El fotoperiodista de El País Albert Garcia cubría las manifestaciones convocadas tras la sentencia del procés cuando fue detenido por supuestamente haber agredido a dos agentes antidisturbios de la Policía Nacional. Garcia lo niega y tilda las acusaciones de falsas, pero la Fiscalía pide para él 18 meses de cárcel y 480 euros de multa. El juicio contra el profesional de la información arranca este jueves y aglutina el rechazo de la profesión.

En concreto, el reportero fue detenido el 18 de octubre de 2019, el día en que se produjo la que se bautizó como la batalla de Urquinaona. Mientras que Garcia asegura que estaba intentando que los agentes no le impidieran fotografiar unas actuaciones policiales dudosas, pero el Ministerio Público le atribuye dos delitos de atentado contra agentes de la autoridad y un delito leve de lesiones.

Varias organizaciones profesionales de periodistas de Catalunya impulsaron hace unos días un manifiesto en el que califican la actuación de la Justicia de "juicio a toda la profesión y ataque a la libertad de prensa". El escrito afirma que "las imágenes grabadas de la detención prueban que en ningún caso hubo agresión, desobediencia u obstrucción".

Además, tachan lo sucedido de "montaje policial" y de "detención injusta, desproporcionada y represiva". Y, además, reclaman al Ministerio del Interior que desautorice la versión policial y que la Fiscalía retire las acusaciones, así como la derogación de la Ley Mordaza y el respeto por la libertad de prensa.

Una violación de normas y acuerdos internacionales

Por su parte, la Plataforma por la Libertad de Información (PLI), también firmante del manifiesto, ha recordado que "las agresiones contra periodistas que cubren manifestaciones o protestas representa una amenaza para la libertad de prensa y una violación de normas y acuerdos internacionales, según vienen denunciando reiteradamente organismos internacionales". 

La PLI también reprueba que el Estado acuse a los periodistas en lugar de tomar medidas correctivas tras las agresiones policiales a la prensa. Además, la asociación recuerda a los Grupos Parlamentarios el daño que causan los artículos de la Ley Mordaza que otorgan presunción de veracidad a la declaración de un agente de las Fuerzas de Seguridad del Estado, teniendo esta más valor a nivel jurídico que la versión del afectado, y pide que se acelere la prometida derogación de esta norma.

Esa misma noche, las agresiones policiales a informadores fueron numerosas y documentadas la mayoría de ellas. Según recuerda la PDI, entre otros se encuentran los de Pol Pareja de eldiario.es, Elise Gazengel de CTXT, Jordi Mumbrú de Ara, Joan Giralt de La Directa, y Albert Salamé de VilaWeb.

Los impulsores del manifiesto han convocado varias protestas para mostrar su rechazo al procedimiento. Una de ellas tuvo lugar el pasado jueves 7 de octubre a las puertas de la Delegación del Gobierno en Barcelona y este jueves se celebrará otra en la entrada de Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde se celebra el juicio.