El próximo 3 de diciembre se cumplirán tres años desde que el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducó. Una vez renovados el Tribunal Constitucional y otros órganos constitucionales, la pregunta sobre si se alcanzará en breve un acuerdo para hacer lo mismo en el gobierno de los jueces no tiene una respuesta clara en el horizonte. Fuentes judiciales consultadas por Público vaticinan que la situación de bloqueo no puede durar mucho más y auguran un desenlace antes de final de año, pero advierten de que se trata más de un deseo que de la constatación de que PP y Gobierno están negociando la ansiada renovación. 

La condición impuesta por Pablo Casado para sentarse a negociar el nombre de los nuevos vocales del CGPJ es difícil de aceptar para el Gobierno: comprometerse por escrito a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que sean los jueces los que elijan a los vocales de procedencia judicial del Consejo en vez de hacerlo el Parlamento. Una propuesta, la del PP, que no ha contado con el visto bueno del Congreso, que a finales de septiembre tumbó por 191 votos frente a 154 la toma en consideración de la proposición de ley para modificar el sistema de elección de los vocales jueces del CGPJ.

Esta situación de bloqueo, unida a la imposibilidad de que el CGPJ  haga nombramientos en la cúpula judicial, es decir, nombramientos discrecionales, cuando está en funciones, está pasando una seria factura en la jurisdicción ordinaria y en la militar, hasta el punto de que el Tribunal Supremo estima que de seguir así las cosas sus Salas dictarán mil sentencias menos el año que viene debido a las vacantes que no pueden ser cubiertas. 

En estos momentos son once vacantes en el Tribunal Supremo, un 14% de su plantilla de 79 magistrados, debido principalmente a jubilaciones y fallecimientos. En 2022 serán 16 vacantes, con la jubilación de otros cinco magistrados, lo que supondrá el 20% de su plantilla. El Gabinete Técnico del Supremo ha elaborado un informe sobre la situación a la que se enfrentarán las cinco Salas en el caso de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados asociada a la interinidad del CGPJ. Las conclusiones del informe son alarmantes: "1.000 sentencias menos al año entre todas las Salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año".

Recursos de casación eternos

El Supremo advierte que las consecuencias desfavorables repercutirán tanto en la fase de admisión de los recursos de casación como en la de enjuiciamiento y decisión. Es decir, será la ciudadanía que recurra ante el Supremo la que soporte los efectos de la falta de renovación del CGPJ. "Tal estado de cosas no puede ser remediado, por más que se quiera hacer el sobreesfuerzo, asignando más ponencias a los magistrados/as, porque la formación de la doctrina jurisprudencial que ha de orientar la actividad de todos los órganos judiciales de la distintas Jurisdicciones requiere un estudio muy reflexivo y cuidado de los recursos", indica el informe del Gabinete Técnico. 

"Es imprescindible –concluye el informe-- la pronta cobertura de las vacantes existentes en el Tribunal Supremo así como las que de forma inminente van a producirse, si no se quiere acabar en el colapso del más alto órgano jurisdiccional de nuestro país". 

Fuentes jurídicas consultadas por este medio indican que el colapso del que están advirtiendo el Supremo "puede ser real en un año", en relación al "embudo" que puede formarse ante la tardanza en la admisión o inadmisión de los recursos que lleguen al Supremo, lo que califican esas fuentes como una amenaza para el derecho a la tutela judicial efectiva.

Salvo en la Sala de lo Penal, a la que la falta de cobertura de vacantes no le afecta a medio plazo, en el resto de Salas la situación se define como "muy preocupante". 

En la Sala III (de lo Contencioso-Administrativo) hay actualmente seis vacantes sin cubrir, a las que sumarán dos más en marzo y abril de 2022, "siendo muy probable que se alcancen las 450 sentencias menos en cómputo anual", advierte el informe. Por otra parte, en la Sala I (de lo Civil) se destaca que la vacante de Antonio Salas Carceller por jubilación; "un evidente perjuicio en una sala ya sobrecargada de trabajo, y que, de persistir la situación, se calcula que dictará 100 sentencias anuales menos".

Respecto a la Sala IV (de lo Social), con tres vacantes actualmente y otras dos previstas (incluida su presidenta) para antes de octubre de 2022, el informe técnico del Supremo resalta que estas bajas suponen prácticamente un 40%  de su plantilla de 13 magistrados, "lo que sería absolutamente insostenible y podría llevar al colapso total, con 400 sentencias menos al año y una alta demora en la resolución de los asuntos". Y en la Sala V (de lo Militar), con una plaza vacante y otra más prevista en 2022, se indica que ello tendrá un inevitable impacto. 

La situación en los Tribunales Superiores de Justicia es de 18 vacantes a día de hoy, mientras que en las Audiencias Provinciales las bajas ascienden a 13. En la jurisdicción militar existen seis vacantes. El CGPJ advierte de que si no se desbloquea la situación, a fecha de 31 de diciembre de 2021 estas cifras aumentarán a 57 vacantes en total, incluida la que deja libre Concepción Espejel en la presidencia de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional tras su designación como magistrada del Constitucional.