MADRID.- El juez de la Audiencia Ismael Moreno ha rechazado una querella interpuesta contra los exministros Elena Salgado y Miguel Sebastián y Endesa por los 3.400 millones de euros cobrados de más por las eléctricas en concepto de costes de transición a la competencia (CTC) .Los CTC fueron un sistema puesto en marcha para compensar a las eléctricas por los posibles perjuicios derivados de la liberalización del sector, de manera que se les garantizaba en determinado precio mínimo por su producción.

Este sistema funcionó hasta 2001 (se compensaba el mercado para alcanzar ese precio mínimo) pero en ese año la producción se encareció, de manera que ya no eran necesarias esas compensaciones, aunque como estaban contabilizadas se abonaron.

Según la querella, pese a que existían informes que cifraban ese desfase en 3.400 millones e incluso se elaboró la normativa para reclamar las cantidades abonadas de más, nunca se aprobó, de manera que las eléctricas no tuvieron que devolverlas.

En un auto, el magistrado no admite a trámite la denuncia que interpuso la Organización Nacional de Consumidores de España Causa Común, dirigida también contra el exsecretario de Estado de Energía Pedro Luis Marín Uribe, en la que les acusaba de los delitos de prevaricación en comisión por omisión y estafa agravada bajo la forma del delito masa.

Tras el examen y estudio de las actuaciones, las diligencias practicadas en su día por la Fiscalía Anticorrupción y el expediente remitido por el Ministerio de Industria, Moreno llega a la conclusión de que los hechos denunciados "no son constitutivos" de delito, ya que no concurren los presupuestos exigidos reiteradamente por la jurisprudencia.

"A tenor de los datos y elementos existentes, ha de concluirse que la querella en cuestión cuando menos no es fundada a efectos penales, al no revestir los hechos caracteres de delito", por lo que considera que procede no admitirla a trámite.

Según la organización, los querellados permitieron a Endesa el cobro de importantes cantidades de dinero, hasta 1.562 millones de euros procedentes de los llamados costes de transición, como consecuencia del suministro eléctrico que dicha compañía presta a los ciudadanos para compensar a las compañías por las inversiones que habían realizado antes de la liberalización del sector.

En su opinión, estos hechos supusieron una estafa porque con la subida del petróleo y del gas, esta forma de actuar determinó que la compañía cobrara más de lo inicialmente previsto, lo que repercutió en los consumidores hasta su derogación mediante el real decreto de medidas urgentes en el sector energético de 2006.
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