El Parlament balear ha aprobado una nueva ley de turismo con la que pretende mantener un equilibrio medioambiental y paliar los efectos del cambio climático. Una de las grandes medidas que introduce es la congelación de las plazas turísticas para los próximos cuatro años. 

Actualmente, las Illes Balears cuentan con 625.000 plazas turísticas para una población de 1,2 millones de habitantes. Esta nueva ley es una de las medidas estrellas defendidas por el Govern, liderado por la socialista Francina Armengol, y con el que se busca crear un turismo "de calidad y no de cantidad". El conseller de Turismo, Iago Negueruela, durante el debate parlamentario, ha señalado que las islas se encuentran "prácticamente al límite" de su capacidad.

La iniciativa legislativa del Ejecutivo progresista formado por PSIB-PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca ha salido adelante gracias a que Ciudadanos y El PI apoyasen parcialmente el texto. Mientras que el PP y Vox se han opuesto en la votación. 

Garantizar un turismo sostenible

Con esta nueva ley se invertirán 60 millones de euros para garantizar una sostenibilidad social, económica y medioambiental. Algunos de las medidas que se contemplan son la transformación de solares turísticos para uso residencial o la reconversión de hoteles obsoletos de una o dos estrellas en viviendas, siempre que un 50% sean de protección pública.

Además, esta legislación aumenta la protección a las camareras de piso, un colectivo muy afectado por la siniestralidad laboral. Desde el año 2023, los hoteles deberán instalar camas elevables (mecánicas o eléctricas) para facilitar su trabajo, una medida que implica renovar 300.000 camas y de la que se beneficiarán más de 20.000 camareras de piso.

El PP acusa al Govern de atacar "el libre mercado"

La diputada del PP, Salomé Cabrera, ha criticado al Govern porque, a su juicio, esta ley tiene como "esencia y razón la moratoria y el decrecimiento turístico" y ha acusado al conseller de "jugar al trile". Además, Cabrera ha advertido que la medida es un "ataque a la libre competencia" y a la "libertad de mercado", además de que afectará a los pequeños y medianos empresarios, a propietarios e inversores.