La Fiscalía Anticorrupción valorará si acusa o no al expresidente de Valencia Francisco Camps cuando concluya la vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional por la financiación irregular del PP en dicha comunidad durante las campañas electorales de 2007 y 2008 a través de la trama Gürtel y empresarios privados.

La Fiscalía General del Estado ha informado que hasta que no terminen de declarar “la totalidad de la práctica de la prueba propuesta por las partes” no valorará si abre una investigación contra Camps.

El exsecretario general del PP de Valencia Ricardo Costa reveló este miércoles en el juicio que esta formación política se financió con dinero negro por orden de Camps. Fue el expresidente quien ordenó también que gastos de las campañas de 2007 y 2007 fueran pagados por empresarios a través de facturas giradas por la empresa de Gürtel Orange Market o con dinero negro.

La Fiscalía esperará, por tanto, a que declaren todos los testigos, que están obligados a decir la verdad. Entre ellos está citado el propio Francisco Camps, a comienzos de marzo. Ahora bien, cabe que no declare al ser un testigo propuesto por una defensa.

Los fiscales de esta pieza del caso Gürtel, Myriam Segura y Carlos Alba, expondrán su decisión sobre Camps cuando en abril se termine la vista y presenten el escrito de conclusiones del ministerio público, justo antes de que el caso quede visto para sentencia.

La Fiscalía gana así tiempo para tomar una decisión peliaguda: si existen delitos que no han prescrito tras las revelaciones de Costa y, en caso afirmativo, si pide que se investigue en Valencia ─dentro del caso Taula─, o en la Audiencia Nacional, dentro de la pieza separada del caso Gürtel que se abrió precisamente a raíz de las declaraciones del líder de la trama, Francisco Correa, en el juicio sobre la primera época de Gürtel.

Las acusaciones populares afilan argumentos porque no quieren que este escándalo se envíe a Valencia, dentro de la técnica de atomización que se ha seguido en el caso Gürtel desde que en el año 2009 se descubrió esta trama de corrupción crecida alrededor del Partido Popular.

Costa tuvo especial cuidado en centrar la financiación con dinero negro en los empresarios. Esto es, intentó en todo momento evitar vincular esta financiación con el dinero público. Aunque reconoció que eran adjudicatarios de contratos públicos.

La razón es que los delitos que se juzgan en esta pieza son delitos electorales, que prescriben a los cinco años. Y si Camps hubiera incurrido en delito electoral, no podría ser juzgado porque habría caducado en 2013. Ahora bien, si existiera un delito de malversación de caudales públicos, la prescripción está fijada en 10 años. Esto es, la financiación ilegal de la campaña de 2008 no habría prescrito.