Un juzgado de Madrid ha archivado la querella que interpuso la madre de Cristina Ortiz, La Veneno, contra su biógrafa, Valeria Vargas, por la falsificación de su firma en un contrato de cesión de los derechos de su libro de memorias en beneficio exclusivo de la escritora.

El juzgado de instrucción número 18 de Madrid afirma que no se ha podido determinar si la firma de La Veneno, que falleció en 2016, "es auténtica o no, ni si fue realizada por Valeria Martínez", conocida como Valeria Vargas, de manera que cierra la causa.

El litigio parte de un contrato del 13 de abril de 2016 relacionado con las memorias oficiales de la artista, en las que se basa la exitosa ficción La Veneno, que también retrata el personaje de Vargas.

La madre de Cristina Ortiz denunció la falsificación de una supuesta declaración de voluntad de su hija reflejada en dicho contrato, en el que supuestamente renunciaba en favor de su biógrafa a cualquier beneficio económico por la explotación de los derechos del libro, cuando en realidad asegura que lo pactado era repartirse el 50 % de los beneficios.

El magistrado explica que de los testigos que han declarado, uno ha dicho que La Veneno conocía el contenido del contrato y lo firmó, y otro que, aunque Vargas le dijo que no se ajustaba a lo pactado y que La Veneno no quería firmar nada, no le comunicó que la firma fuera falsa o que el contrato no existiera.

Según el juez, las conductas denunciadas "no están debidamente determinadas" y "procede" archivar el caso, una decisión que la madre de La Veneno, representada por el abogado Manuel Merino, ha recurrido ante el juzgado.

En su recurso argumenta que aparte del informe policial que no supo precisar si la firma era de La Veneno y en el que se basó el juez para archivar el caso, también existe otro de un perito grafológico que niega que sea su rúbrica, y dice que el archivo adolece de "un déficit de motivación que impide conocer por qué el juez instructor rechaza las conclusiones" de este segundo informe.

Reprocha al juzgado que le ocultase el contenido del informe policial, produciéndole "indefensión", y afirma que los indicios de falsedad "habrían sido corroborados periféricamente" por Valería Martínez en medios de comunicación y en los correos intercambiados con la familia de La Veneno tras su muerte.

Estos, añade, "evidencian de forma clara e indubitada" que ambas "habrían convenido repartirse por mitad los beneficios" del libro, algo que también resulta corroborado si se atiende a "la situación de penuria económica que en ese momento atravesaba" La Veneno.

Acusa además a la escritora de actuar "para obtener ingentes beneficios económicos por la venta o cesión onerosa de esos derechos" a diferentes productoras, "a resultas de lo cual fueron emitidos en fechas recientes diferentes capítulos de la exitosa serie televisiva La Veneno.

A su juicio, fue Vargas "quien creó un documento simulado con relevancia jurídica" del que se habría beneficiado "para obtener suculentos beneficios económicos".

La decisión del juzgado se produce poco después de conocerse la negativa de la Fiscalía de Madrid a reabrir la causa por la muerte en 2016 de La Veneno, como solicitó su familia tras un informe pericial que concluía que el fallecimiento era de "origen violento y lesivo-homicida".