estepona (Málaga), causa que finalmente se archivó. 

Las investigaciones de Público sitúan a Enrique Arnaldo en el patronato de fundaciones que no constató en su currículo oficial, algunas de las cuales constituyen una especie de lobby jurídico y otras tienen un marcado acento católico. 

Arnaldo y Espejel han salvado las primeras recusaciones que se han presentado en el TC contra ellos por parte de los dirigentes independentistas que pedían apartarlos de las causas relacionadas con el 'procés' por su marcado "sesgo político".