Hay dos escenas que Donostia solo vive durante estos días de agosto. La primera transcurre dentro de la Plaza de Toros, donde 24 animales morirán desangrados como parte de la “Semana Grande” de la capital guipuzcoana. La otra tiene lugar en las calles que atraviesan el centro de la ciudad: allí volverán a movilizarse quienes reclaman el fin de esta tradición. Quisieron hacerlo en las urnas, pero el Gobierno de Rajoy lo prohibió. A eso se aferra hoy el ayuntamiento, en manos del PNV y del PSE, para permitir que la fiesta taurina continúe.

“El alcalde (Eneko Goia) se esconde en un burladero jurídico”, dice Juan Mari Beldarrain, militante del movimiento ecologista Eguzki, una de las organizaciones que llama a manifestarse este miércoles a partir de las 18.00 desde el Bulevar. Allí estarán también las plataformas Donostia Antitaurina Orain (Ahora) y el colectivo antiespecista Askekintza.

Beldarrain es uno de los tantos activistas que lleva ya varios años luchando por el fin de los toros en la ciudad. Estuvo cerca de lograrlo en 2016, cuando Goia –que juró por primera vez como alcalde en 2015- declaró que no se opondría a la consulta ciudadana que impulsaba Donostia Antitaurina. Para ello habían recogido 10 mil firmas, superando incluso las exigidas por el reglamento municipal de consultas para organizar una votación.

El referéndum llegó a tener fecha: se celebraría el 19 de febrero de 2017. “¿Quiere usted que el Ayuntamiento destine recursos municipales o instalaciones para la realización de corridas de toros?", era la pregunta que había acordado la mayoría de la corporación con el apoyo de de PNV, PSE e Irabazi. EH Bildu –que durante la anterior legislatura, con el abertzale Juan Karlos Izagirre como alcalde, había anulado las corridas- optó por abstenerse, mientras que el PP se posicionó en contra.

Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió impugnar esa consulta, que nunca llegó a celebrarse. En febrero de este año, el Tribunal Supremo dio la estocada definitiva: en una resolución fechada el día 21 de ese mes, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo desestimó el recurso que había formulado el ayuntamiento de Donostia para intentar que se anulase el acuerdo del Consejo de Ministros.

“Nuevo expediente”

“¿Cuáles son entonces las opciones que tenemos?”, se pregunta Juantxo Martínez, portavoz de Donostia Antitaurina. A su juicio, hay dos vías. Una de ellas sería “iniciar un nuevo expediente” a favor de la consulta ciudadana “con un consejo de ministros nuevo”, lo que básicamente consistiría en saber si el Gobierno del PSOE también actuaría como el del PP o si, por el contrario, facilitaría el referéndum.

La otra opción que baraja Martínez es “hacer una consulta o una emisión de opinión paralela”, que podría tener incluso el formato de encuesta. El objetivo, sea cuál será la vía, sería que “el ayuntamiento conozca qué opinan los ciudadanos y se tome una medida en torno a eso”.

En esa línea, los organizadores de la manifestación antitaurina recordaron esta misma semana que “una encuesta de percepción ciudadana impulsada por ellos mismos (en relación al ayuntamiento) en 2017 reveló que un 71% de la ciudadanía no está de acuerdo con destinar recursos municipales ni instalaciones a corridas de toros”. “Ya es hora, pues, de que actúen en consecuencia”, remarcaron.

Decisión “soberana”

Martínez va más allá. El portavoz de Donostia Antitaurina recuerda que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en torno a la denuncia que había formulado el PP contra EH Bildu por su decisión de anular las corridas de toros. Para ello, la coalición abertzale realizó en 2013 una modificación en los pliegos de contratación de la plaza de Illumbe –de propiedad municipal-, estableciendo que no se podría realizar allí ninguna actividad que implicase maltrato animal.

El PP quiso judicializar ese asunto, pero la jugada le salió mal. El TSJPV acabó dando la razón al entonces alcalde, alegando que la corporación había hecho uso de su “libre y soberana decisión a la hora de programar lícitamente sus servicios”. Amparándose en esa resolución, Martínez asegura que aquella resolución “da potestad al ayuntamiento para no permitir la tauromaquia, porque puede decidir qué hacer y qué no hacer en sus instalaciones”. De momento, habrá corridas.

"Frustración" del alcalde

Por su parte, el alcalde donostiarra afirmó hace escasos días que siente “frustración” por no haber podido celebrar el referéndum, al tiempo que lamentó que a día de hoy “las vías están cegadas por una decisión del Consejo de Ministros, y, sobre todo, por una sentencia del Tribunal Supremo”, con la cual el regidor mostró su disconformidad. “Independientemente ya de la posición con respecto a los espectáculo taurinos, creo que imponer la obligación e impedir que se pueda consultar sobre esta cuestión, no ya solo a la ciudad de San Sebastián sino a cualquier ciudad, me parece un exceso”, señaló en una entrevista ofrecida a Onda Vasca.