La Audiencia de Palma ha convocado para el jueves una vista en la que decidirá sobre la petición de medidas cautelares contra Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, con presencia de los dos acusados, después de que hayan sido condenados a 6 años y 3 meses y 8 años y 6 meses de cárcel, respectivamente, por el caso Nóos.

El tribunal que juzgó el caso Nóos ha convocado a Urdangarin y Torres a partir de las 10.30 horas para decidir si acuerda medidas cautelares contra ellos, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

La sala de la sección primera del tribunal provincial que juzgó la causa ha admitido la petición de celebrar una vista sobre medidas cautelares solicitada el mismo día que se notificó la sentencia, el pasado viernes, por el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach.

El propio Horrach ha asegurado este lunes en una entrevista que se inclina por pedir prisión preventiva eludible con fianza para los dos condenados. Además, ha dicho que "en principio" informará a favor de recurrir la sentencia en dos aspectos: los hechos relativos a la Comunidad Valencia y la consideración de CACSA como empresa publica no sometida a la normativa de contratación y en relación a los costes de los eventos. Con todo, ha puntualizado que la decisión de interponer el recurso corresponde finalmente a los fiscales del Tribunal Supremo.

Se celebrarán dos vistas, una por cada uno de los acusados y en presencia de éstos.

No se celebrarán en audiencia pública y en ellas las partes (Fiscalía, Abogacía del Estado y Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares) podrán solicitar la adopción de medidas cautelares si lo consideran oportuno para los condenados por la sentencia notificada el pasado viernes, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia de Palma condenó el pasado viernes a Urdangarin por prevaricación continuada en concurso medial con falsedad y malversación de caudales públicos, un delito de fraude a la Administración, otro de tráfico de influencias y dos delitos contra Hacienda.

Además de la condena de prisión, también le impuso una multa de 512.553 euros y sendas indemnizaciones de 201.175 euros a la sociedad pública Illesport y de 256.276 euros a la Agencia Tributaria por sus delitos fiscales (en total 972.274 euros), según la sentencia, que no es firme ya que cabe recurso contra ella ante el Tribunal Supremo.

Urdangarin se aprovechó de su "privilegiada" posición

Las juezas consideran que Urdangarin se sirvió de su "privilegiado posicionamiento institucional" por su "proximidad a la Jefatura del Estado" para ejercer "una presión moral de entidad suficiente como para mover la voluntad de los funcionarios y autoridades" en Baleares.

Consideran que la contratación del Instituto Nóos para organizar los dos Illes Balears Forum de 2005 y 2006 y una oficina del proyecto del patrocinio del equipo ciclista Illes Balears, por lo que cobró unos 2,5 millones de euros fue una "decisión caprichosa" del entonces presidente balear, Jaume Matas, (condenado a tres años y ocho meses de cárcel), que posteriormente trató de "revestirse de un ropaje de legalidad".

Fueron -según la sentencia- "decisiones arbitrarias, orillando la legalidad puesto que conculcaron los principios de publicidad, concurrencia y objetividad".

Urdangarin se aprovechó del "privilegiado posicionamiento" institucional del que disfrutaba "dada su proximidad a la Jefatura del Estado, por cuanto en aquellas fechas formaba parte de la Familia Real, con ocasión de la relación de parentesco que por vínculo matrimonial había adquirido".

Esa circunstancia "le procuraba el ejercicio de una presión moral de entidad suficiente como para mover la voluntad de la autoridad y los funcionarios públicos" para que "se plegaran a su contratación". su influencia "resulta ser de tal entidad" que "permite afirmar que sin ella el hecho ilícito no se hubiera producido".

A Diego Torres, lo condenaron a 8 años y 6 meses por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con falsedad y malversación; fraude a la Administración, tráfico de influencias, delito contra Hacienda y blanqueo. También fue condenado a pagar multas e indemnizaciones que suman 2,2 millones.