La proposición de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en 2015 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ha sido rechazada en la Comisión de Interior y no podrá ser elevada al Pleno del Congreso, tras el voto negativo de ERC y EH Bildu, que critican que no se eliminen las devoluciones en caliente y el uso de pelotas de goma. 

Amnistía Internacional, No Somos Delito, Greenpeace, IRIDIA, Defender a quien Defiende, Ris, Novact y Legal Sol lamentan la no tramitación parlamentaria de la reforma y advierten de que mantener esta norma supone un impacto negativo en el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y en los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

En un comunicado conjunto, las organizaciones han expresado que la modificación de la ley es necesaria y algo "reclamado desde hace años por diversos organismos internacionales y regionales de derechos humanos, como la Comisaria de Derechos Humanos y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, por su potencial represivo".

Las entidades sociales creen que los grupos parlamentarios comprometidos con la reforma deberían haber continuado con la negociación hasta alcanzar un acuerdo. "Había un trabajo de negociaciones y acuerdos que suponía un avance reconocible en derechos y también había propuestas planteadas para continuar negociando y corregir esos aspectos clave", han recordado.

Asimismo, estos colectivos avisan de que continuarán trabajando para acabar con esta ley y tener una legislación que cumpla con los estándares internacionales de los derechos humanos. "La ley mordaza tarde o temprano será historia", han asegurado.