El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado provisionalmente este viernes, con los votos en contra de PP y Vox, el incremento de la tasa turística hasta el máximo previsto, de cuatro euros por persona y noche.

Una vez recibida la aprobación provisional de los cambios en el recargo, no será hasta después de verano, en el pleno mensual de septiembre u octubre, cuando está previsto que se vote la aprobación definitiva.

"Este no es un impuesto a la ciudadanía, al tejido empresarial, ni a la actividad turística, sino a los turistas que disfrutan de la ciudad y que hacen uso de sus servicios", ha afirmado el cuarto teniente de alcalde de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls.

La recaudación subirá a 115 millones de euros

Desde el pasado 1 de abril el consistorio recauda 3,25 euros por pernoctación en cualquier establecimiento y a los cruceristas, una cantidad que se suma a la tarifa general que se queda la Generalitat.

Si la medida prospera, Barcelona pasará de recaudar 95 millones de euros -75 del recargo y 20 del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (IEETS)- a 115 millones.

En octubre de 2023 el ayuntamiento anunció su intención de subir de los 3,25 a 4 euros el recargo para los cruceristas de corta estancia (menos de 12 horas) y pisos turísticos, aunque la medida no prosperó. Ahora, el incremento se contempla en todos los conceptos, incluyendo hoteles de entre cuatro y cinco estrellas, el resto de equipamientos y establecimientos, así como cruceristas de larga estancia (más de 12 horas).

"Queremos llegar más lejos del límite legal de cuatro euros por persona y noche. Vamos a pedirle al nuevo Govern eliminar el tope legal que limita el recargo municipal", ha destacado Valls. El teniente de alcalde ha destacado que cuando esta propuesta fue presentada por el PSC "no prosperó", pero que sí que lo ha hecho con ERC.

El incremento de la recaudación que conlleva la subida de la tasa turística, de unos 20 millones de euros, servirá para financiar el uso intensivo de algunos servicios públicos, como la limpieza, la seguridad o el transporte, y para apostar por espacios de gran afluencia.

"Esta medida tiene un fin puramente recaudatorio y sigue las políticas de Ada Colau de criminalizar y penalizar el turismo. Con los recursos actuales ya se puede gestionar el turismo, pero no se están mejorando los servicios públicos", ha denunciado la concejala del PP Àngels Esteller.

Por su parte, el presidente del grupo municipal de Vox en Barcelona, Gonzalo de Oro Pulido, ha criticado que esta tasa "no reporta nada a los barceloneses, establecimientos y turistas": "Insistimos en eximir de este pago, al menos, a los españoles que vienen a visitar Barcelona", ha exigido.