Andalucía era una de las comunidades referentes de la ayuda al desarrollo de los países pobres, la primera que dedicó un capítulo del Estatuto de Autonomía a la cooperación considerándola como uno de sus principios básicos, pero los recortes presupuestarios que ha hecho la Junta en los últimos años la han dejado bastante mermada. Las organizaciones de ayuda al desarrollo estiman que el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, apoyado por Vox, ha reducido hasta un 60% el presupuesto en la legislatura que esas formaciones políticas denominaron como la del "cambio", tras 37 años de gestión socialista.

"La solidaridad entre los pueblos forma parte del ADN de las andaluzas y los andaluces. Andalucía como territorio, como pueblo, desde sus colectivos sociales a las instituciones públicas, ha sabido recoger durante décadas este espíritu solidario consolidado como tradicional tierra de acogida y materializarlo en acciones y políticas de cooperación internacional". Así comienza el documento del Pacto Andaluz por la Cooperación y la Solidaridad que firmaron el pasado día 1 la Coordinadora Andaluza de ONGD, el Comité Español de la Agencia para los Refugiados ACNUR, Unicef, la agencia para los refugiados palestinos UNRWA y los sindicatos CCOO y UGT, con el que quieren mostrar "la grave preocupación del sector ante el retroceso sufrido por esta política pública a nivel andaluz".

Ese ADN fue incorporado al mismo Estatuto de Autonomía en la reforma de 2007, en cuyo artículo 245 se dispone que "el pueblo andaluz participa de la solidaridad internacional con los países menos desarrollados, promoviendo un orden internacional basado en una más justa redistribución de la riqueza". Y en el mismo punto se añade a continuación que la comunidad andaluza llevará a cabo actividades para erradicar la pobreza y defender los derechos humanos y los valores democráticos, "particularmente en Iberoamérica, el Magreb y el conjunto de África".

El primer palo en la rueda la puso el acuerdo de investidura que firmaron PP y Vox en enero de 2019 para que Juan Manuel Moreno Bonilla fuera el nuevo presidente de la Junta. En el último punto de ese acuerdo se establece que "en el marco de las ayudas a la cooperación internacional al desarrollo, se den pasos decididos hacia una gestión nacional de estos recursos", o sea, hacia la devolución de estas competencias al Estado. Ese fue el preámbulo. Luego vino la pandemia y la crisis económica originada por el confinamiento. Y entonces, los mismos partidos, también el de Ciudadanos en este caso, sellaron otro acuerdo, el de los presupuestos de 2021, en el que la cooperación apareció de nuevo señalada de una forma negativa.

En el punto 18 de ese acuerdo presupuestario se decide "ralentizar" parcialmente "determinadas políticas de cooperación internacional al desarrollo" hasta que se recupere la estabilidad económica. Y, en función de ello, se ordena reducir en tres millones de euros el presupuesto de la Agencia Andaluza de Cooperación y destinar esa cantidad al Banco de Alimentos, "para la solución de los graves problemas de pobreza alimentaria" que había en esos momentos en Andalucía.

De esa forma, Vox consiguió imponer uno de sus lemas de cabecera: "nosotros, los españoles, primero", según el cual las ayudas económicas que conceden las administraciones públicas deben destinarse, en primer lugar, a las personas nacidas en España. Sin ir más lejos, en la votación de los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla de ese mismo año, la formación de ultraderecha rechazó el proyecto presentado por el equipo de gobierno socialista porque incluía gastos, a su entender, completamente prescindibles, entre ellos los destinados a la cooperación al desarrollo. Y pidió que la prioridad fuesen los "centenares de sevillanos que se habían quedado sin empleo" por la crisis de la pandemia.

Un plan que preveía crecer como el presupuesto andaluz

Los recortes presupuestarios acabaron así convirtiéndose en una enmienda al III Plan Andaluz de Cooperación aprobado por la Junta en 2020 y con vigencia hasta 2023, elaborado en el seno de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, un departamento gestionado por Ciudadanos. En su marco presupuestario, el nuevo Plan reflejaba una inversión de 167,9 millones de euros con el anterior, entre 2015 y 2018, y abogaba por "redoblar los esfuerzos" para una "recuperación paulatina" de las dotaciones presupuestarias para esta política pública. "El objetivo –se añadía- es que el presupuesto aumente al menos proporcionalmente a lo que lo haga el presupuesto de la Junta".

