La universidad pública madrileña, que arrastra un déficit estructural desde hace más de diez años, se podría enfrentar a un nuevo recorte con la nueva ley universitaria que prevé aprobar el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso antes de que acabe el año. Los rectores habrían recibido un avance de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades con las líneas generales sobre las cuales se concretará la norma, donde se abre la puerta a una mayor mercantilización de los estudios superiores, a la firma de conciertos y financiación pública de las universidades privadas o a la sanción de la protesta estudiantil, entre otras cuestiones. 

El documento, al que ha tenido acceso Público, habría sido elaborado por el gabinete de Emilio Viciana a fin de conocer la opinión de los máximos dirigentes de las universidades públicas al respecto. En 2024, estos centros de estudios superiores ya han tenido, al menos, un 15% de presupuesto inferior al de 2010 −antes de los duros recortes emprendidos por el Gobierno de Esperanza Aguirre−, lo que ha provocado que cinco de las seis instituciones académicas sobrevivan como pueden en números rojos. 

Esteban Álvarez, responsable de Educación de los socialistas en la Asamblea, advierte de que podríamos estar ante una "una privatización encubierta". La ley impondría una "corresponsabilidad en la obtención de recursos", donde las universidades públicas tendrían que asumir el 30% de sus presupuestos mediante recursos propios. Es decir, a través de ingresos derivados de la oferta de títulos propios, el precio de las tasas y acuerdos con empresas, principalmente. Esto "puede derivar en una peligrosa dependencia del sector privado", señala Álvarez.

"Debe haber corresponsabilidad, pero esta no debe usarse como una coartada a la manifiesta infra-financiación pública. Este enfoque no solo amenaza la independencia académica de las universidades públicas, sino que también favorece áreas de estudio con mayor rentabilidad económica en detrimento de disciplinas cruciales para el desarrollo cultural y social", argumenta el número tres de Juan Lobato. El texto supondría, así, la extensión del recorte de facto del 30% que ya ha asumido el rectorado de la Complutense.

"Es una ley que vulnera la LOSU, la ley de autonomía universitaria... es una ley sorprendentemente paralela a la legalidad. Si se cumple el limite del 30%, la Administración ni siquiera cubriría los sueldos del profesorado. ¿Cómo es posible esto? Es el modelo neoliberal de la universidad que tarde o temprano nos iba a llegar", denuncia Álvarez. Desde Educación, sin embargo, niegan haber enviado aún ningún borrador.

En la misma línea, Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en la región, critica que en lugar de asumir el 100% de la financiación, el Gobierno de Ayuso "vuelva a descargar en las universidades su responsabilidad presupuestaria". "Esta obligación de búsqueda de financiación provoca que Madrid tenga los precios públicos de grados y máster más altos de España, algo que perjudica a los madrileños y que limita la igualdad de oportunidades. Lo rechazamos totalmente", expresa en declaraciones a Público.

En el año 2012, la comunidad aplicó una subida a las tasas académicas del 66% para la primera matrícula en los grados, y en la matrícula de los másteres "pudo llegar hasta el 124%". Además, en estos momentos "las universidades públicas madrileñas son las peor financiadas por alumnado matriculado, su inversión por alumno ronda el 71% de la media nacional y es la más baja de todas las comunidades", tal y como ya recogió este diario. Todo ello pese a ser la región más rica del país y ocupar la primera posición en cuanto al PIB. Con todo, la Consejería de Educación ha adelantado a CCOO que la ley, que todavía no está redactada, "irá acompañada de un incremento presupuesto de cero euros".

El dinero que reciben de la comunidad "no cubre ni los gastos de personal". "Hay una obsolescencia en todas las infraestructuras, que llegan a estar muy anticuadas. Con 600.000 euros para infraestructuras por universidad, que es lo que figura en los presupuestos de 2024, es materialmente imposible abordar, no ya obra nueva, sino mantener lo que se tiene", reprocha Galvín.

Sobre la financiación, llama la atención el apartado del proyecto referido a la regulación de universidades privadas. "La nueva ley madrileña abre la puerta a una financiación pública de los centros universitarios privados, dado que 'se reconoce expresamente su papel como prestadoras del servicio público de educación superior', la formulación con la que se justifican conciertos y subvenciones en la educación no universitaria", denuncia Esteban Álvarez. 

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, también se muestra muy crítica y afirma que "la Comunidad de Madrid debe garantizar fondos suficientes que garanticen estabilidad y certidumbre a la comunidad académica. Es absolutamente necesario para el mantenimiento de las infraestructuras universitarias y para sacar de la precariedad al personal docente e investigador". "Las universidades públicas madrileñas son un orgullo y hay que cuidarlas. Matarlas de inanición financiera parece una forma de fomentar las universidades privadas, a las que Ayuso cada vez pone más ayudas", enfatiza.

El proyecto introduce, asimismo, el criterio de "silencio positivo" en los procedimientos de creación de nuevas universidades y centros adscritos. O lo que es lo mismo, que si la Administración no se pronuncia en un plazo determinado, la solicitud se considera aprobada. "Este mecanismo puede facilitar la proliferación de
instituciones sin un control riguroso de la calidad, poniendo en riesgo los estándares educativos y, en última instancia, la reputación del sistema universitario madrileño", lamenta Álvarez.

Sancionar la protesta estudiantil

Viciana ha sido coherente y en el documento que ha llegado a las rectorías ha escrito negro sobre blanco su intención de establecer un régimen sancionador específico que podría restringir la libertad de expresión y la protesta estudiantil legítima. "Lo que queremos es que se mantenga el orden y el decoro en la vida académica", dijo abiertamente el consejero durante un desayuno informativo a principios de mes.

En concreto se menciona el objetivo de "combatir la ocupación ilegal de espacios públicos y el vandalismo", mediante sanciones leves, graves y muy graves. Álvarez insiste en que "la definición de infracciones debe ser clara y justa, evitando interpretaciones arbitrarias que puedan restringir la libertad de expresión. El énfasis en combatir el vandalismo no debe ser una excusa para limitar los derechos de protesta y manifestación de la comunidad universitaria".

"Esta es la respuesta de Ayuso a las acampadas por Palestina y al resurgimiento de un estudiantado crítico del que la Universidad debería estar orgullosa, no tratar de perseguir y criminalizar", expresan desde la sección sindical de la CGT en la UCM. "Como sindicato de clase no vamos a respaldar la agenda neoliberal de desmantelamiento de los servicios públicos del Partido Popular (...) No queremos dejar de señalar las responsabilidades de Joaquín Goyache en la colaboración y aplicación de todo esto", insisten.