*Esta información se ha modificado después de su publicación

Pocos meses después de la detención de José Manuel Villarejo Pérez (el 3 de noviembre de 2017), la Fiscalía Anticorrupción que acababa de iniciar la investigación judicial sobre la mafia policial de ese comisario jubilado recibió un amplio escrito, acompañado de pruebas indiciarias documentales, sobre la operación secreta de compra ilegal de los sistemas de espionaje telefónico israelíes Pegasus cometida por el entonces Director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, y su jefe de Gabinete, José Ángel Fuentes Gago, según ha podido contrastar Público, que está en posesión de esos documentos.

Tal como adelantó este diario el 8 de noviembre de 2017, Pino y Gago tramitaron ilegalmente la adquisición con fondos reservados de Sprinter e InterApp, diseñados por el Grupo Rayzone para "que las agencias de inteligencia y policiales intercepten y graben llamadas de voz y mensajes de texto". Uno de los propietarios de Rayzone sería posteriormente el intermediario de la venta de Pegasus. Estos sistemas de alta tecnología fueron los que el comisario Villarejo empleó para espiar a políticos soberanistas catalanes en la Operación Cataluña, así como los que se usaron para grabar la conversación de agentes del Centro Nacional de Inteligencia con el jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, en el caso del Pequeño Nicolás.

A raíz de este último caso, Martín-Blas averiguó que sólo un mes antes de esa grabación ilegal –en grave violación de la seguridad del Estado, al espiar a agentes secretos en acto de servicio– desde la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía se había comprado a escondidas el mencionado sistema israelí de spyware de alta tecnología, como demuestra la carta –con membrete, sello y rubrica– que dirigió Pino al consejero delegado de Verizon y socio de NSO, la empresa que empezaba a desarrollar el programa Pegasus, Matan Caspy. Una misiva cuyo original a color reproducimos aquí.

"Demostración en directo y ensayo sobre el terreno del sistema"

En esta misiva redactada en inglés, el DAO Eugenio Pino invitó a Caspy –quien vendió en 2011 la primera licencia del software Pegasus que Israel facilitó a un país extranjero– a efectuar en España las últimas pruebas prácticas, como "continuación de los encuentros y demostraciones mantenidos" anteriormente, a partir del 11 de agosto de 2014, en lo que denomina "Live Demo and Field Test of Tactical Passive GSM system" (Demostración en directo y ensayo sobre el terreno del sistema GSM táctico pasivo) que "se prolongarán durante 10 días y serán dirigidos por los equipos técnicos y operativos correspondientes".

Pero la compra de esos equipos no se tramitó por los canales correspondientes, ni tampoco el Pegasus era necesario para las actuaciones policiales, porque todas las intervenciones de control de comunicaciones autorizadas judicialmente –como es imprescindible– son efectuadas con el sistema SITEL por la Unidad de Sistemas Especiales (de la Subdirección General de Gestión Técnica), para la Policía Judicial, o por la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) si es para la Comisaría General de Información.

Precisamente el número dos y máximo experto tecnológico de esa UCAO, el ingeniero de comunicaciones Mariano Hervás, había protestado en diciembre de 2013 de que no era necesario adquirir ese nuevo equipo israelí, durante una comida que mantuvo con Pino, su jefe directo, Enrique García Castaño, y el exDAO Agustín Linares, padrino policial de Villarejo, quien reflejó ese encuentro en una de sus agendas. La insistencia de Pino y Linares en comprar Pegasus sólo se explicaba por la intención de utilizarlo fuera de la ley, sin autorización judicial, y ese propósito quedó confirmado cuando un agente de Asuntos Internos confesó haber sido utilizado como pantalla, actuando bajo el alias de Ai Lionel, para ocultar la negociación con Matan Caspy.

