Amnistía Internacional ha solicitado al Gobierno que modifique la ley mordaza y el Código Penal, tras la publicación de su último informe, donde detalla una serie de medidas que "llevan siete años restringiendo y debilitando el derecho a la protesta".

El organismo detalla en su informe "las diferentes mordazas y obstáculos que el derecho a la protesta pacífica enfrenta en España", tras siete años desde la entrada en vigor de la norma. La petición al Gobierno corresponde a la reapertura del debate sobre esta ley en el Congreso.

"Esta nueva investigación muestra la necesidad de cambiar el rumbo legislativo, policial y judicial para facilitar y garantizar, de acuerdo a los estándares internacionales, el derecho humano a la protesta en España", ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado durante los últimos siete años el "retroceso del derecho a la protesta" que ha vivido España desde la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Sobre todo en cuestiones como la "arbitrariedad" con la que se aplica, en el uso abusivo de armas que disparan pelotas de goma o balas de "foam", el papel de la Justicia a favor de las fuerzas de seguridad y la ausencia de mecanismos que permitan con efectividad la rendición de cuentas por parte de éstas.

"Esta combinación de leyes y prácticas que no cumplen con los estándares internacionales de libertad de reunión pacífica o de expresión ha dado lugar a sanciones arbitrarias, a la criminalización de manifestantes pacíficos y periodistas que estaban ejerciendo su trabajo, y de movimientos sociales, como la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca o Extinction Rebellion, así como a un uso no proporcional de la fuerza contra manifestantes pacíficos y un preocupante efecto desmovilizador de la protesta pacífica", explica Beltrán.

Siete "mordazas" consolidadas

La organización ha detectado a la propia ley como epicentro de las dificultades para la libertad de manifestación en España. En concreto, en cuatro artículos que "debilitan" el derecho a la propuesta pacífica. "Son el 36.6 (resistencia, desobediencia y negativa a identificarse), 37.1 (manifestaciones espontáneas), 37.4 (faltas de respeto) y 36.23 (uso de imágenes de las fuerzas de seguridad)", ha señalado el informe.

Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación por las 250.300 sanciones sobre estos mismos artículos, que suponen el 78% del total de sanciones en materia de seguridad ciudadana, y, en concreto, con las sanciones relacionadas con las faltas de respeto a la autoridad.

"Conceptos como: 'falta de respeto a la autoridad', 'restablecimiento de seguridad ciudadana', 'alteración de seguridad ciudadana' o 'resistencia a la autoridad' son aplicados por las fuerzas de seguridad con un elevado margen de discrecionalidad que requeriría contar con adecuados mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas, pero no existen", confirma Beltrán.

El informe también apunta sobre la reforma del Código Penal, llevada a cabo en 2015, y que afectó, entre otros, a los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Sus penas se vieron aumentadas y la organización alertó que conllevaría la "sanción penal de la resistencia pacífica a la autoridad, como puede ser una sentada, o también la ocupación de despachos, oficinas, establecimientos o locales, aunque estén abiertos al público, si se perturba el funcionamiento normal de la actividad". También se agravaron aquellos delitos que tuviesen lugar en reuniones o manifestaciones.

Para la organización, "la mera asistencia a una reunión o manifestación no debería suponer un agravamiento de la pena, ya que se trata del ejercicio de derechos humanos". El informe también denuncia la arbitrariedad policial a la hora de sancionar a manifestantes o periodistas en este tipo de actos. Además de señalar que se toma en cuenta con mayor veracidad el relato de las fuerzas de seguridad, lo que "contraviene la obligación de garantizar la investigación imparcial de los delitos".

La organización también ha mostrado su preocupación por la cantidad de contradenuncias frente a manifestantes o periodistas que denuncian actuaciones abusivas. Amnistía señala tras conversaciones con miembros de diversas fuerzas policiales que estos "admitieron la existencia del hábito automático de presentar tales cargos como táctica de defensa propia para protegerse contra las acusaciones de agresión o detención ilegal". Todas estas situaciones merman el derecho a la libertad de información, señala el informe. A través de amenazas o retirada de material, denuncian.

Por otro lado, la actuación policial genera gran preocupación por la salud de los asistentes a las manifestaciones con el uso de balas de goma o "foam", que han causado graves lesiones e incluso la pérdida de ojos, en su uso para disipar multitudes.

Amnistía Internacional denuncia un manto de impunidad hacia las fuerzas de seguridad, mientras que los derechos de protesta se ven mermados. Por ello, solicita garantías en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y la rendición de cuentas por actuaciones policiales.