Una vez más, los dirigentes independentistas catalanes han logrado zafarse del marcaje del Gobierno de Rajoy, con un movimiento sorpresa que ha pillado a contrapié al propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Sólo minutos después de que Maza anunciase que la Fiscalía se querellaba contra Carles Puigdemont –además de todos los miembros de su Govern, la presidenta del Parlament y los miembros de la Mesa– por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación –castigados con penas que suman más de 30 años de prisión–, estallaba la bomba: el expresident de la Generalitat y cinco de sus consellers se habían refugiado en Bruselas y planeaban pedir asilo político en Bélgica.

Semejante huida por la tangente no tendría que haber sorprendido a las autoridades, puesto que dirigentes de la CUP como la diputada Mireia Boya ya proclamaron tras el 1-O que, si era destituido en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Govern debía continuar su desafío desde el exilio, por ejemplo en Perpignan. "Y a ver quién le hace caso al virrey y si se impone a porrazos como ellos saben", concluía su tuit.

No obstante, fuentes de la CUP reconocieron a Público ayer tarde que no participaron en absoluto de la fuga de Puigdemont con sus exconsellers de Gobernación, Meritxell Borràs; Salud, Antoni Comín; Interior, Joaquim Forn; Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa: y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret, dos del PDECat y dos de ERC.

Al parecer, la gran escapada del Govern –primero en coche hasta Marsella y después en avión hasta Bruselas– se fraguó en la noche del sábado en una discreta reunión entre miembros del núcleo duro independentista de esos dos partidos celebrada en una casa rural de Vilaür, en el Alt Empordà. Puigdemont no participó en el encuentro hasta última hora de la noche, según fuentes citadas por La Vanguardia.

En cualquier caso, "nadie sabía nada, ni siquiera Junts pel Sí," de los planes concretos de fuga, según aseguran a Público fuentes cercanas al Govern cesado. Incluso entre los altos cargos de la extinguida Consejería de Asuntos Exteriores que dirigía Raül Romeva se ignoraba ayer tarde si Puigdemont se plantea regresar a hacer frente a la Justicia española o pretende asentarse en Bruselas indefinidamente.

Aunque tampoco tiene aspecto de haber sido una iniciativa improvisada, ya que muy pocas horas después de que Puigdemont y su gente llegaran a Bélgica se anunciaba que el letrado belga especialista en derechos humanos Paul Bekaert asumirá su defensa. Bekaert fue también el abogado de la presunta etarra Natividad Jáuregui, que Bélgica rechazó entregar a España después de tres órdenes de arresto dictadas por la Audiencia Nacional en 2004, 2005 y 2015.

En realidad, cuando el secretario de Estado belga de Inmigración y nacionalista flamenco, Theo Francken, afirmó que Puigdemont podría solicitar asilo político en Bélgica porque "queda por ver hasta qué punto sería justo su juicio" en España, puede haberse ido de la lengua. Los nacionalistas flamencos también reclaman la secesión pacífica de Flandes y han expresado siempre simpatía por los soberanistas catalanes.

El fiscal general Maza ha intentado reaccionar rápidamente, solicitando a la magistrada de la Audiencia Nacional que estaba de guardia –Carmen Lamela, casualmente la misma que ha ordenado la prisión de "los dos Jordis", Sánchez y Cuixart, de la ANC y de Òmnium– que haga comparecer de inmediato a los querellados para tomarles declaración. Algo que, en caso de incomparecencia, obligaría a cursar una orden de busca y captura.

Sin embargo, el conflicto legal internacional –en el caso de que el expresident y sus consejeros se refugiasen en Bruselas– sería muy incómodo, puesto que obligaría a tramitar esa orden de detención a través de la Europol y tendría que intervenir la Justicia belga para dirimir si los reos están siendo injustamente perseguidos o bajo amenaza de una pena desproporcionada.

Muchos juristas, como la magistrada Victoria Rosell, sostienen que no existe fundamento legal ninguno para acusarlos de rebelión y, además, la Audiencia Nacional no es competente en este caso. Aunque, al mismo tiempo, Rosell asevera que tampoco puede Bélgica darles asilo político:

De lo que no cabe duda es de que, con esta última jugada en el tablero del duelo Gobierno-Generalitat, Puigdemont está creando un problema jurídico y político internacional muy espinoso para Rajoy. Por ejemplo, España ha solicitado oficialmente a Israel que tome postura contra la declaración de independencia de la República Catalana, sin que el Gobierno de Binyamín Netanyahu haya respondido a la solicitud. El motivo es que la sociedad y las autoridades de Israel siempre han sido muy favorables a los movimientos nacionalistas, y especialmente el catalán.

Cuando el dictador chileno, Augusto Pinochet, estaba en Londres y el juez Baltasar Garzón consiguió que fuera retenido allí por la Justicia británica, el entonces presidente del Tribunal Supremo israelí, Aaron Barak, invitó al magistrado español a dar una conferencia en Israel sobre el derecho internacional. Tras la charla de Garzón, en defensa de la importancia de la justicia internacional, Barak intervino para explicar que acababa de llegar de Eslovaquia y que allí había recomendado a las autoridades independentistas eslovacas que tenían que olvidarse de las leyes internacionales e imponer sus propias leyes, sin ni siquiera prestar atención a lo que les reclamase la Unión Europea.

Israel apoya prácticamente todas las reivindicaciones nacionalistas, y el propio Netanyahu acaba de respaldar el referéndum de independencia del Kurdistán. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, viene a principios de noviembre a Madrid y está evitando pronunciarse sobre Catalunya, rechazando las entrevistas que le solicitan. Además, el conflicto entre España e Israel por el desafío soberanista catalán viene de lejos, ya que José Manuel García Margallo, cuando era ministro de Exteriores, incluso vetó el nombramiento de un cónsul israelí en Barcelona porque le parecía demasiado afín a los nacionalistas catalanes.

El pulso Rajoy-Puigdemont entra en una nueva fase: el forcejeo diplomático.