El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha archivado la causa penal contra Ana Botella y su equipo por la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado en 2013, en plena crisis económica, según ha avanzado El Mundo.

El juez considera que "no existen elementos suficientes" que permitan la continuidad del procedimiento. Así consta en el auto dictado, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el instructor acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la presente causa al no quedar "debidamente justificada la perpetración del delito".

El pasado diciembre, el Tribunal de Cuentas, en un proceso totalmente distinto al de la sentencia conocida hoy, condenó a la exalcaldesa de Madrid y a siete miembros de su gobierno a pagar casi 23 millones de euros por esta venta.

Concretamente, vendieron 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, más otros 89 elementos no vinculados a los fondos buitre por 128,5 millones, cuando podría haber ingresado más de 151 millones, según el Tribunal de Cuentas. Botella y los otros condenados anunciaron que recurrirían, pero, mientras tanto, quienes aún ostentan cargo público o forman parte del núcleo del PP seguirán en él. Mientras, la sala que debe resolver el recurso contra el fallo del Tribunal de Cuentas se encuentra con mayoría de consejeros propuestos por el PP (dos de tres).

La aprobación de la venta al fondo Blackstone-Magic Real Estate tuvo lugar el 20 de junio de 2013 en Junta de Gobierno. No fue la oferta más alta dado que, de las cuatro ofertas recibidas, Harbor Group llegó a los 130 millones de euros.

Así, en apenas 15 días de negociación directa, y con una rebaja de dos millones sobre el precio que la empresa presentó al realizar la oferta, el fondo adquirió a través de la empresa Fidere los inmuebles. Todo ello inferior a su valor contable (159,4 millones) e inferior también al valor total de las viviendas con sus correspondientes plazas de garaje y locales.

Una de las promocios de vivienda pública que el Ayuntamiento de Madrid vendió al fondo buitre Fidere.- J.V

Múltiples vulneraciones

Tal y como recordaba en este mismo diario Ana Encinas, del Observatorio Metropolitano, hace tres años, la venta de ese patrimonio vulneró prácticamente todo lo que se podía vulnerar: las leyes de contratación del sector público, del régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, las instrucciones internas de contratación y el reglamento de adjudicación de viviendas de Madrid.

El expediente, además, no tenía ni rastro de la documentación básica: ni condiciones de venta, ni estudio, ni memoria, ni informes de viabilidad técnica ni jurídica; tampoco se publicaron el valor de las propiedades a enajenar. Se incumplieron todas las instrucciones internas de contratación y no se fijó con antelación el valor de la venta.

Ni siquiera el Consejo de Administración de la EMVS aprobó la convocatoria de venta, ya que quien actuó como órgano de contratación fue el propio consejero delegado, Fermín Oslé, y la propuesta de adjudicación definitiva la hizo el director de gestión, Pablo Olangua. La competencia, sin embargo, correspondía a la Comisión Permanente de Adjudicación.

También se vulneraron los principios de igualdad, transparencia, no discriminación o concurrencia: la operación se diseñó para vender los inmuebles por lotes, algo que supuso una barrera de acceso para la libre concurrencia. Además, la maniobra fue rápida porque las empresas ya tenían conocimiento de ella.

El Tribunal de Cuentas declaró responsables contables directos de la venta a la exalcaldesa Ana Botella y a todos los concejales del equipo de gobierno en aquel entonces que además formaban parte de la Junta de la EMVS: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral. Junto a ellos, fue condenado el que fuera máximo responsable de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo: Fermín Oslé.

PSOE y afectados recurrirán el archivo

El abogado del PSOE ha adelantado que recurrirá el archivo de la denuncia que interpuso al estar disconforme con la resolución. De igual modo, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS impugnará el sobreseimiento, según ha adelantado a Europa Press, su presidenta, Arantxa Mejías.

En el procedimiento penal se investigaban delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, infracciones penales que no han quedado acreditadas en la instrucción. Según Telemadrid, el juez concluye que, "para solventar una angustiosa situación económica", el que tenía competencias para ello acordó "llevar a cabo un plan que contemplaba, entre otras cosas, medidas como la venta de inmuebles".

"Y para ello se llevó un proceso que con todas sus irregularidades formales, menores, respetó esencialmente los principios de publicidad, libre acceso y competencia adjudicando finalmente lo ofertado al grupo o empresas cuyas condiciones se consideraron, razonadamente, más ventajosas", determina. Fuentes municipales han señalado a Europa Press que el Ayuntamiento de Madrid está "estudiando" la decisión judicial y, "en función de eso, se tomarán las medidas adecuadas".