Ese era el objetivo. Luego vinieron la pandemia y nuevos tajos. La Coordinadora Andaluza de organizaciones de ayuda al desarrollo (CAONGD) estima que en 2018 la ayuda a la cooperación suponía el 0,14% del presupuesto total de la Junta, que luego bajó al 0,07 en 2020, se situó en el 0,09% en 2021 y en los de 2022, que finalmente no se aprobaron por el rechazo de Vox, se preveía una nueva reducción de las partidas de cooperación hasta dejarlas en el 0,06, o sea, cada vez más lejos de la meta del 0,7% fijada en la Agenda 2030 de Naciones Unidas para un desarrollo sostenible.

Este año se han prorrogado los presupuestos de 2021, pero, aun así, los recortes no han cesado, según la CAONGD, una organización que representa a más de 70 entidades de ayuda al desarrollo con cerca de 350.000 afiliados, una masa social con un tamaño que apenas tiene parangón en otros ámbitos, lo que dice mucho también del alcance del compromiso solidario de la población andaluza. Las convocatorias de 2022 de la Junta para subvencionar proyectos que llevan a cabo las ONGD y las universidades han sufrido un tajo del 27% y han bajado de 22,2 millones de euros a algo más de 16.

Y estos recortes tienen consecuencias personales, personas de otros países que dejan de beneficiarse de unos programas que llevaban el agua a sus pueblos remotos o les enseñaban a cultivar sus huertos baldíos, les proporcionaban la educación más elemental o para avanzar en el respeto a la igualdad, a los derechos humanos en lugares donde el hambre, el analfabetismo y la guerra campan a sus anchas. La CAONGD calcula que con el recorte de 2020, el más pronunciado de la legislatura, se redujo en dos tercios el número de personas beneficiadas con los proyectos subvencionados con fondos de la Junta: de 17,5 millones a las que llegaban en 2017 se pasó a sólo 5,5 millones en ese ese año. Y también los trabajadores de esas organizaciones sufrieron esa drástica reducción presupuestaria: cerca de 700 personas perdieron el empleo, el 36% de los que había antes de llegar PP y Ciudadanos al Gobierno andaluz.

"Andalucía cuenta con un gobierno más preocupado por bonificar a las élites, con reducción de impuestos o medidas como las deducciones a la educación privada que por atender a las poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad", dijo entonces la Coordinadora Andaluza como respuesta a aquellos recortes.

La comunidad que más invertía en cooperación

José Luis Ayerbe es ahora el presidente en funciones de la CAONGD. Y desde su posición ha podido ver cómo ha ido cambiando el panorama en los últimos años, de ser Andalucía la comunidad que más dinero destinaba a la ayuda al desarrollo, incluso en los años de la grave crisis económica que se inició en 2008 y en los que no bajó su presupuesto, a ir reduciendo cada año su cuantía hasta el extremo de haber previsto un descenso con el mayor presupuesto de la historia de la autonomía, el de 2022. "El compromiso del III Plan para que los fondos de cooperación crecieran en el mismo porcentaje que los presupuestos se ha incumplido flagrantemente todos los años", asegura Ayerbe.

Los recortes no llegan, además, en el mejor momento para la población de los países que necesitan los proyectos de cooperación. La pandemia, la nueva crisis económica, la guerra de Ucrania están causando un empeoramiento progresivo con encarecimiento de los alimentos, hambrunas en varias partes de África y extensión de las enfermedades tropicales. "La situación –advierte el responsable de COAONGD- se está deteriorando notablemente. Y eso repercute en el aumento de los conflictos, en la calidad de vida de las poblaciones". CIC Batá es una organización con sede en Córdoba, que trabaja tanto el área de la educación para el desarrollo aquí, en Andalucía, como en la cooperación internacional en otros países, principalmente Nicaragua, Bolivia, Guatemala y Mozambique. Y en los dos ámbitos han notado los recortes de los presupuestos de la Junta.

