"Basta ya. Dejen de reírse de las mujeres. Dejen de jugar electoralmente con las mujeres", exigía la actual vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata a la presidencia, Yolanda Díaz. Se lo espetaba un Santiago Abascal impertérrito el pasado miércoles en el último y único debate de candidatos, en el que Alberto Núñez Feijóo decidió dar esquinazo a la ciudadanía y no debatir sus propuestas, pero en el que el líder popular estuvo, si cabe, más presente que nunca.

Si algo dejó claro el último duelo a tres en la televisión pública es que la campaña electoral acaba como comenzó: con el feminismo y los derechos LGTBI+ en lo alto de la agenda de agitación propagandística de la derecha y con una falta de capacidad del PSOE y los partidos a su izquierda de sacar rédito de todo lo avanzado en esta materia durante la última legislatura.

La presentación del nuevo Gobierno de Extremadura este mismo jueves pone de manifiesto hasta qué punto el Partido Popular comparte o asume los postulados más duros de Vox.

La ya presidenta de dicha comunidad por el PP, María Guardiola, anunciaba poco después de las elecciones del 28M que no negociaría un gobierno de coalición con la ultraderecha por ir en contra de los derechos humanos de mujeres y personas LGTBI+.

El cambio de opinión fue tan radical que unos pocos días después alcanzó un pacto exprés con Vox y este mismo jueves, en la presentación de su nuevo gobierno, anunció la supresión de la Consejería de Igualdad de la Junta de Extremadura.

También en Balears el Partido Popular anunció que suprimía la consejería de Igualdad, entre otras medidas, aunque en este caso Vox ni siquiera forma parte del Gobierno regional. 

El lobo ya está aquí

A lo largo de las últimas semanas, tanto organizaciones feministas como asociaciones de derechos LGTBI+ han dejado patente que no se trata de avisar de que viene el lobo, porque el lobo ya está aquí. Sino de intentar mitigar los daños y atajar los retrocesos. Una victoria electoral del PSOE con Sumar —improbable según casi todas las encuestas, excepto por la del CIS, a expensas de lo que pudiera ocurrir después con los pactos–, no frenaría el retroceso, pero sí serviría de dique de contención.

La mayoría de las políticas de igualdad y de diversidad son de competencia autonómica y el mapa en este sentido se ha teñido de azul y verde tras los comicios del 28M. Algunas feministas, incluso, han afeado a este Gobierno, y en especial al Ministerio de Igualdad, haber concedido durante la última legislatura un poder de decisión aún mayor a los gobierno regionales en materia de implementación de políticas de igualdad y contra las violencias machistas y de uso de los fondos.

Entre estas medidas figura la contenida en la ley del sólo sí se sí de crear un centro de crisis 24 horas para víctimas de la violencias sexuales en cada provincia, una medida dotada con 66 millones de euros y financiada por los fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

A pesar de que los centros deberían estar finalizados y funcionando a finales de este año, aún no se sabe cuántas provincias tienen en marcha su construcción y algunas no han puesto aún la primera piedra. Ahora, con una mayoría de la derecha y con Vox en muchos de los gobiernos regionales, la capacidad para revertir los avances o simplemente dejar morir las políticas por parálisis o falta de financiación, es mucho mayor.

La renovación del Pacto de Estado contra las violencias machistas, un empeño del Ministerio de Igualdad para dar continuidad al acuerdo alcanzado por todos los grupos parlamentarios en 2017, quedó en el aire tras el adelanto electoral. Todos los partidos, excepto. Vox, se habían sumado a la iniciativa, pero incluso este consenso está hora en peligro con una mayoría de derechas en el Parlamento.

Tal como explicaba a Público esta semana la socióloga Carmen Ruiz Repullo, el Partido Popular, incluso sin la presión de la ultraderecha, supone un verdadero peligro para las políticas de igualdad y contra las violencias.

Andalucía es un claro ejemplo. Se trata de la única región en la que Vox lleva más de una legislatura dentro del Parlamento tras entrar en las instituciones por primera vez con 12 diputados en 2018. "Aquí no han entrado como elefante en cacharrería" destrozando o derogando leyes y programas, sino que "lo han hecho de forma más sutil, pero igualmente dañina", explica Ruiz Repullo. 

En julio de 2022, tras un triunfo aplastante del PP en los comicios regionales que le dieron la mayoría absoluta, Juan Manuel Moreno Bonilla decidió eliminar la Dirección general contra la violencia de genero (un chiringuito según Vox). Un año antes, con una mayoría menos abultada, pero con el apoyo de Ciudadanos, el Gobierno andaluz suprimió las subvenciones a organizaciones de atención a las víctimas de violencia de género.

En 2020 éstas ya no se habían asignado, puesto que pasaron a engrosar los fondos para luchar contra la pandemia de la covid, y en ese mismo ejercicio se anunció que 241 asociaciones de mujeres andaluzas debían retornar los fondos otorgados en 2019 debido a un cambio de criterio en al Intervención General.

