Desde el 23J existe en el Congreso de los Diputados una mayoría parlamentaria que se opone al proyecto político que representan el Partido Popular y Vox; pero esa mayoría no es un bloque consolidado que tenga como una de sus máximas prioridades el sostenimiento de la legislatura en torno al Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez.

Aquí radica la principal diferencia entre el ciclo político que abarcó desde 2020 hasta las generales del 2023 y el momento actual, una diferencia que el Gobierno ha constatado en las dos últimas grandes votaciones celebradas en la Cámara Baja (la de los decretos anticrisis y la de la ley de amnistía).

Hace tres años, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias conformaron el primer Gobierno de coalición de la democracia, pero esa alianza estaba en minoría en el Congreso. Las derechas trataron de instalar el marco de un Ejecutivo débil que abocaría a una legislatura corta e inestable; sin embargo, durante los años siguientes el PSOE, Unidas Podemos y sus socios parlamentarios la apuntalaron e impulsaron un buen número de leyes y transformaciones en contextos complejos como el de la pandemia o el de la guerra de Ucrania.

Esta producción legislativa no sólo vino de la mano de una mayoría en el Congreso, sino también de un diálogo social en el que Gobierno, sindicatos y patronales rubricaron una quincena de acuerdos que permitieron ver la luz a medidas como la reforma de las pensiones, la reforma laboral o las sucesivas prórrogas de los ERTE y subidas del SMI.

Tras las últimas elecciones generales el contexto ha cambiado. El Ejecutivo de Sánchez y de Yolanda Díaz está más en minoría ahora en la Cámara Baja (donde la principal fuerza es el Partido Popular), y el bloque político que en la pasada legislatura era mayoritario (con ERC, el PNV y EH Bildu) ya no alcanza por sí solo para sostener al Gobierno y sus políticas.

El "bloque del sí"

Las formaciones que componen el Gobierno (PSOE y Sumar) fueron conscientes de esta realidad desde el principio, pero confiaron en la posibilidad de construir un nuevo bloque político que pudiera apuntalar la legislatura y cuyo pegamento fuera la oposición frontal a un proyecto (el de la derecha y la extrema derecha) que es más fuerte ahora que en 2020.

El Ejecutivo ensayó por primera vez esta apuesta en la investidura, y tras varios meses de negociaciones (basadas, sobre todo, en el acuerdo con Junts para impulsar una ley de amnistía), consiguió hacer valer por primera vez esa nueva mayoría parlamentaria. En Sumar, incluso, pretendieron darle nombre a esa nueva alianza y construir un relato acerca de los nuevos bloques políticos que afianzara la unidad entre el Gobierno y sus eventuales socios a través de la oposición al PP y a Vox.

En este relato, existiría el "bloque del sí", que invistió a Sánchez y tendría la intención de impulsar reformas mediante la negociación y conciliación de distintos intereses; y el "bloque del no", el de las derechas, cuyo único objetivo es el de desestabilizar la legislatura y debilitar al Gobierno oponiéndose a todas las reformas que llegan a la Cámara Baja.

Sin embargo, en las dos últimas votaciones en el Congreso el Ejecutivo ha constatado que no hay alianza. Hay una mayoría que invistió a Sánchez en noviembre y que tiene una serie de intereses comunes frente a los de PP y Vox, pero esa mayoría no ha devenido en bloque y, a día de hoy, parece muy lejos de hacerlo. 

La oposición de Junts a la actual redacción de la ley de amnistía y su exigencia para que el texto elimine cualquier referencia al terrorismo bloquean el impulso de esta norma, que sentó las bases de la investidura de Sánchez y cuyo fracaso podría hacer zozobrar la legislatura. Los de Carles Puigdemont parecen no tener ninguna intención de conformar un bloque político frente a PP y Vox en el Congreso, y el Ejecutivo lo ha podido constatar en varias ocasiones.

La nueva realidad del diálogo social

La ausencia de este bloque tampoco ayudó en la votación de los decretos anticrisis; el Gobierno salvó in extremis el que contenía las medidas "más urgentes" (en su mayoría, prórrogas de medidas contenidas en los escudos sociales aprobados en años anteriores), pero el denominado decreto de conciliación, que contenía la reforma del subsidio por desempleo y el nuevo permiso de lactancia, decayó tras el voto en contra de Podemos por considerar que el nuevo subsidio contenía un recorte para las pensiones de las personas mayores de 52 años.

Tampoco el diálogo social de esta legislatura es el ejemplo de consenso que fue en la anterior. La patronal, que en los años de la covid-19 y del inicio de la guerra de Ucrania respaldó casi todas las medidas y transformaciones negociadas entre el Ejecutivo y los agentes sociales, lleva meses sin participar en un acuerdo (el último episodio fue su rechazo a la subida del salario mínimo en enero).

Los sindicatos tampoco están en su mejor momento con el Gobierno, al que han acusado de derivar el diálogo social de la pasada legislatura (en el que se negociaba cada coma de las medidas aprobadas) hacia un "proceso de consultas" en el que el Gobierno pregunta a las organizaciones sindicales cuando el diseño de una norma está cerrado y su aprobación es inminente.

CCOO y UGT han pedido una reunión con Pedro Sánchez para tratar de encauzar esta situación; aunque la realidad de los sindicatos no es la misma que la de la patronal, y ambas organizaciones han negociado y respaldado la subida del SMI.

La legislatura acaba de arrancar y el Gobierno afronta más incertidumbres que certezas acerca de la posibilidad de construir un bloque político que pueda apuntalar y dar estabilidad. El Ejecutivo sólo tiene una certeza: esta legislatura no es la pasada.