El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende modificar la forma en la que se regulan algunos organismos autonómicos. En esta nueva legislatura, tras la mayoría absoluta de las elecciones de mayo, el grupo parlamentario popular va a reformar 15 leyes distintas a través de una sola norma para, entre otras cosas, expandir su control sobre entidades como Telemadrid, la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia.

El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid es el organismo encargado de velar porque se cumplan las leyes de transparencia en esta comunidad. Además, tiene encomendado resolver las reclamaciones y denuncias que puede interponer la ciudadanía cuando el Gobierno o una administración de esta región pretende ocultar información pública.

Actualmente el órgano está dirigido por tres consejeros que la Asamblea de Madrid escogió con mayoría cualificada —son necesarios los votos favorables de tres quintas partes de la Cámara—, tal y como establece la ley de transparencia madrileña. La proposición de ley que los populares han registrado hace tan solo unos días en la Asamblea modificaría esta norma para hacer desaparecer la figura de estos consejeros, que ocupan su cargo durante seis años y se rotan en la presidencia del Consejo ocupándola cada uno durante dos ejercicios.

Ahora hacen falta tres quintas partes de la Asamblea para escoger quién preside el Consejo; con la reforma pasará a depender solo del Gobierno

El Partido Popular quiere que la presidencia del Consejo pase a depender directamente del Gobierno. La proposición recoge que este puesto será nombrado por el propio Ejecutivo "a propuesta del titular de la Consejería de Presidencia". Los mandatos serán de cuatro años y solo se podrá estar durante dos en el cargo.

A día de hoy es necesario que al menos 81 de los 135 diputados de la Asamblea se pongan de acuerdo para nombrar a esos tres consejeros que se turnan la presidencia. La reforma del PP se votará en el parlamento autonómico en las próximas semanas, ya que ha sido tramitada de urgencia. Si la modificación sale adelante —como previsiblemente sucederá, ya que el PP cuenta con 70 diputados, y por tanto, con mayoría absoluta—, la elección del nuevo presidente del Consejo de Transparencia dependerá solo de Miguel Ángel García, el consejero de Presidencia de Ayuso. 

El PP también quita al Consejo de Transparencia la capacidad de sancionar a la Administración

Esta es una de las principales modificaciones que quiere hacer el PP para extender sus tentáculos sobre el Consejo de Transparencia, pero no es la única. La proposición de los populares también elimina el régimen de sanciones para las Administraciones que incumplen la normativa en materia de transparencia y el Consejo deja de depender orgánicamente de la Asamblea de Madrid para pasar a hacerlo de la Consejería de Presidencia y, por tanto, del propio Gobierno. 

"El Gobierno quiere controlar el Consejo"

Distintos expertos en transparencia en conversación con Público califican de retroceso los cambios que pretende llevar a cabo el Ejecutivo madrileño. "Parece que el Gobierno quiere controlar el Consejo y eso va completamente en contra del concepto de una autoridad independiente que lo que está defendiendo es el derecho de acceso a la información, un derecho fundamental. Deberían fortalecer la independencia del Consejo en lugar de minarla", asegura Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, una organización dedicada a la promoción y protección de la transparencia a nivel europeo.

"Vamos a elegir un modelo en el que tengamos al presidente del Consejo mucho más atado, no vaya a ser que nos toque las narices"

Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia, lo resume así: "Han pensado: 'Vamos a elegir un modelo en el que tengamos a esa persona mucho más atada, que podamos nombrarlo libremente, que dependa de nosotros y la Asamblea no intervenga para nada, y que no tenga ninguna competencia sancionadora porque así nunca va a poder iniciar un procedimiento sancionador, no vaya a ser que nos toque las narices’".

Pero no todos los cambios en la normativa han sido criticados por los expertos. El organismo pasará a contar también con las competencias en materia de protección de datos. Por ello, su nombre también cambiará: de Consejo de Transparencia y Participación a Consejo de Transparencia y Protección de Datos. 

Este punto de la reforma no tiene por qué ser problemático, según explican los especialistas. "De hecho, hay países europeos donde la institución que tiene el control de la transparencia tiene también el de la protección de datos. Lo suyo es que, al margen del modelo en sí, se haga un buen trabajo: que puedan resolver en plazo, que tengan presupuesto y medios suficientes, que actúen de una manera correcta ponderando ambos derechos…", enumera Miguel Ángel Blanes. 