Mirada hacia atrás, la destrucción de la red de protección contra la violencia de género bajo el Gobierno de Moreno Bonilla ha sido una constante, a pesar de que el discurso político fuera en dirección diametralmente opuesta.

Si esto ocurre bajo un Ejecutivo del Partido Popular con músculo suficiente para gobernar por sí mismo sin necesitar el apoyo de Vox, un vistazo a lo que ocurre en otras latitudes da simplemente escalofrío.

Uno de estos espejos es Castilla y León, donde la presencia de Vox en el Gobierno ha generado la paralización de diversas políticas de lucha contra la violencia de género e intentos de subvertir leyes nacionales, como la del aborto, al intentar imponer trabas como la introducción de la escucha del latido fetal a mujeres que quieran abortar, para las que las autonomías ni siquiera tienen competencias. 

País Valencià, una comunidad pionera en las dos últimas legislaturas en materia de políticas de igualdad y contra la violencia machista, es otro de los puntos calientes en el que poner el foco en los próximos meses tras la creación de un Gobierno de coalición PP-Vox.

Según alertan las expertas, lo que vemos en Andalucía en los últimos años es cómo se merman las políticas de igualdad, hasta que acaban siendo insignificantes. Organismos e instituciones como el Instituto Andaluz de la Mujer están siendo puestos en manos de personas que, según señalaba Repullo, "no son feministas ni están preparadas en materia de políticas de Igualdad".

Esto, tal como señalan destacadas feministas consultadas a lo largo de las últimas semanas, es lo que está ocurriendo allí donde gobierna el Partido Popular con o sin necesidad de Vox.

Importantes avances y tibieza para defenderlos

Esta ha sido una de las legislaturas con más leyes de marcado carácter social de los últimos 15 años, aunque la aprobación de alguna de ellas no ha estado exenta de polémicas tanto dentro como fuera del Gobierno de coalición.

Bajo este Ejecutivo se ha multiplicado el salario mínimo hasta los 1.080 euros, lo que ha tenido un impacto importante sobre las mujeres, que son las que suelen tener los salarios más bajos y que ha ayudado a disminuir la brecha salarial.

También se ha avanzado en los derechos de colectivos vulnerables, como las empleadas del hogar, a las que se les ha reconocido derechos como el paro o escudos sociales como el Ingreso Mínimo Vital, clave sobre todo en durante la pandemia que ha resguardado la vida de muchas mujeres.

Entre las políticas desarrolladas por el Ministerio de Igualdad cabe además destacar la reforma de la ley del Aborto, que amplió derechos y ha devuelto a las jóvenes de 16 y 17 años la capacidad de abortar sin la necesidad de autorización parental, desbaratando esta traba introducida en la ley por el Partido Popular en 2015. Ahora, el candidato del PP a presidir el Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, amenazó con volver a eliminar este derecho. El partido de ultraderecha, su socio en muchos gobiernos locales, ya ha anunciado que derogará la ley entera, si llega al gobierno.

La ley del sólo sí es sí supuso también cambios importantes en relación al tratamiento de las violencias sexuales, la prevención y la reparación de las víctimas. Por primera vez una ley equiparó los derechos de estas, equiparándolos a las de la violencia de género.

Sin embargo, la rebaja de penas a algunos violadores y la puesta en libertad de algo más de una centena de ellos al aplicar la Justicia la ley más beneficiosa ha oscurecido una norma que estaba llamada a ser la más importante de la legislatura.

La ley de derechos trans y LGTBI+

También la ley de derechos trans y LGTBI+ consagró derechos largamente peleados por este colectivo. Un paraguas que debía armonizar los derechos de las personas LGTBI+ vivan donde vivan y que consagró el derecho a la autodeterminación de las personas trans.

Una ley, sin embargo, que levantó duras críticas desde diversos sectores sociales, como desde la extrema derecha y parte del feminismo, y que ha provocado que tanto el Gobierno como el PSOE y Sumar no se sientan cómodos en su defensa. Así se constató el pasado miércoles durante el debate a tres en Televisión Española, durante el que ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz atinaron a desmontar algunos bulos vertidos por Abascal sobre dichas leyes.

Muchas de estas normas tienen que ser desarrolladas aún. El final de la legislatura, por la convocatoria electoral adelantada a este 23J, ha dejado a medio camino leyes feministas. Sin embargo, muchas de ellas entran dentro del bloque que un Gobierno del Partido Popular, con o sin Vox, ha prometido "derogar o modificar".

Una promesa que, a juzgar por los pasos dados en los gobiernos locales y autonómicos durante las últimas semanas, muy posiblemente sí cumplirá. Esta es, sin lugar a dudas, la principal batalla que se dirime en las urnas este próximo domingo y que podría retrotraer a nuestro país décadas atrás en derechos de las mujeres y la población LGTBI+.