La preocupación en Unidas Podemos ante la posibilidad de que el ala socialista del Gobierno se abra a modificar la ley de vivienda tras el informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial parece ser grande. Tanto es así que en el espacio confederal ya tienen un plan para tratar de blindar la norma si el PSOE finalmente decide 'suavizarla', sobre todo en materia de regulación de alquileres.

Hace unos días se conoció que el CGPJ prepara un documento en el que señala que esta ley no respeta las competencias de las comunidades autónomas en sus fórmulas para tratar de limitar los precios del alquiler.

Preguntada por esta cuestión, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, defendió que la norma ya contaba con garantías jurídicas y, aunque aseguró que se tendría en cuenta el informe del órgano de gobierno de los jueces, recordó que no era vinculante y no se mostró partidaria de hacer modificaciones.

Sin embargo, en Unidas Podemos no descartan en ningún caso que el PSOE se abra a cambiar la ley de vivienda cuando el CGPJ emita su informe. Por eso la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quiere tratar de evitar esta posibilidad blindando la norma.

Su plan es el de reunirse con organizaciones y movimientos sociales por el derecho a la vivienda digna con el objetivo, apuntan fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, de "mostrar a la sociedad española la urgencia de la ley de vivienda y el amplio respaldo con el que contaría un texto verdaderamente ambicioso en regulación de precios del alquiler y prohibición de desahucios sin alternativa habitacional".

El departamento dirigido por Belarra no oculta su preocupación "ante la posibilidad de que su socio de Gobierno pueda echarse atrás en los aspectos más ambiciosos de la ley de vivienda ante un previsiblemente duro informe del Consejo General del Poder judicial", apuntan estas mismas fuentes.

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos comenzará este mates esta ronda de contactos, que incluirá a la Coordinadora de Vivienda de Madrid, el Observatorio DESC y los sindicatos CCOO y UGT, entre otros.