Helen Darbishire coincide con él. La experta, además, recuerda la regulación europea: "Según la normativa de la Unión, cualquier entidad encargada de la protección de datos tiene que tener poder de inspección y poder sancionador. Si se crea una entidad que también se va a ocupar de la protección de datos, tiene que ser independiente y tener esos poderes. Lo que no tiene sentido es que le quiten la capacidad de sancionar, algo que es totalmente un retraso, cuando, además, están creando un organismo que se va a encargar también de la protección de datos".

Un retroceso para unirse a la excepción vasca

Blanes y Darbishire también concuerdan en que el resto de cambios de la reforma impulsada por el PP van a traer un retroceso en materia de transparencia. "Entiendo que han tenido que tener más de un disgusto con el Consejo de Transparencia para apostar por un modelo en el que se modifica la forma de elección y se elimina su facultad sancionadora. Es un paso atrás evidente para tenerlo mucho más controlado», resume Blanes.

En España existen 12 Consejos de Transparencia. El estatal y 11 autonómicos. Lo cierto es que el cambio en el método de elección para la presidencia iguala al madrileño con el vasco, que hasta ahora era una excepción. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública es el único organismo en el que a día de hoy el Gobierno autonómico se encarga de designar a la persona que luego ocupa la presidencia.

La diferencia es que el País Vasco no tiene ley de transparencia. Es la única comunidad autónoma que aún no cuenta con una norma de este tipo. Por ello, es un decreto del propio Gobierno el que regula cómo se conforma este organismo. Este decreto, de 2016, establece que la presidencia la ocupa el director de Gobierno Abierto del propio Ejecutivo autonómico. 

El Gobierno Vasco ha redactado un proyecto de Ley de Transparencia y Participación ciudadana. Aunque previsiblemente no dará tiempo a que el Parlamento lo vote antes de que termine la actual legislatura, el borrador normativo sustituye la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública por otro organismo dotado de más funciones que se llamaría Autoridad Vasca de Transparencia. Aún así, el texto propuesto establece que el Ejecutivo autonómico escoja al presidente de la misma, aunque pasaría a ser una persona externa a la Administración y no un alto cargo como en la actualidad.

"Para que la ciudadanía confíe en estas instituciones es fundamental que no dependan ni sean elegidas por la misma Administración a la que tienen que vigilar porque entonces su independencia se ve comprometida. Si el controlador es designado por la Administración a la que tiene que controlar la capacidad de actuar con libertad y con independencia es mínima. Por no decir inexistente. El mejor esquema es el que recoge actualmente la ley de la Comunidad de Madrid, en el que los que integran este Consejo son elegidos por el Parlamento y dependen del mismo", asegura Blanes.

En comunidades como Catalunya y el País Valencià el Parlamento elige a los miembros del Consejo y luego ellos votan a su presidente

Las comunidades en la actualidad tienen distintos sistemas para escoger al presidente de sus organismos de vigilancia en materia de transparencia. Otros buenos ejemplos son Canarias, donde la elección también depende del Parlamento y el presidente propuesto necesita una mayoría de tres quintas partes de la Cámara, o Catalunya y el País Valencià. En estos dos casos el parlamento autonómico escoge a los miembros del Consejo —también por mayoría de tres quintos— y luego votan entre ellos en un pleno del organismo para decidir quién ocupa la presidencia. 

En otras regiones la presidencia del Consejo la escoge también el parlamento autonómico pero solo es necesario lograr la mayoría absoluta. De hecho, este es el sistema que se aplica en Andalucía. Esta comunidad es la única que en la actualidad tiene un Consejo de Transparencia y Protección de Datos, con ambas funciones juntas, y el propio Gobierno madrileño la usa como ejemplo en su proposición de ley.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo supervisor a nivel nacional, es el otro que el Ejecutivo de Ayuso cita como referencia en la justificación de su reforma legislativa. Lo que no recuerda la proposición es que el presidente del Consejo de Transparencia estatal también tiene que lograr la mayoría absoluta. En su caso, de la comisión del Congreso encargada de esta materia, que vota su nombramiento a propuesta del Ministerio de Hacienda. La reforma de Ayuso no establece que el Parlamento autonómico tenga que refrendar a la persona que el Gobierno madrileño elija para el cargo.

