madrid
Fue el 16 de septiembre de 2019. Fallecía Ascensión Mendieta. La mujer que con su lucha por recuperar los restos de su padre Timoteo, fusilado tras la Guerra Civil, se había convertido en un símbolo de dignidad y de lucha de las víctimas del franquismo decía adiós. Se despedía, eso sí, con los deberes hechos. Gracias a la Justicia de Argentina, a la ARMH y a la financiación de un sindicato de electricistas noruegos, los restos de Timoteo habían sido exhumados de la fosa del cementerio de Guadalajara, donde permanecían desde su fusilamiento en 1939.
Pero Ascensión no sólo había conseguido abrir una fosa. También había abierto mentes. Unos simples segundos escuchando a Mendieta y su mirada resumían más que cualquier otra cosa la lucha de las víctimas del franquismo por la verdad, la justicia y la reparación. Así, Mendieta se fue con su parte de la tarea cumplida, aunque, para el resto, quedaron varias asignaturas pendientes. Especialmente dos. Por un lado, la sentencia que mandó fusilar a Timoteo no ha sido anulada por ninguna ley o tribunal. Por otro, la Ley de Memoria sigue sin responsabilizar al Estado de las exhumaciones de los miles de republicanos que siguen en cuentas.
Ahora, el acuerdo de gobierno PSOE y Podemos recoge estas dos medidas, pero, de momento, no son más que pretensiones. No obstante, Mendieta no fue la única que se marchó este 2019. También fallecieron Conxita Grangé y Neus Català, dos catalanas que sobrevivieron a los campos nazis; Camilo de Dios, el último guerrillero gallego, y el brigadista internacional Virgilio Fernández.
Las dos primeras no aguantaron lo suficiente para ver a Franco salir del Valle de los Caídos. Por fin. Lo hacía un histórico 24 de octubre. Un acontecimiento que confirmaba que el país avanza lentamente hacia la recuperación de la memoria o, al menos, a hacia ese punto neutro en el que Francisco Franco no disfruta de un homenaje permanente.
Sin embargo, su salida de la basílica también dejó visibles varias cicatrices. Por ejemplo, en el Valle de los Caídos siguen enterrados miles de personas que fueron allí trasladadas sin conocimiento ni permiso de sus familias. Como el caso de Mercedes Abril o de la familia Lapeña.
Por otro lado, que el ataúd del dictador saliera envuelto en la bandera de la Cruz de San Fernando, la máxima distinción militar española, apuntaba que la tarea pendiente del Estado no ha hecho más que empezar. Por ejemplo, Franco, Queipo de Llano, José Sanjurjo y Emilio Mola, los cuatro principales artífices del golpe de Estado militar de 1936, mantienen a día de hoy la Gran Cruz Laureada. Así lo reconoció el propio Gobierno del PSOE en una respuesta parlamentaria en 2018. En 2019 no se hizo nada para cambiar esa realidad. Como tampoco se han retirado las condecoraciones que permiten al expolicía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, disfrutar de complementos a su pensión. Otro asignatura pendiente que el futuro nuevo Gobierno se ha comprometido a estudiar.
El año 2019 también iba a ser el año en el que el exministro de la Transición Rodolfo Martín Villa viajara a Argentina para declarar ante la juez María Servini por los graves crímenes por los que está siendo investigado en la única causa judicial abierta en el mundo que investiga los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura. Pero no lo fue. Martín Villa finalmente declarará, salvo nuevo aplazo, en 2020, pero lo hará en la Embajada de Argentina en Madrid.
La Justicia para las víctimas del franquismo continúa siendo la asignatura pendiente del Estado español y con el agravante de que no entra ni en las quinielas de posibles mejoras de la Ley de Memoria. Tampoco en el nuevo acuerdo de PSOE y Podemos. Todas las querellas contra Billy el Niño que han sido presentadas en España han sido archivadas hasta el momento y la propuesta para reformar la Ley de Memoria que presentó el PSOE incluye importantes mejoras en varios campos, como responsabilizar al Estado de la exhumación de los miles de republicanos que siguen en cunetas o declarar nulas las condenas, pero no incluye que torturadores como Billy el Niño tengan que responder ante los tribunales por sus golpes.
Y es que 2020 puede ser un año donde las exhumaciones de republicanos reciban un nuevo e importante impulso. Así lo recoge el acuerdo PSOE y Podemos y la propia Junta de Andalucía ha aprobado un proyecto para exhumar la fosa común de Pico Reja de Sevilla, donde están los restos de, al menos, 1.103 personas represaliadas por los franquistas desde el comienzo del alzamiento militar hasta el 31 de agosto de 1936. El Gobierno central, antes de las elecciones de noviembre, también anunció que ponía en marcha el proyecto para realizar tres exhumaciones, que deben ser las primeras de una larga lista.
Pero no todo en 2019 han sido buenas noticias.
2019 también pasará a la historia como el año en el que la extrema derecha consiguió irrumpir con fuerza en el Congreso de los Diputados por primera vez desde la restauración democrática. Donde se volvió a insultar a Las Trece Rosas, se dio voz a defensores del franquismo en los medios como pocas veces antes en democracia y también como el año en el que el Partido Popular de Madrid decidió borrar de un monumento los nombres de los casi 3.000 fusilados republicanos en la posguerra madrileña.
La amenaza de la desmemoria sigue viva, pero el camino de la memoria sigue avanzando.
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