"Antes podíamos hacer dos, tres proyectos por país; ahora sólo podemos hacer uno. Hay menos probabilidades de que te los aprueben porque hay menos dinero a repartir. Así que cada vez tenemos menos oportunidades, cuando precisamente hay más necesidades por la pandemia y por la situación mundial que estamos viviendo. Y tienes que dejar a la gente tirada", se lamenta la portavoz de CIC Batá, Claudia Usuga.

Allá, en Mozambique, hay entre 40 y 45 familias que dependen en buena medida de los proyectos financiados con fondos de la Junta de Andalucía, con los que se promueve su autonomía alimentaria; y en Bolivia, son cerca de 3.000 las personas de una comunidad del norte de Potosí las que han conseguido salir adelante con programas de mejora de los procesos productivos en sus tierras. "¿Qué hacemos ahora con esos procesos que hemos iniciado, qué hacemos con las personas que confían cada año en esa ayuda?", se pregunta la responsable de esta ONGD cordobesa.

Y no sólo allí, también aquí, en Andalucía, la reducción de las ayudas afecta a los programas que CIC Batá lleva a cabo en los centros educativos para sensibilizar a alumnado y profesorado sobre la importancia que tienen los proyectos de ayuda al desarrollo. Una labor que, a juicio de Claudia Usuga, resulta fundamental, sobre todo para evitar que se imponga la idea del "primero, nosotros", de que eso de la cooperación "es tirar el dinero, que no es necesaria".

"Es como un juego muy sucio poner en el mismo plano a estos proyectos con eso de que hace falta dinero para el Banco de Alimentos, como se hizo con los presupuestos de la Junta. Por eso la educación, la sensibilización, es muy importante, para que la gente entienda para qué sirven estos proyectos, que de ellos depende la vida de muchas personas", advierte Usuga.

"La cooperación no compite con la solidaridad en Andalucía"

Las organizaciones firmantes del Pacto Andaluz por la Cooperación también han llamado la atención sobre este tipo de comparaciones entre los de dentro y los de fuera: "La práctica de la cooperación internacional no compite con la práctica de la solidaridad en Andalucía, e incluso complementa la reivindicación de solidaridad hacia nuestra comunidad autónoma en un contexto europeo en el que sigue siendo un territorio con importantes índices de exclusión", recalcan en el documento organizaciones como Unicef, Acnur o los dos sindicatos mayoritarios.

El presidente en funciones de la Coordinadora Andaluza de ONGD elude valorar si la mano de Vox está detrás de los recortes presupuestarios que ha sufrido la ayuda al desarrollo en la Junta. Pero sí tiene claro que el Gobierno andaluz "ha demostrado una sensibilización cada vez menor con la cooperación" en los últimos años. "La solidaridad global –añade- hay que tenerla en cuenta con independencia de los partidismos de cada uno. La solidaridad no es una cosa de izquierdas ni de derechas. Todos los gobiernos europeos tienen políticas de cooperación y en Europa hay gobiernos de derechas y de izquierdas".

A juicio de Ayerbe, el retroceso de las políticas de cooperación afecta también a la propia imagen de Andalucía en el resto de España y en el exterior, la imagen de una comunidad que, durante muchos años, fue la de la solidaridad con los pueblos más necesitados y vulnerables.

En un acto reciente, la consejera para la Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, que encabeza la candidatura de Ciudadanos por la provincia de Cádiz en las elecciones del próximo día 19, dijo: "si hay algo de lo que creo que podemos estar orgullosas y orgullosos es del espíritu cooperante que históricamente ha distinguido a Andalucía".

Mientras Andalucía ha reducido las partidas de cooperación, el Gobierno central ha aumentado un 13,95% la inversión en la ayuda oficial al desarrollo en el proyecto de presupuestos para 2022 de la Administración General del Estado, casi 386 millones de euros más que el año pasado. La Coordinadora Estatal de ONGD valoró positivamente ese incremento, aunque considera que sigue siendo insuficiente para acercarse al compromiso de la legislatura, que está situado en el 0,5% de la renta nacional bruta.