La reforma del PP elimina el requisito de que los miembros del Consejo tengan "diez años de experiencia profesional acreditada"

No es el único cambio en la normativa. Hasta ahora la ley madrileña establecía como requisito que los miembros del Consejo de Transparencia tuvieran "diez años de experiencia profesional acreditada en actividades relacionadas con el sector público, la transparencia y el acceso a la información pública". La proposición del Partido Popular también elimina esta exigencia.

"Quieren una persona que sea absolutamente de su confianza y ya no se le requiere los diez años de experiencia en materia de transparencia, que es lo que marca la ley ahora con muy buen criterio, ni en protección de datos. ¿Que en otras comunidades tampoco se exige la experiencia en ese campo concreto? Pues efectivamente, por eso la ley actual madrileña era pionera y se había convertido en una de las mejores leyes de transparencia autonómicas", resume Blanes.

El PP, en contra de la ley actual desde el origen

El problema con esa ley que elogia el experto es que nunca ha tenido el apoyo del Partido Popular. Se aprobó en 2019 a propuesta del PSOE y con el apoyo de Podemos y Ciudadanos. El PP votó en contra. En aquel momento el presidente de la Comunidad de Madrid era el popular Ángel Garrido, que había sido investido tras la dimisión de Cristina Cifuentes gracias al apoyo de Ciudadanos. Pero el PP gobernaba en minoría y a la oposición le daban los números para aprobar leyes.

Blanes explica que la ley de transparencia madrileña, como es una de las más recientes y se aprobó seis años después de la estatal, reunió lo mejor de las que ya habían entrado en vigor. "Que el Consejo dependa directamente del Parlamento remarca su independencia. Es muy positivo que no lo haga de la Administración a la que tiene que controlar". "Es una ley puntera, mejor incluso que la estatal", asegura en referencia a que el Consejo de Transparencia nacional depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda.

El experto también destaca que la norma madrileña aún vigente establece un régimen sancionador para las Administraciones que incumplen sus obligaciones en materia de transparencia y, sobre todo, que parte del mismo depende del Consejo de Transparencia. "La ley de transparencia madrileña ha sido la primera en España que a la institución garante de la transparencia le atribuye una importante facultad sancionadora", resume Blanes.

"El Consejo de Transparencia madrileño actualmente puede iniciar e instruir los procedimientos de sanción. Resolver lo tiene que hacer la Administración correspondiente, pero al menos el Consejo tiene esas funciones. Eso con la ley estatal es imposible", detalla. De hecho, que el Consejo de Transparencia estatal tenga capacidad de sancionar es una de las reivindicaciones más extendidas entre los expertos en la materia.

La reforma del PP propone eliminar los ocho artículos de la actual ley de transparencia autonómica que regulan cómo funciona ese régimen sancionador y en su lugar se remite al que establece la norma estatal, que, en la práctica, es inexistente. Blanes califica el cambio de "evidente paso atrás".

Lo mismo asegura Darbishire: "Es totalmente un retraso que eliminen el régimen sancionador. Todos los mejores Consejos de Transparencia a nivel internacional, y los más eficaces, tienen regímenes sancionadores. Que el madrileño deje de tenerlo es empujar en la mala dirección. Es muy importante tener sanciones para conseguir que se cumpla la ley".

La reforma también trae algún otro cambio, como la creación de una Comisión de Transparencia en la que el Gobierno regional podrá nombrar a todos los miembros que quiera. La proposición asegura que esta unidad "ejercerá todas las competencias que le asigna esta ley, así como aquellas que les sean atribuidas en su normativa de desarrollo". Pero a pesar de su creación, la reforma propuesta por el PP no le otorga ninguna función.

Aún así, si la proposición del Gobierno autonómico sale adelante, habrá que esperar para ver cuándo se configura el nuevo Consejo de Transparencia y Protección de Datos. El actual Consejo tardó un año y medio en constituirse desde que la Asamblea de Madrid obligó a su creación al aprobar la ley de transparencia.

Cuando a finales de 2020 se formó ese primer Consejo de Transparencia madrileño, Ayuso no asistió a la toma de posesión de los tres consejeros. Eran Antonio Rovira (a propuesta del PSOE), Ricardo Buenache (a propuesta de Ciudadanos) y Rafael Rubio (a propuesta del PP). A día de hoy todos siguen en el cargo. No sabemos hasta cuándo.