La muerte de 7.291 ancianos en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de covid, después de que un protocolo dictado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso impidiera trasladarlos a un hospital para que fueran atendidos, tiene al PP y a la propia presidenta madrileña bastante inquietos. Este lunes, sin ser preguntada por nadie y a iniciativa propia, Ayuso volvió a referirse al asunto, cargando una vez más todas las tintas contra la izquierda en su intento de justificar una decisión muy controvertida.

Visiblemente enfadada, Ayuso insistió durante un desayuno informativo en la idea que ya expresó la semana pasada en la sesión de control a su Gobierno en la Asamblea de Madrid, que el traslado de los enfermos de las residencias de mayores a los hospitales "no garantizaba la supervivencia" de los enfermos.

Fiel a su estilo, Ayuso acusó a "la izquierda y el Gobierno de Sánchez" de no querer reconocer "el esfuerzo que se hizo en Madrid" durante la pandemia. "Están a un paso de acusarnos de genocidio, y no lo voy a tolerar", dijo con firmeza la presidenta madrileña.

Casi al mismo tiempo que Ayuso pronunciaba estas palabras, Carmen Miquel, investigadora de Amnistía Internacional y coautora del informe Abandonados a su suerte, en el que la organización de derechos humanos denunció hace tres años lo ocurrido en las residencias públicas de mayores de Madrid en aquellas fatídicas semanas de marzo y abril de 2020, comparecía en la Comisión de Familias y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid invitada por Más Madrid.

Tras denunciar "la situación de desamparo" de los ancianos en las residencias públicas de Madrid durante la primera ola de la pandemia, Carmen Miquel explicó durante su comparecencia que la Comunidad de Madrid vulneró cinco derechos humanos básicos al aprobar los llamados "protocolos de la vergüenza": el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna. Miquel fue cristalina al afirmar que las personas mayores en las residencias públicas de Madrid "quedaron abandonadas a su suerte".

Otro potente mensaje que la investigadora de Amnistía Internacional trasladó es que esta situación con los ancianos se produjo en un sistema público de salud que ya estaba muy estresado después de una década de recortes en la sanidad pública. Miquel explicó que en las circunstancias excepcionales que se estaban viviendo en aquel momento "no se tomaron las medidas adecuadas" ni tampoco se reforzó el sistema sanitario.

Antes de terminar su comparecencia, la representante de Amnistía Internacional pidió un cambio en el modelo residencial en toda España que garantice los derechos de los residentes e incluya la transparencia en la inspección

"Este asunto no puede cerrarse en falso"

Miquel compareció en la Comisión de Familias y Asuntos Sociales a propuesta de Más Madrid. Emilia Sánchez Pantoja, diputada por este partido y vicepresidenta de la Comisión de Familias y Asuntos Sociales, asegura a Público que su formación no va a olvidarse de este asunto "hasta que no se esclarezca del todo".

"Somos muy críticos con que no se derivara a los pacientes de covid de las residencias de ancianos a los hospitales. Estamos de acuerdo con Amnistía Internacional cuando afirma que el problema fundamental es que esa decisión se tomó de forma automática, sin que el cribado fuera supervisado por médicos caso por caso. La única comunidad autónoma que hizo un protocolo por escrito en el que se prohibían los traslados fue la Comunidad de Madrid", explica la diputada Emilia Sánchez.

La diputada de Más Madrid explica que las residencias de mayores no se llegaron a medicalizar y eso impidió que la mayoría de los pacientes tuvieran acceso a asistencia sanitaria. "Además", añade Sánchez, "al no haber personal sanitario experto, los cuidados paliativos en las residencia fueron muy deficientes".

Emilia Sánchez se muestra muy crítica con Ayuso y niega los argumentos a los que se agarra la presidenta madrileña para esquivar la polémica. "Las palabras de Isabel Díaz Ayuso la semana pasada son muy dolorosas, sobre todo para los familiares. No es cierto que los ancianos se hubieran muerto igual, como vino a decir ella. No es cierto, porque el paciente que tenía un seguro privado sí fue trasladado a un hospital, y el 60% de los trasladados a un hospital se salvó. Lo que dice Ayuso es mentira".

"Por eso nosotros pedimos que Ayuso reciba a las familias, que hable con ellas, que se reabra la comisión de investigación que PP y Vox tumbaron en la Comunidad de Madrid y que este tema se aclare cuanto antes. Este asunto no puede cerrarse en falso", afirma con rotundidad Emilia Sánchez.

Para Ayuso, la muerte de miles de ancianos en las residencias públicas es una polémica artificial con la que la izquierda sólo pretende desgastarla. "La izquierda ha abierto un debate sobre los fallecidos en las residencias de mayores durante la pandemia, sólo en Madrid, por el hecho de haber perdido 19 veces ante los tribunales. La izquierda judicializa la política y, cuando pierde ante el juez, se echa al monte", enfatizó Ayuso el lunes.

Emilia Sánchez responde con el mismo énfasis a la presidenta y hace, de paso, toda una declaración de intenciones: "Mientras no tengamos respuestas, nosotros vamos insistir. En el PP están nerviosos con este asunto y no es para menos porque es muy grave".