La confesión del agente pantalla 'Lionel'

A continuación, mostramos (con algunas omisiones para proteger a la fuente) el volcado informático del chat de WhatsApp en el que dicho Lionel explicó cómo se ejecutó ese método de ocultación:

En este intercambio de mensajes, el agente utilizado como pantalla (alias Lionel) aporta los archivos que demuestran la vía por la que se enmascaraban los correos electrónicos de la operación de compra de Pegasus:

16/10/17, 15:53 - Ai Lionel Grupo: Detalle del correo donde venía uno de los documentos: De secretaria, pasa a director operativo, después a Jose fuentes [José Ángel Fuentes Gago] y por último a mi

18/10/17, 10:55 - Ai Lionel Grupo: De cuenta oficial me enviaban información a [email protected], ahí tenia que extraer en un usb los datos adjuntos y ya desde la cuenta [email protected], (cuya clave también la tenía el destinatario) redactar mensaje adjuntando los archivos previamente extraidos y guardarlo en "borradores" así se evitaba cualquier tipo de tráfico en la cuenta

Fuentes Gago sigue en la cúpula de la Policía de Madrid

Es decir, se utilizaba el clásico sistema de "buzón muerto" habitual para comunicaciones de inteligencia y con confidentes, que también es conocido y empleado por organizaciones mafiosas internacionales. Y el que gestionaba esa operación personalmente, como todas las demás de las cloacas de Interior –informe PISA, filtraciones a la prensa y montajes policiales (como el del alcalde de Barcelona Xavier Trias), pendrive fantasma del caso Pujol, caso Nicolás, etc.– era Fuentes Gago, el jefe de Gabinete del DAO. Por todo ello, y por haber amenazado a la periodista Patricia López, Gago tuvo que comparecer ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, donde se escuchó la grabación en la que advertía telefónicamente a la reportera de que "va a haber que hacer las cosas a las bravas" si seguía publicando informaciones sobre el comisario Villarejo.

Por sus tareas especiales para el DAO, Fuentes Gago fue primero premiado con el cargo de oficial de enlace de Interior en La Haya (cobrando más de 10.000 euros al mes), junto a su esposa que también estaba de enlace en ese país, y tras destaparse el escándalo de las cloacas de Interior y llegar al poder el PSOE, regresó a España. No obstante, y a pesar de ese historial, actualmente está bajo la protección del jefe superior de la Jefatura de Madrid, comisario principal Jorge Manuel Martí, muy cercano al PP, quien ha ascendido a Gago a jefe de sección de su Secretaría General.

Un sistema de espionaje dirigido a Catalunya

En cuanto a la información aportada por el agente Lionel empleado como pantalla para la compra a Israel del spyware Pegasus, los archivos adjuntos que aportó en sus mensajes que hemos reproducido muestran claramente que ese sistema de espionaje telefónico estaba destinado a operar ilegalmente en Catalunya, ya que uno de ellos precisaba:

"Para pasar el material de forma segura, se ha de utilizar el aeropuerto de Madrid y después llevar el material a Barcelona. El hotel en Barcelona, sin problemas. Solamente nos tenéis que decir cuantas personas vienen y cuantos días así como las fechas."

Todos estos hechos, así como los materiales probatorios originales, fueron presentados al fiscal del caso Nicolás, Alfonso San Román, a finales de octubre de 2017, en sendos escritos de denuncia que exponían detalladamente en 13 folios cómo se había negociado la compra, y efectuado ensayos operativos sobre el terreno, de esos equipos israelíes de espionaje de comunicaciones, durante los dos meses anteriores a que se grabara ilegalmente la reunión confidencial entre el entonces director de la Unidad de Asuntos Internos, su segundo y tres agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Una gravísima violación de la seguridad del Estado que se estaba investigando en ese mismo caso Nicolás.

Sin embargo, el 31 de enero de 2018 el fiscal San Román rehusaba de plano investigar esa compra ilegal del spyware Pegasus, afirmando que "las diligencias propuestas no son necesarias, útiles ni pertinentes para la presente investigación", como se puede leer en la última página de ese escrito, al que Público ha tenido acceso y que aquí reproducimos.

