El pasado año, el Gobierno de la Comunidad de Madrid que lidera Isabel Díaz Ayuso, firmó un convenio con la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA). La cuantía es de 1,6 millones de euros, a cargo de los fondos europeos, y está destinado para 800 agricultores que se beneficiarán de acciones de asesoramiento y formación en materia de digitalización. Esta colaboración ha provocado la indignación de otras organizaciones del sector, que denuncian desagravios e injusticia por haberse quedado fuera. 

El firmante del convenio es Manuel Llamas, viceconsejero de Economía del Gobierno madrileño. Este viernes, a petición del PSOE y Más Madrid, tendrá que comparecer para dar explicaciones sobre el asunto en la Comisión de Economía y Empleo de la Asamblea de Madrid. A dicha sesión acudirán representantes de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), una de las organizaciones que denuncian la actitud del Ejecutivo de Ayuso en este asunto. También se han quedado fuera COAG y UGAMA. 

Para UPA, el convenio supone "una injusticia flagrante que discrimina a todos los agricultores y ganaderos madrileños que no pertenezcan a ASAJA Madrid". Esta organización está muy vinculada desde hace años al PP y en las últimas elecciones al campo madrileño no llegaron al 50% de representatividad. UPA pide al Gobierno regional que rectifique esta decisión. 

Jesús Anchuelo, secretario general de UPA en Madrid, relata en conversación con Público los hechos sucedidos desde el verano pasado. "Vemos una injusticia muy grande no tratar por igual a todos los agricultores de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué hay que discriminar entre unos y otros dependiendo de a qué organización agraria estén afiliados", señala. UPA presentó una propuesta de convenio en el mes de junio del año pasado. "Nos fueron dando largas. Notábamos algo raro porque no nos daban nada por escrito y era todo por teléfono", afirma Anchuelo. 

El Gobierno de Ayuso les señaló que tenían que adaptar su propuesta porque no se podían firmar convenios con diferentes organizaciones para un mismo fin. UPA realizó una consulta al SEPE que enmendada esa argumentación del Ejecutivo autonómico. La organización, en todo caso, hizo los cambios pertinentes. La Dirección General de Autónomos del Gobierno validó esa propuesta para elevarla a la Consejería. Pero les alertaron de que se resolvería mediante "una decisión política". "Más claro, agua", afirma Anchuelo. 

Desde ese momento la comunicación bilateral se dilató hasta que recibieron una contestación definitiva el 21 de octubre. En ella, el Gobierno señaló a UPA que los plazos para las colaboración se habían consumido. "Vimos claramente que se trataba, como me dijeron, de una decisión política", afirma Anchuelo. Por ello pidieron apoyo a PSOE y Más Madrid para que pidieran explicaciones al viceconsejero sobre esta decisión. 

El diputado del PSOE, José Luis García, califica el caso como una "vergüenza" al marginar a otras organizaciones agrarias. "Curiosamente se centra solo en una asociación elegida digitalmente por el Gobierno de Ayuso. Cuando ellos critican cómo se gestionan los fondos europeos, precisamente este es un mal ejemplo", afirma a este medio. 

Los socialistas consideran que la cantidad del convenio, 1,6 millones, es muy importante para haberlo hecho de esta manera. Critican que tampoco ha habido una convocatoria abierta, que ha habido falta de transparencia. "En la comparecencia del viernes le pediremos explicaciones de por qué han hecho esta chapuza", añade García.