El Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por el Bufete Zaballos y la Asociación de Afectados por Inversores por Criptomonedas (AAIC) con unos trescientos pequeños inversores afectados contra Javier Biosca Gallardo, responsable de un negocio de inversiones en criptomonedas, que lleva desde noviembre de 2020 en paradero desconocido. El dinero presuntamente estafado por este hombre que se presentaba como bróker pero que no estaba registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) asciende a más de 250 millones de euros. 

El magistrado Santiago Pedraz asume la investigación y ordena, en primer lugar, la localización de Javier Biosca, de su esposa, Paloma Gallardo, y del hijo de ambos, Sergio Biosca, por nueve presuntos delitos, entre ellos: estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsificación documental, organización criminal y contra la hacienda pública. "Se trata de una red que se ha valido de la falta de regulación sobre inversiones en criptomonedas para presuntamente delinquir", explica la letrada que dirige la querella, Emilia Zaballos. 

Según la abogada, Biosca podría encontrarse en algún país africano y su familia seguiría en Marbella, donde tenía fijado su domicilio. Biosca dejó de asumir los compromisos de pago para con sus clientes --muchos de ellos pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía-- en noviembre de 2020, cuando desapareció una vez que se encontraba en Guinea para la adquisición de un banco.

La magnitud de este caso aún no se conoce en su totalidad. Según Zaballos, los afectados por la red de Biosca podrían superar los 4.000 y el montante estafado alcanzaría los 3.000 millones de euros por los precios que pueden alcanzar estas monedas virtuales. "En la asociación hay otras 200 personas que quieren sumarse a la querella, por lo que podríamos ser 500. Hay muchas personas afectadas fuera de España, porque Javier Biosca expandió su negocio como la espuma. Hay un club de inversores afectado en Italia, una empresa en Portugal y en Estados Unidos también hay afectados", dice Emilia Zaballos. 

La querella del despacho Zaballos incluye un informe pericial, realizado por Marcos Carrera, que entre sus conclusiones establece que Javier Biosca contaba en su 'wallet' o monedero virtual con 1.532,55 bitcoines, lo que equivale a 75 millones de euros, según el precio actual de esta criptomoneda. Ahora mismo controlaría otros 'walets' donde habría derivado dichos fondos, según señala el informe pericial aportado a la Audiencia Nacional.