Fiscal: "Nada podrá llevarnos a saber qué software se empleó"

Para justificar su negativa a investigar los hechos denunciados –que suponían la presunta comisión de numerosos delitos por parte de altos funcionarios públicos de las fuerzas del orden, incluidas la malversación, la prevaricación y la falsedad documental–, el fiscal San Román adujo que "las indagaciones propuestas" eran "claramente prospectivas" y "no debe iniciarse ninguna investigación sino en virtud de la noticia de la comisión de un hecho concreto que revista los caracteres de infracción penal".

Pero resulta que ese fiscal estaba precisamente encargado de investigar un hecho delictivo muy grave y concreto: la grabación ilegal de la reunión entre agentes del CNI y el jefe de Asuntos Internos cometida el 20 de octubre de 2014. Y se escudó en que no se sabía todavía "si se produjo o no la compra de un software", ni "si llegó a utilizarse, ni en qué casos", ni si "fue o no con autorización judicial". Cuando esos extremos eran, precisamente, los que tenía que esclarecer en base a las pruebas indiciarias presentadas que mostraban que, presuntamente, así fue.

También argumentó el fiscal San Román que "nada de eso podrá llevarnos a saber qué software se empleó en la grabación objeto de estas actuaciones porque no se ha detectado rastro informático alguno en el teléfono del Sr. Martín Blas". Pero los documentos probatorios que se le presentaban correspondían justamente a un nuevo y sofisticado sistema informático de espionaje que no dejaría rastro para los técnicos que no lo conocieran, de forma que las indagaciones sobre ese spyware podían llevar a la resolución del caso que se veía incapaz de resolver con los conocimientos tecnológicos a su disposición.

Además, los mensajes de email cruzados entre el correo pantalla del DAO español y el de la empresa israelí Verizone exponían un calendario plenamente coincidente con los hechos investigados. El sistema de espionaje se habría ensayado entre el 11 y el 21 de agosto; la compra se habría cerrado el 3 de septiembre y abonado en tres plazos (los días 6 y 15 de ese mes, y el 3 de octubre), y justo en ese momento y a continuación se produjeron las grabaciones cruciales e inexplicadas: las del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en su despacho oficial, los días 2 y 16 de octubre, y la de la reunión entre los agentes del CNI y Martín-Blas, el día 20 de octubre.

La Fiscalía Anticorrupción como último recurso

Era, pues, pertinente indagar si todos esos hechos estaban vinculados, pues esa línea de investigación tenía muchas posibilidades de solventar el caso. Pero el fiscal dijo no entenderlo: "Si lo que se pretende es averiguar si una compra de software, compra que desconocemos si se produjo, se hizo conforme a las normas administrativas que las regula, no es un procedimiento judicial por delito de revelación de secretos donde deba sustanciarse esa indagación".

Todo indica que como consecuencia de esas compras de spyware israelí se cometieron después numerosísimos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, afectando a altas personalidades del Estado y de la política, además de abogados y periodistas.

Unos meses después de esa negativa a indagar por parte del fiscal del caso Nicolás, Martín-Blas logró hacer llegar ese escrito de denuncia a los fiscales de Anticorrupción que investigaban la macrocausa Tándem, ya que Villarejo está también imputado en la grabación ilegal de agentes del CNI –delito que nunca se ha resuelto–, y que en muchas de las subpiezas por espionaje político o industrial presuntamente cometido por el comisario de las cloacas de Interior se emplearon medios sofisticados de spyware y control de comunicaciones telefónicas.

Público ha podido verificar en diversas fuentes que a la Fiscalía Anticorrupción le llegó en 2018 esa denuncia completa, y se ha puesto en contacto directo con uno de los fiscales que en aquel momento investigaban Tándem, quien se ha limitado a responder:

"Creo que no puedo comentar nada sobre semejante información".

*En una versión anterior de esta publicación se recogía que "Sprinter e InterApp, diseñados por el Grupo Rayzone, eran el mismo sistema de alta tecnología, después conocido mundialmente como Pegasus". Sin embargo, esos dos sistemas pertenecen al Grupo Rayzone y no se convirtieron en Pegasus, que fue desarrollado por NSO Group.