A escasas horas de que las bases de ERC se pronuncien sobre el acuerdo con el PSC, varios barones socialistas aumentan la presión sobre Pedro Sánchez, mientras los republicanos avisan de que podrían retirarle su apoyo en el Congreso si no cumple los avances pactados en materia de financiación.

Si hasta este miércoles los líderes territoriales se limitaban a criticar el pacto cerrado con los republicanos, pendiente de ser validado el viernes por las bases del partido independentista, algunos han dado este jueves un paso más allá.

Entre ellos, el secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, quien ha pedido a Sánchez que reúna al Consejo de Política Federal del PSOE para que todos los responsables autonómicos del partido dialoguen con "libertad y lealtad" y definan la postura ante la financiación autonómica.

Ha incidido en que no existe un documento oficial sobre el acuerdo previo alcanzado con ERC que, si finalmente es respaldado por sus bases, llevará a la Presidencia de la Generalitat al primer secretario del PSC, Salvador Illa.

Gallardo ha reivindicado la Declaración de Granada de 2013 y la posterior de Barcelona sobre los principios que el PSOE considera básicos en financiación autonómica y ha recalcado que la "llave de la caja" debe tenerla el Estado, que "es quien distribuye y redistribuye".

Desde Asturias, el Gobierno de Adrián Barbón ha advertido de que tomará las "acciones necesarias" para defender que el modelo de "multilateralidad" y "régimen común" sea el que sirva para reformar el sistema de financiación.

Así lo ha dicho su portavoz y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, al ser preguntado por la posibilidad de que los diputados socialistas asturianos rechacen el acuerdo en el Congreso.

En su opinión, "este preacuerdo incluye una suerte de concierto fiscal para Catalunya" y la respuesta del Ejecutivo asturiano debe ser "en coherencia" de rechazo a que cualquier comunidad abandone el régimen común a través de un concierto fiscal.

Cambiar la LOFCA

Los avances en "soberanía fiscal" pactados con el PSC, que ERC define como "concierto económico" pese a que este término no aparece en el texto del preacuerdo, están supeditados a cambios en normas estatales como la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que requieren de una mayoría en el Congreso.

Esto es, el apoyo de formaciones como las vascas PNV o EH Bildu, la valenciana Compromís o el rival de ERC en el ámbito independentista catalán, Junts.

También el de todos los diputados del PSOE a quienes desde el PP insisten en pedir que voten en contra si se somete a las Cortes con reformas legislativas.

En caso de que el Congreso no dé su visto bueno a los cambios en financiación, la dirigente de ERC, Marta Rovira, ya ha avanzado que han tejido un "plan B" con el Gobierno.

Sin dar más detalles, ha admitido que lo acordado no tendría "tanta permanencia" en el tiempo, pero sería una forma para "comenzar a implementar" el nuevo modelo de financiación y que Catalunya recaude el 100 % del IRPF, que es el primer paso previsto.

Para el presidente catalán en funciones, Pere Aragonès, el principio de acuerdo supone "un salto adelante sin precedentes hacia la soberanía fiscal" y "puede representar el progreso en el autogobierno más grande hasta el momento".

Aragonès ha justificado de este modo el 'sí' que dará este viernes en la consulta en la que los aproximadamente 8.700 militantes republicanos están llamados a posicionarse.