La aporofobia fue reconocida el año pasado como la palabra del año por la Fundación del Español Urgente. Es un término que sirve para poner nombre al miedo, el odio y la repugnancia hacia la pobreza, los sin recursos o los desamparados. Representa una realidad que a día de hoy sigue muy invisibilizada y que muestra las agresiones que sufren las personas sin hogar: uno de cada tres sintecho que falleció en 2017 fue por violencia física. Sin embargo, para el Código Penal, esto sigue sin ser delito de odio.

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea pretende cambiar esto en el Senado a través de una Proposición de Ley de reforma del Código Penal para incluir como agravante los delitos por el odio a la pobreza o a la exclusión social. Este viernes se registra la iniciativa a la que ha tenido acceso Público y que marca la importancia de regular estas situaciones de discriminación "bastante invisible y poco denunciado". 

Joan Comorera de En Comú Podem, ha sido el senador que ha impulsado esta ley. Con ella se pone el foco en que las discriminaciones van más allá de los fenómenos identitarios y que también están ligadas a las circunstancias económicas. Realidad que muestran los datos: el Observatorio Hatento denuncia que un 47% de las personas sin hogar han sido víctimas de un delito de odio por aporofobia. Aunque aún más aterrador son los datos que dan los últimos informes RAXEM del Movimiento contra la Intolerancia. Un 27% de las muertes de personas sin hogar en el año pasado fue por agresiones y violencia física.

Para paliar esta violencia, nace esta propuesta. Comorera explica a Público que la propuesta no es sólo una petición del grupo confederal, sino una reivindicación de la sociedad civil que trabaja mano a mano con las personas sin hogar como la Fundación Arrels de Barcelona o la Fundación RAIS de Madrid. Esta última, lo ha manifestado en diversas ocasiones, siendo una de las líneas que remarca que se debe llevar a cabo para revertir y combatir estos delitos.

Estas asociaciones también ponen en el foco que cuando las personas en situación de pobreza o exclusión social son víctimas de esta violencia no se atreven a denunciar e ir a los juzgados. El miedo por que no les crean o a sufrir mayores consecuencias forma parte de los temores que lleva a mantener en silencio esta cruda realidad. Por ello, apunta Comorera que reconocer por ley la existencia de esta violencia "es un impulso para comenzar a cambiarlo".

"Reconocerlos, visibilizar el problema y darles voz. Con esto ya merece la pena", alega el senador. Además de incidir en que esta tipificación también "es una herramienta que piden jueces y fiscales para aplicar en estos supuestos que no se puede hacer para homicidios, pero no como agravante uqe muchas veces está muy claro porque es por la situación socioeconómica".

Sobre las posibilidades de que la Proposición de Ley salga adelante, se cree que hay muchas posibilidades. El año pasado, el grupo confederal ya presentó una moción que se aprobó en el Senado por unanimidad. Que salga adelante o no estará en manos del PP ya que tienen la mayoría de la Cámara Baja. "Ahora sería contradictorio que la rechazaran. No sé cómo lo justificarían", apunta Comorera. 

¿Por qué se debe incluir?

No sólo por los datos y por los motivos de discriminación se alega que debe incluirse el agravante por la aporofobia en los delitos de odio. Como apuntan en la Proposición de Ley, hasta ahora, "los Tribunales mayoritariamente se limitaban a tratar las agresiones de este tipo como delitos de lesiones". Sin embargo, informes de los últimos años como los de la Fiscalía General del Estado introducen estas propuestas. En concreto, desde la memoria de 2015 se propone "agravar las penas que deben imponerse a aquellas personas que actúan contra las víctimas por su situación socieconómica de exclusión o de pobreza".

Asimismo el articulo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece la prohibición de toda discriminación, entre otras, por razones de patrimonio. Sin embargo, este vacío se mantiene y no se ha cambiado. A partir de ahora estará en manos del Senado dar respuesta y reformar el artículo 22 del Código Penal, tal y como se propone en la ley para que quede redactado: "Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, razones de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad".